De leyes y lenguaje

Dos ejemplos sobre lo que no debe ser la educación aparecen hoy en la prensa: el desacuerdo entre partidos acerca del marco común legislativo nacional y la regulación de la enseñanza al servicio de la ultracorrección política. Me refiero a la paralización de la LOMCE votada en el Congreso y al Plan de Igualdad de Género en Educación impulsado por la Junta de Andalucía.

En cuanto a la LOMCE, ya estábamos acostumbrados a ver cómo el PP se quedaba sólo en la defensa de una ley educativa retrógrada, favorecedora de la desigualdad, coartadora de la participación y que no garantiza la pretendida mejora de la calidad de los centros públicos. Sin embargo, Ciudadanos ha dado la campanada al abstenerse en la proposición de ley del PSOE para congelar la entrada en vigor de la norma, a pesar de que el acuerdo de gobierno entre ambos incluía la paralización del calendario de la LOMCE. De hecho, para lograr este pacto, los socialistas accedieron a no hablar de derogación y, paradójicamente, Podemos, favorable a derogar la ley, sí ha votado favorablemente a la proposición.

Seguramente, la postura de Ciudadanos supone un pulso de cara a las negociaciones con el PSOE, que se abren ahora a tres bandas incluyendo a Podemos, para un posible acuerdo de gobierno, aunque la formación naranja ha alegado que su abstención se debe a que la proposición no incluye una referencia a que debe impulsarse un Pacto por la Educación a través de la constitución de una Mesa en el plazo de seis meses. Parece más bien una excusa, ya que la iniciativa había sido fruto de un acuerdo previo y además menciona en una disposición el compromiso del futuro Gobierno para alcanzar un acuerdo con las fuerzas políticas y sociales para sustituir la ley vigente por una nueva norma educativa consensuada.

En cualquier caso, es preocupante que se comiencen a sembrar dudas sobre la postura de un partido llamado a ser bisagra sobre esta nefasta norma y también lo es que el PSOE no haya mantenido el compromiso alcanzado entre las mayoritarias fuerzas anti-LOMCE para derogarla directamente, aunque la paralización sería un paso previo.

Parece que de todos modos sería difícil que los alumnos de 6º de Primaria se libraran este año de la retrógrada reválida, prevista para mayo, pero si se evita la repetición de las elecciones, la proposición aprobada ayer por el Congreso de los Diputados sí podría suponer que la ley no se aplique de cara al curso que comienza en septiembre. En este sentido, como en otros, urge un pacto de gobierno de izquierdas, que los acuerdos alcanzados entre socialistas y Ciudadanos dificultan, más ahora cuando el partido de Rivera empieza a hablar de ocupar cargos en el hipotético ejecutivo, lo que dificulta aún más la presencia en el pacto de los morados.

No obstante, tampoco la existencia de un gobierno progresista asegura siempre la aplicación de normas razonables, como en mi opinión ha ocurrido con el II Plan de Igualdad de Género en Educación que diseña la Junta andaluza, que alcanza la ridiculez intentando establecer un lenguaje no sexista y que ha recibido las críticas de la oposición y, lo que es más importante en esta materia, de la Real Academia Española, que piensa que “conculca aspectos gramaticales o léxicos firmemente aceptados”. Los redactores del Plan olvidan que el masculino es el género establecido como genérico en nuestra lengua, y obligan a que los profesores deban dirigirse a sus “alumnos y alumnas”, estos al “profesorado” y los padres que están “parados” son “personas en paro”, entre otras correcciones políticas que si no se cumplen pueden derivar en sanción.

Ya no basta con tener que escuchar a los políticos y líderes de organizaciones sociales discursos interminables y faltos de toda gracia retórica por la puñetera manía de asesinar la economía lingüística, ahora resulta que en nuestro día a día y en algo tan supuestamente fresco y en cierto grado improvisado como el lenguaje oral también tendremos que andar con pies de plomo, bajo la supervisión de la policí@ lingüístic@, como dice Pérez Reverte, que es lo que va a ocurrirles a los docentes y estudiantes andaluces si nadie lo remedia.

Más le valdría a estos gobernantes y gobernantas aplicarse a la conciliación, a la universalización de las escuelas de 0 a 3 años, a la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, a la lucha contra la discriminación laboral, a dotar de medios la lucha contra la violencia machista (poniendo especial énfasis en los medios policiales de protección), en el combate contra la trata de mujeres y, por supuesto, a la educación para la igualdad, pero sin caer en el esperpento de tener que cambiar hasta la letra del propio himno de Andalucía, al que además habrá que añadirle varias notas musicales, porque las lumbreras pensantes del Plan de Igualdad han cambiado el nombre de los habitantes de la Comunidad, y ahora ya no serán los andaluces sino la “población andaluza” la que pida tierra y libertad. Ya puestos, que pidan también un poquito de sentido común.