El jefe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana reconoció que “nunca fue consultado” sobre la privatización de la VIU

El exrector de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), José Manuel Badenas, tenía tantas dudas y prevenciones sobre el proceso de privatización pilotado por la entonces consellera de Educación, María José Catalá (actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia), que se remitió directamente al máximo responsable de la Abogacía de la Generalitat Valenciana.

El patronato de la Fundación VIU eligió el procedimiento del diálogo competitivo para seleccionar al socio privado que se acabaría haciendo con el 70% de las participaciones de la nueva sociedad limitada creada para privatizar la universidad online. Sin embargo, pese a los requerimientos del entonces rector, Badenas no obtenía ningún tipo de información sobre el proceso por las estrictas cláusulas de confidencialidad.

El exrector, actualmente catedrático de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, se dirigió por correo electrónico al entonces director general de la Abogacía de la Generalitat Valenciana, Emilio Torrejón, expresando la necesidad de que “urgentemente los servicios jurídicos” autonómicos “examinen pormenorizadamente” el procedimiento de diálogo competitivo, de carácter confidencial, encargado a una consultora privada.

En el e-mail, del 17 de junio del 2013, el entonces rector solicitaba que la Abogacía “cumpla la función que le corresponde” al haber detectado “posibles irregularidades que podrían causar perjuicio” a los intereses públicos, tanto de la fundación de la que dependía la VIU como del Gobierno valenciano, en aquel entonces presidido por el 'popular' Alberto Fabra.

La respuesta de Emilio Torrejón llegó por correo electrónico una semana después, el 25 de junio del 2013. El director general de la Abogacía, según el e-mail al que tuvo acceso elDiario.es, reconoció que el procedimiento ya fue iniciado por la fundación, lo que conlleva que “no pueda pronunciarse sobre cuestiones previas al mismo”. Cuestiones, agrega, sobre las que el órgano jurídico “nunca fue consultado”. Torrejón también recuerda al rector que la fundación podía “pedir asesoramiento jurídico externo”. 

La contestación del máximo responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat contrastaba con lo que se había expuesto en la reunión del patronato del 5 de febrero del 2013 en la que, según el acta, Catalá afirmó que para llevar a cabo el proceso se siguen las instrucciones de la Abogacía. Por su parte, el entonces director general de Universidades, José Miguel Saval, manifestó que “se ha considerado apropiado seguir el procedimiento de diálogo competitivo”.

Respuesta “contradictoria”

Ante las contradicciones y la atmósfera de opacidad debido a las cláusulas de confidencialidad, el rector optó por acudir a un notario y dejar constancia de las presuntas irregularidades. La contestación del director de la Abogacía, según destaca Badenas en el documento, “es contradictoria” con las manifestaciones de María José Catalá en las actas del patronato.

Para curarse en salud, Badenas relató todo el proceso en un acta ante el notario Alejandro Cervera el 25 de junio del 2013. “Todas mis actuaciones desde el comienzo del procedimiento (...) lo han sido en la creencia de que dicho procedimiento había sido informado favorablemente por la Abogacía de la Generalitat Valenciana”, concluye Juan Manuel Badenas.

El contrato de la operación, elevada a escritura pública ante el notario Carlos Pascual en València el 8 de enero de 2014, supuso una aportación valorada en 1,7 millones de euros públicos en la sociedad limitada que se creó para propiciar la entrada de Planeta como socio mayoritario, que pagó cuatro millones. Badenas, tras abandonar su puesto de rector en la VIU, volvió a su cátedra en la UJI.

Fuentes del PP de Valencia sostienen que la privatización contó “con informes favorables de la Abogacía”. Sin embargo, en el expediente el único informe de la Abogacía, con fecha de 2 de octubre de 2013, se refiere a la propuesta de acuerdo del Consell de Alberto Fabra para autorizar a la fundación que dotara de forma jurídica a la VIU.

El informe, solicitado por la entonces subsecretaria de la Conselleria de Educación, reiteraba la postura que había mantenido la Abogacía de que la fundación estaba en una “situación irregular” y que, por tanto, debía dársele una “personalidad jurídica propia y diferenciada”.

El entonces secretario autonómico del Sector Público Empresarial, Bruno Broseta, también informó favorablemente sobre la constitución de la sociedad mercantil, aunque matizaba que sólo tendría consideración de ente dependiente de la Comunitat Valenciana hasta la entrada del nuevo socio mayoritario “como resultado del proceso de diálogo competitivo”.

Informe de la Intervención de la Generalitat de 2015

Como ya informó este diario, fuentes del grupo municipal del PP en València consultadas sobre la operación de venta del 70% de la VIU esgrimieron un informe favorable de la Intervención de la Generalitat del año 2015, ya con el Gobierno del Botánico en el poder.

Según el mencionado documento, al que ha tenido acceso esta redacción, el informe “cubre los aspectos meramente contables y económicos, al constituir ésta nuestra área de actuación y, en ningún momento, se refiere a los aspectos o consecuencias legales de los mismos”. En este sentido, destaca también sobre la conveniencia de la operación que “dado que no hemos dispuesto de las Actas del Patronato anteriores a 2013, desconocemos la forma en que la decisión se fue fraguando en el seno de dicho órgano”.

Sobre los 5,7 millones de euros en los que se valoró la VIU para la venta del 70% a Planeta, afirma que “es adecuada, atendiendo a las conclusiones del experto contratado y de las vertidas por la Mesa, asesorada por PWC, en el documento descriptivo final”, aunque también recoge que es la presidenta, María José Catalá, quien formaliza el contrato con el experto independiente que hace la valoración: “Por su importe de 6.800 euros merece la calificación de contrato menor. Desconocemos si se presentaron varias ofertas entre las que elegir al asesor, pero no parece probable que así fuera, dado que transcurren sólo 3 días entre el acuerdo del Patronato y la contratación formal. En todo caso, en 2013 no era preceptiva la obtención de varias ofertas para contratos de este tipo”.