Derechos digitales, derechos sociales y transformación digital

La transformación digital propone cambiar radicalmente nuestra sociedad en todos los ámbitos. Si tenemos en cuenta las previsiones prospectivas de distintas consultoras internacionales, -como Gardner o McKinsey-, el proceso de digitalización modificará profundamente el modo en el que estudiamos, trabajamos o vivimos. Entre las previsiones de futuro hay varias que pueden percibirse con claridad.

De una parte, la aceleración de los procesos de investigación e innovación. La capacidad de procesar y analizar información se multiplica con una tendencia exponencial y ello acelera todos los procesos dependientes del cálculo computacional o de la analítica de datos. Ello implica un reto de amplias proporciones para nuestra sociedad ya que, o alineamos nuestros objetivos y capacidades con el reto de la transformación digital, o en breve espacio de tiempo seremos un país altamente dependiente en términos tecnológicos.

En segundo lugar, la automatización creciente afecta de modo muy sensible al mercado de trabajo. Ya hemos ido experimentando el impacto de la robótica básica por ejemplo en la industria de la automoción. La automatización que propone la Inteligencia Artificial será mucho más intensa e irá más allá de determinadas actividades físicas mecánicas estandarizables. La suma de otras tecnologías como las etiquetas de identificación por radiofrecuencia, prometen un mundo sin personas al volante, en las cajas de pago en las tiendas o en la limpieza viaria. Pero también afectan a la generación de notas de prensa y otros contenidos, la contabilidad o la atención al cliente. Incluso en tareas no automatizables una parte del desempeño podría depender de un interfaz persona-máquina. Estos avances presentan dos caras: la reducción de tareas repetitivas, insalubres y peligrosas junto a la desaparición de puestos de trabajo tradicionales.

Por último, y como corolario de estas dos facetas, la educación en todos sus niveles adquiere una relevancia crucial. Desde este punto de vista, la brecha educativa también será determinante en lo digital. Y no se trata exclusivamente de la educación universitaria. Sin duda, resulta urgente adaptar la educación superior a la transformación digital en todas las áreas de conocimiento. La generación de talento, y la tarea de la universidad como institución que apuesta por los valores éticos y humanistas será esencial. Sin embargo, la formación para la transformación digital deberá permear el sistema educativo en su conjunto incluida la formación continuada, la formación en la empresa y la formación de adultos.

En un momento, en el que al Plan España Digital, los planes de inteligencia artificial del Estado y de la Comunitat Valenciana, se suman los propios de empresas e industrias, se hace necesario considerar la garantía de los derechos sociales. En este contexto, el Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e inteligencia artificial ha presentado en consulta pública una propuesta de Carta de Derechos Digitales elaborada por un grupo de expertos.

En ella puede identificarse la propuesta de un conjunto de derechos y de políticas públicas en materia de igualdad, formación y ciencia. En primer lugar, se apuesta por la afirmación del derecho a la igualdad en los entornos digitales, la no discriminación y la no exclusión. Una apuesta a la que se suma una petición de políticas públicas ordenadas a la reducción de las brechas digitales, -de género, educativas, territorial y de conectividad, de accesibilidad para personas con discapacidad, o mayores, entre otras-, y a la garantía del acceso efectivo de todas las personas a los servicios y oportunidades que ofrecen los entornos digitales en cualquiera de sus dimensiones asegurando un derecho de acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio a Internet para toda la población.

En materia educativa, la Carta recoge las previsiones de la Ley de garantía de los derechos digitales que completa con una propuesta formativa que concibe un modelo educativo que no sólo capacite sino también incorpore valores éticos. Adicionalmente se plantea de modo específico, que los planes de formación profesional se ordenen a la inserción de las personas trabajadoras en los procesos de transformación digital y a acompañar los procesos de transformación digital proporcionando a las personas trabajadoras una formación adecuada que permita su adaptación a las nuevas condiciones laborales.

En tercer lugar, se recogen las últimas innovaciones en lo relativo a los derechos de los trabajadores como la desconexión digital, o la garantía de la intimidad requiriendo condiciones de trabajo digno en los entornos digitales, la promoción de condiciones de acceso al teletrabajo con pleno respeto a la dignidad, a los derechos de la esfera privada del domicilio, los derechos de las personas que residen en él y el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar. Además, se propone la implicación de la representación de los trabajadores sobre los cambios tecnológicos que vayan a producirse en la empresa y en la toma de decisiones sobre la transformación digital y las consecuencias laborales que la misma pueda implicar.

Finalmente, en el plano de la investigación y la innovación se apuesta por la promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación ordenados a la transformación digital de las empresas, el emprendimiento digital y el fomento de las capacidades de la sociedad para la generación de ciencia y tecnología nacionales. Se prevé la reutilización de la información del sector público para el bien común que permitan el acceso a datos con fines de investigación científica, innovación y desarrollo con las debidas garantías.  Adicionalmente se incorpora la idea de diseñar sandboxes, espacios de pruebas controladas para desarrollar nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos basados en la tecnología. Ahora bien, no se trata de innovar a toda costa, se parte de la reivindicación de un desarrollo de la tecnología y de los entornos digitales que debería perseguir la sostenibilidad medioambiental y el compromiso con las generaciones futuras.

La Carta propone a la sociedad un modelo de transformación digital regida por la garantía de la igualdad y apuesta por proponer las políticas públicas que garanticen las condiciones que traten de evitar el riesgo de discriminación por razón del conocimiento o el acceso a entornos digitales. Sin embargo, como toda obra humana, es perfectible y hasta el 20 de diciembre podemos contribuir a la consulta aportando nuevas ideas y mejoras y, también, señalando aquellos aspectos que deban ser en su caso corregidos.

*Ricard Martínez Martínez, director de la Cátedra de privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de Valencia