El juez que investiga las fincas en la Vall d'Alba del ex número dos de Carlos Fabra da por cerrada la instrucción y aboca el caso a un juicio con jurado

Francisco Martínez, exalcalde del PP en Vall d'Alba y antigua mano derecha de Carlos Fabra en la Diputación de Castellón, está cada vez más cerca de enfrentarse a un tribunal del jurado en el caso que investiga la adquisición de numerosas fincas en la localidad para luego recalificarlas y obtener así cuantiosos beneficios. Martínez está acusado, junto con su hija y con el promotor Raul Babiloni, de los presuntos delitos de uso de información privilegiada, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude administrativo en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló ha dictado un auto en el que afirma que la instrucción de la causa ya está “culminada” y rechaza practicar las diligencias que solicitaba la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por el PSPV-PSOE. El juez Jacobo Pin ha acordado la continuación del procedimiento por el tribunal de jurado a la espera de la resolución por parte de la Audiencia Provincial de Castellón de los recursos de apelación de las defensas contra el auto del pasado 14 de diciembre.

La Fiscalía solicitaba que declararan como testigos los vecinos que vendieron las fincas y un nuevo interrogatorio a los tres acusados. El magistrado, por contra, recuerda que ha dictado en dos ocasiones auto de incoación de procedimiento abreviado y que ya se han presentado los escritos de acusación. Así, las diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal y la acusación popular “no son imprescindibles para decidir la apertura del juicio oral”.

El auto destaca la existencia de “indicios racionales de criminalidad” por parte del exalcalde de Vall d'Alba, su hija y el socio promotor. El juez detalla las fincas adquiridas por el expolítico del PP y su socio en la localidad a través de varias mercantiles poco antes, en ocasiones apenas unos días, de la presentación de los programas urbanísticos del Plan Parcial Residencial Pla de Parc, del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Mas de Lluna y de la ampliación del casco urbano de Vall d'Alba.

Francisco Martínez conocía “de antemano”, dada su condición de primer edil, las actuaciones urbanísticas previstas en la localidad castellonense, y adquirió fincas estratégicamente situadas “con ánimo de obtener un beneficio económico para si mismo y personas de su entorno”. Al juez no le consta que se abstuviera en materia de actuación urbanística, “pese al interés directo que en estos casos tenía”.

“Para ello”, sostiene el auto, “fueron adquiriendo fincas relacionadas directamente con los programas urbanísticos, o de interés para su ejecución”, en algunos casos directamente y en otros a través de “sociedades instrumentales creadas a tal efecto”. La finalidad, según el instructor, era “obtener una importante revalorización y venderlas al promotor urbanístico, o reservarlas a nombre de las sociedades instrumentales para cuando los programas se ejecutaran”. 

El auto resume la mecánica de la presunta trama corrupta: una de las fincas incluida en el Plan de Actuación Integral (PAI) del Pla de l'Arc, adquirida por 3.942 euros, la revendieron por 131.696 euros a la empresa promotora. De esta manera obtuvieron un “beneficio ilícito” de 127.754 euros. Otra finca insertada en un plan urbanístico fue adquirida por el promotor Raul Babiloni por 73.000 euros, la revendió por 141.290 euros y obtuvo así un “beneficio ilícito” de 68.290 euros.

Las fincas colindantes de Carlos Fabra

El juez Jacobo Pin también instruye la causa que investiga el presunto intento de “enmascaramiento” del patrimonio familiar de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castelló. Durante la investigación secreta al otrora todopoderoso político del PP, los agentes de Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional hallaron fincas propiedad de Fabra y de su exesposa colindantes con las fincas de Francisco Martínez y situadas en los terrenos de los extintos programas de actuación integrada de los sectores Mas de Lluna y L'Arc del Plan General de la Vall d'Alba.

El magistrado sostiene que la adquisición de las fincas está relacionada con un cheque de 30.000 euros que pagó María Durá Tomás, la suegra del exalcalde de la Vall d'Alba, a una cuenta de Carlos Fabra en 2012 por un “presunto préstamo” con un plazo de devolución de tres meses que, según Francisco Martínez, le otorgó a su exjefe en la Diputación por las “relaciones personales existentes” y porque su amigo Fabra tenía “necesidad”.