Camps, entre dos banquillos

Habrán pasado casi doce años cuando Francisco Camps se siente a partir del próximo mes de enero en el banquillo desde que lo hiciera por primera y única vez en el juicio del denominado caso de los trajes, del que salió absuelto. La trama Gürtel, una de las versiones más escandalosas de la corrupción protagonizada por el PP en sus años de gobierno, ha acumulado condenas para sus integrantes, los políticos que participaron en sus fechorías y los empresarios que colaboraron en ellas. Pero el expresidente valenciano ha sobrevivido a todas las causas, incluso algunas en las que llegó a ser investigado. Entre ellas, las relativas al contrato del entramado que lideraba Francisco Correa para el pabellón de la Generalitat Valenciana en el certamen Fitur de 2009. También ha salido indemne de investigaciones como la de la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, el contrato para la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en la capital valenciana y el aval que el Gobierno autonómico dio a la supuesta empresa organizadora de la competición automovilística, que redundaron en el endose a las cuentas públicas de los ruinosos costes generados por los grandes eventos que promovió.

Si no ha conseguido librarse de este nuevo paso por el banquillo, acusado esta vez de prevaricación administrativa y fraude a la administración, es en buena medida gracias a que algunos condenados en las piezas de Gürtel, como el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa, procesado por la financiación irregular del partido, y el que fuera cabecilla local de la trama, Álvaro Pérez, El Bigotes, a quien Camps consideraba un “amiguito del alma” en una famosa conversación grabada por la policía, le señalaron en sede judicial como la persona que dio instrucciones para actuar con empresas como Orange Market, terminal valenciana del tinglado corrupto. Aunque ha intentado evitarlo, el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, una de sus “bestias negras” a quien ha buscado apartar por todos los medios, le envía a juicio por contratos de varios departamentos del Gobierno valenciano con la Gürtel ejecutados en “una situación de ilegalidad manifiesta que Camps Ortiz conocía”, en palabras del juez instructor.

Pese a que el juez consideró durante la instrucción que hay indicios claros de que Camps ordenó que el PP valenciano financiara sus campañas a través de Orange Market con contratos públicos adjudicados de manera irregular o con dinero negro procedente de empresarios que han confesado el hecho, el expresidente no será juzgado por financiación irregular ni por malversación de caudales públicos, debido a la prescripción de esos delitos. Sí que será juzgado, sin embargo, por las declaraciones de testigos que aseguran que Camps, aunque no firmara resolución alguna, es responsable de la adjudicación de una docena de contratos irregulares a la trama que lideraba Francisco Correa. A diferencia de lo ocurrido en 2011, cuando fue un jurado popular el que los absolvió a él y a Costa, dando lugar a la paradoja de que fueron exculpados ambos de un delito de cohecho impropio que otros dos cargos del PP, el que fuera vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, confesaron al asumir una multa por haber recibido regalos en forma de trajes y prendas de ropa que pagaba la Gürtel, el próximo mes de enero será un tribunal profesional el que vea el asunto. Con unas expectativas también inciertas sobre el resultado.

Porque Camps se presenta como víctima de una persecución de la izquierda y de una conspiración de determinados sectores de las fuerzas de seguridad y del mundo judicial, amparado en la ausencia de condenas. Pero, en realidad, sucede lo contrario, ya que el exdirigente del PP es un ejemplo de cómo facilitan a veces los procedimientos judiciales que un político bajo cuyo mandato se cometieron unos cuantos delitos ya establecidos en sentencias firmes pueda escabullirse de sus responsabilidades. Su condición de aforado y la decisión del Tribunal Superior de Justicia de no vincular los regalos de trajes por parte de la trama al sumario de la financiación irregular del PP valenciano resultaron claves, en los inicios del recorrido judicial de la Gürtel, para que Camps quedara “desconectado” del resto de piezas. En buena medida, cuando fue forzado a dimitir en julio de 2011 como presidente de la Generalitat Valenciana ante la inminencia del juicio, empezó su buena suerte judicial. El TSJ había intentado archivar la causa, pero el Tribunal Supremo la había obligado a reabrir y, contra el criterio de la fiscalía y del inicial juez instructor de la Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, que pidieron que Camps fuese juzgado junto a Correa y El Bigotes, el tribunal valenciano envió al asunto de los trajes a juicio al margen de la instrucción que llevaría a establecer más adelante que el partido que Camps dirigía se financió irregularmente a través de la trama que precisamente había hecho regalos por miles de euros a varios altos cargos.

Es improbable que Camps se tome realmente en serio las aspiraciones políticas que proclama últimamente en entrevistas y declaraciones, aunque nunca se sabe. En todo caso, sus supuestos deseos de ser candidato a la alcaldía de València, comicios que, según él, ganaría con la misma facilidad que acumuló mayorías absolutas en la época de hegemonía del PP en la Comunidad Valenciana, forman parte del instrumental de su defensa, con el que presiona para cerrar sus peripecias judiciales tal como las empezó, esquivando ahora la petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años y seis meses de cárcel e inhabilitación para cargo público durante 10 años. Todo para poder hacerse definitivamente el longuis sobre su liderazgo en uno de los periodos más oscuros de la corrupción política en este país.