El juez que libró al PP de Valencia del blanqueo en el 'caso Taula', designado ponente de la sentencia de Zaplana

El magistrado Pedro Castellano, autor de uno de los polémicos autos que libraron al equipo del PP de Valencia de Rita Barberá del juicio por blanqueo de capitales en el marco de la pieza separada A del 'caso Taula', ha sido designado ponente sustituto de la sentencia de Eduardo Zaplana en el 'caso Erial'. El juez conservador sustituye así a su compañero José Manuel Megía de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, recusado por uno de los abogados de las defensas, como ponente del fallo del próximo juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana, según ha informado el diario Levante-EMV.

En el banquillo de los acusados también se sienta otro expresidente del Ejecutivo autonómico, el popular José Luis Olivas. Zaplana, exministro de Trabajo del Gobierno de José María Aznar, se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía Anticorrupción de 19 años de prisión por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental. El acusado amasó un botín en paraísos fiscales de 15 millones de euros, según Anticorrupción.

La designación de Pedro Castellano, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, supone un buen punto de partida para los integrantes de la trama del 'caso Erial' a tenor de sus resoluciones anteriores en causas de corrupción que han afectado de lleno al PP. El magistrado fue el ponente del auto inicial que tumbó el procesamiento de los asesores y ediles del equipo de Rita Barberá por el 'pitufeo' de las elecciones municipales del 2015.

La controvertida resolución distinguía entre “dinero negro” y “dinero sucio” y avalaba que los ediles y asesores del PP de Valencia recibieran dos billetes de 500 euros en efectivo sin conocer su origen delictivo. La misma sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, presidida por Pedro Castellano, también dictó el auto que tumbó el procesamiento del PP en la pieza A del 'caso Taula' argumentando que se desconoce el origen de los fondos en B que movió el equipo de Rita Barberá para la campaña electoral.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto, que contaba con un contundente voto particular de la magistrada progresista Clara Bayarri. La jueza discrepante argumentaba que los ediles y asesores populares conocían el “probable origen delictivo” de los dos billetes de 500 euros que recibieron de los fondos en B del PP municipal tras hacer un ingreso por la misma cantidad al partido justo antes de la campaña que acabaría con los 24 años de hegemonía popular en el Ayuntamiento de Valencia (la histórica “hostia” electoral, según la definición de la fallecida alcaldesa).

La sección cuarta rechazó el recurso del fiscal y abocó al Ministerio Público a plantear un queja ante el Tribunal Supremo. El alto tribunal desestimó el recurso de Anticorrupción, dando el carpetazo definitivo a una causa en la que se sentaba casi medio centenar de personas, entre concejales y asesores, del equipo de Rita Barberá. 

Incidente de recusación

La designación de Pedro Castellano como ponente de la sentencia del 'caso Erial' se produce tras la recusación del ponente inicial, el magistrado José Manuel Megía por parte del penalista Vicente Grima. El letrado, que ejerce la defensa del empresario Vicente Cotino, denunció en 1996 al juez Megía por un supuesto delito de cohecho al habérsele solicitado por parte de un supuesto intermediario “dinero para reducir la eventual condena” de uno de sus clientes en un juicio presidido por el magistrado.

Megía fue investigado —e incluso su teléfono fue intervenido— pero la Sala de lo Civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) dictó en 1999 el sobreseimiento provisional de la causa a consecuencia del fallecimiento y de la situación de rebeldía de dos de los imputados.

El abogado recusó al ponente inicial de la sentencia del 'caso Erial' por la “enemistad manifiesta” entre ambos. Desde hace más de dos décadas, letrado y juez, se han evitado en numerosos procedimientos judiciales. Megía se abstuvo en un primer momento pero la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia rechazó que se apartara de la causa. Tras esta decisión, Vicente Grima presentó el incidente de recusación, pendiente de su resolución definitiva.