Nuevas sombras sobre la financiación del PP en Alicante: los pagos opacos de la Diputación al partido quedan bajo la lupa de la Fiscalía

Muchas investigaciones de presuntos casos de corrupción son archivadas por la Fiscalía Anticorrupción al no detectar responsabilidad penal, y en todo caso remitidas al Tribunal de Cuentas por si hubiere responsabilidad contable. Los pagos de casi medio millón de euros de la Diputación de Alicante al Partido Popular, la formación que gobierna la institución provincial con sus socios de Ciudadanos, han recorrido el camino inverso: del Tribunal de Cuentas al Ministerio Fiscal. El organismo fiscalizador de las cuentas de los partidos ha remitido a la Fiscalía la denuncia de Compromís para que determine si “la acción pública debe ser admitida o archivada”.

El grupo del PP en la Diputación de Alicante trasvasó casi medio millón de euros al partido desde 2015, según la denuncia de Compromís. La demanda de la formación valencianista, a la que ha tenido acceso este diario, considera que la institución provincial debe llevar a cabo una acción de reintegro de los fondos presuntamente desviados, “puesto que no se justifica que las transferencias que el grupo ha realizado al partido hayan sido efectuadas” para aquello que exige el reglamento de la Diputación. “Todos los importes que han sido transferidos al Partido [Popular] eluden cualquier tipo de fiscalización”, señala Compromís.

La justificación del trasvase varía según quien lo explique en el partido conservador. Eduardo Dolón, secretario general provincial del PP y vicepresidente de la institución provincial, sostenía que los fondos trasvasados se destinaron a “actuaciones conjuntas realizadas por el partido y que corresponden a gastos indivisibles imputables” al grupo del PP en la Diputación mientras que la gerente del partido en Alicante, Yolanda Murcia, justificaba los pagos por los “gastos ordinarios del funcionamiento del partido”. “Difícilmente se puede justificar que se transfiera la totalidad del remanente al partido a día 31 de diciembre para gastos conjuntos que en base al principio de anualidad debieran ser realizados ese mismo ejercicio”, indica Compromís.

La denuncia ante el Tribunal de Cuentas de la formación que lidera en Alicante Gerard Fullana ejerce la acción pública para la exigencia de responsabilidad contable contra la interventora de la Diputación de Alicante, Matilde Prieto; el secretario general del PP alicantino, Eduardo Dolón; el exportavoz del PP Carlos Castillo, y contra el propio partido.

“Los hechos que motivan la presente demanda versan sobre la fiscalización —en puridad de la ausencia de ella— de la dotación económica” a los grupos políticos de la institución provincial, lo que supone, a juicio de Compromís, un “perjuicio directo contra la administración” al haber detectado una “deficiente justificación de los gastos”. Compromís ha incluido en su denuncia a la interventora de la Diputación, algo que ha sorprendido al equipo de gobierno, por no haber presentado el informe definitivo de fiscalización de “ninguno de los ejercicios supuestamente fiscalizados”.

La Diputación de Alicante, presidida por el popular Carlos Mazón con el apoyo de Ciudadanos, no ha recibido aún la notificación del Tribunal de Cuentas. Fuentes cercanas a Mazón sostienen que las auditorías de las cuentas del PP nunca han tenido ninguna salvedad y que el representante de Compromís interpreta erróneamente las explicaciones —aparentemente divergentes— de la gerente del partido y de su secretario general provincial. Los fondos trasvasados, que ascienden a 446.791,53 euros, corresponden a “los gastos del grupo popular en la Diputación”, como por ejemplo las reuniones de los diputados provinciales con concejales de la provincia, explican las mismas fuentes.

Compromís recuerda que los demás grupos políticos de la institución provincial presentaron un “desglose pormenorizado” de sus gastos. La formación valencianista “aportó todos y cada uno de los justificantes que acreditaban el gasto realizado mediante factura o liquidación, y aún así fue requerido por parte de la Administración a efectos que aportase mayores aclaraciones”, lo cual contrasta con la “absoluta falta de control” por parte del PP y de su grupo en la Diputación de Alicante.

“La autorización de las transferencias de los fondos asignados a los grupos políticos a las formaciones políticas provinciales facilita la evasión de la fiscalización provincial y dificulta la actuación del Tribunal de Cuentas y de los entes fiscalizadores, internos y externos, de la Generalitat Valenciana”, concluye Compromís.