El líder provincial del PP de Valencia incumplió su dedicación exclusiva y deberá devolver parte de su sueldo

El presidente provincial del PP de València, Vicente Mompó, deberá devolver parte del sueldo que cobró indebidamente como alcalde con dedicación exclusiva del Ayuntamiento de Gavarda, del que es alcalde. Mompó cobró 202.659 euros entre 2012 y 2019, manteniendo la dedicación exclusiva a pesar de formar parte de la mercantil Gestió i Serveis Mompó Aledo SL, que además obtuvo contratos por al menos 235.905 euros de varios consistorios de diverso color político de la comarca de la Ribera Alta. El nombramiento de Vicente Mompó al frente del partido en la provincia de València lo impuso desde la sede central de la madrileña calle de Génova la dirección nacional del PP, con las luchas internas de los populares valencianos como telón de fondo, tal como informó este diario. De hecho, Mompó es el encargado del saludo a Pablo Casado en los actos de la convención nacional del PP que se celebran en Valencia este fin de semana.

La Agencia Valenciana Antifraude (AVA), el organismo que dirige Joan Llinares, inició una investigación sobre la incompatibilidad. En su resolución de conclusión actuaciones, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Antifraude pide al Ayuntamiento de Gabarda, del que Mompó sigue siendo primer edil, que revise de oficio la aprobación de las nóminas percibidas durante dos legislaturas, al considerarlas causa de nulidad de pleno derecho.

El alcalde y empresario, considerado una de las personas de confianza del expresidente provincial y actual diputado en el Congreso Vicente Betoret y actual portavoz de los populares en la Diputación de Valencia, creó su empresa, con siete empleados y domiciliada en Alberic, hace siete años. Durante el trámite de audiencia, Mompó compareció en la sede de Antifraude y alegó que “no fue debidamente informado por parte de los servicios jurídicos municipales” ante la toma de posesión sobre la necesidad de obtener una declaración formal de compatibilidad.

Sin embargo, el interventor del ayuntamiento, requerido por la AVA, asegura que en el consistorio “no se han aprobado directrices por escrito en materia de información y asesoramiento legal a los cargos electos de la corporación” sobre la aplicación y cumplimiento del régimen de incompatibilidades tras la publicación de las declaraciones de los ediles al inicio de cada legislatura. Además, abunda el interventor, no consta “ninguna directriz por escrito al respecto, ni comunicación o notificación dirigida a los cargos electos” en materia de incompatibilidades.

“Tampoco se notificó a los concejales ningún tipo de instrucción por escrito, sino que se comprobó que todos y cada uno de ellos hubiesen presentado sus correspondientes declaraciones de bienes y causas de posible incompatibilidad”. Es decir, que el interventor se limita a comprobar que las declaraciones se presentaron pero en ningún caso contrasta su contenido.

Antifraude considera que Mompó “ejerció simultáneamente una actividad privada no marginal” mientras ostentaba la dedicación exclusiva. “Tal actividad no se puso en conocimiento del Pleno, no solicitó, ni obtuvo declaración de incompatibilidad siendo ello preceptivo”, agrega la resolución de la AVA.

El líder del PP en la provincia de Valencia no presentó alegaciones pero sí el consistorio del que es alcalde. Así, el ayuntamiento coincide “plenamente” con las conclusiones de Antifraude. La situación de incompatibilidad, señala, “de modo inmediata se hubiera subsanado” si hubieran recibido un requerimiento durante las dos legislaturas anteriores. “Si bien”, agrega, “al haberse comunicado la situación en 2021, ya no e posible subsanar esta situación” ya que Mompó no tiene hoy por hoy dedicación exclusiva. “El transcurso del tiempo y el cambio de la situación del señor alcalde, ha 'resuelto' esta situación de incompatibilidad”, apostilla.

El Consistorio alega que no hubo dolo

El Ayuntamiento de Gavarda defiende que en ningún caso la empresa del alcalde obtuvo contratos de su propio municipio, “ni se ha producido menoscabo en el tiempo de dedicación” a la alcaldía. “Su horario ha cumplido escrupulosamente el correspondiente a una dedicación exclusiva”, afirma el escrito. “Formalmente”, reconoce el consistorio, “es cierto que no se ha tramitado la preceptiva compatibilidad, si bien desde un punto de vista del espíritu de la norma, no se ha producido ninguna vulneración legal, ni siquiera actitud dolosa”.

Antifraude considera, por el contrario, que las alegaciones del ayuntamiento no desvirtúan las conclusiones de la agencia. Y es que la AVA no ha localizado ningún acuerdo plenario en que se conceda la compatibilidad, “a pesar de que sí fue declarada la realización de dicha actividad” empresarial, con las correspondientes declaraciones de bienes.

Así, según concluye Antifraude, Mompó “debería haber optado por una u otra ocupación”. Aunque consta acreditado que el secretario municipal no informó de esta obligación al alcalde, “ello no implica que tenía la obligación y era responsable de solicitar la compatibilidad”. La AVA recuerda que la Administración está facultada para instruir procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades por daños y perjuicios (en este caso la diferencia entre las retribuciones que percibió irregularmente, con el régimen de dedicación exclusiva, y las que podría haber percibido en caso de estar aprobadas). La revisión corresponde a la Intervención municipal, “considerando, en su caso, la concurrencia de causas prescriptivas”, apostilla la agencia.

La solución pasa, pues, por la devolución de las cantidades al ayuntamiento, tal como estableció una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un caso similar de una edil del Ayuntamiento de Rocafort. La resolución de Antifraude también deja abierta la vía “a valorar” de la posible existencia de responsabilidad ante el Tribunal de Cuentas.

Antifraude insta al consistorio a la revisión de oficio de los sueldos indebidamente percibidos por Mompó en una tramitación con un plazo máximo de siete meses. También recomienda implementar medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de incompatibilidades.

La empresa de actividades deportivas

Gestió i Serveis Mompó Aledo SL, dedicada al sector de las actividades deportivas, ha obtenido el contrato para la gestión integral de la piscina de Tous, un municipio gobernado por el PP, por 100.430 euros con un plazo de ejecución de dos años. En Canals ganó un contrato de 96.009 euros y en otros municipios gobernados por el PP también obtuvo adjudicaciones municipales de menor cuantía (en Massalavés 12.533 euros o en Ràfol de Salem 2.929 euros).

Mompó también accedió a contratos de consistorios gobernados por el PSPV-PSOE: en Càrcer ganó 10.233 euros y en L'Alcúdia el año pasado dos contratos por el mismo importe (6.885 euros) para el servicio de socorrismo y de taquillas de la piscina.