El 5 de abril de 1978, a las 20,30 horas, Antonio Cubillo, máximo líder del Mpaiac (Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago de Canarias), regresaba de una reunión a su casa en la Avenida de Pekín número 14 en la ciudad de Argel, donde se encontraba refugiado desde hacía 15 años, y dirigía la emisión “La Voz de Canarias Libre” en radio Argel. Llovía sobre la ciudad cuando, tras coger el ascensor en el zaguán, de su patio y salir del mismo para entrar en el apartamento, recibió dos puñaladas: una le destripó y la otra le alcanzó la columna vertebral, lo que le provocó la invalidez e ir en silla de ruedas hasta su muerte.
Dos sicarios, Juan Antonio Alfonso y José Luis Cortés, reclutados por el comisario Roberto Conesa a través de su “manijero” José Luis Espinosa, experto en operaciones de guerra sucia (provocaciones, infiltraciones, delaciones, terrorismo con explosivos), son los encargados de realizar la operación. Ambos reciben, tras aceptar la realización del atentado, pasaportes falsos facilitados por la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol de Madrid, billetes y dinero para viajar a Argelia, vigilar a Cubillo y preparar su asesinato, que una vez realizado sería retribuido con varios cientos de miles de pesetas. A las pocas horas del hecho, ambos son detenidos por la policía argelina y declaran con todo lujo de detalles lo que sabían: detrás de la Operación “Mallorca”, como la habían bautizado en Madrid, se encontraban los servicios secretos españoles dependientes del Ministerio del Interior, cuyo titular era Rodolfo Martín Villa.
Tras el regreso de Cubillo a España, después de 24 años de exilio, recurre a la justicia española para que se identifique y condene a quienes organizaron y ejecutaron el atentado. José Luis Espinosa es detenido, juzgado y condenado a 20 años de cárcel como inductor del crimen. En la medida que este “hombre de paja” se ve desasistido y abandonado por quienes le habían confiado la eliminación de Cubillo, empieza a ir contando lo que sabe. La sentencia declara probado que fueron “personas pertenecientes a los servicios policiales españoles” de entonces las que decidieron la desaparición de Cubillo. Incluso “hubo una especie de central con tareas dirigentes de primer relieve, para la que Espinosa era instrumento eficaz”. La participación de estos “hombres de atrás”, como se les califica en la sentencia, comenzará a ser investigada, ya que el tribunal ha ordenado “ampliar la labor instructora, encaminada a averiguar la verdad íntegra sobre el atentado”. (¡Hasta ahora!)
Antes de ingresar en prisión, en diciembre de 1988, Espinosa hizo varias declaraciones en las que implicaba vagamente a los responsables de Interior de la época, que dirigía Rodolfo Martín Villa. Afirmó Espinosa: “Que no diga Martín Villa que no sabe nada, porque todo se planeó en un despacho de la DGS [Dirección General de Seguridad] con el nombre de Operación Mallorca”. (El País, 7 de agosto de 1990). De aquella imputación, no probada, se hizo eco Cubillo, que lo denunció a la prensa. Martín Villa se querelló por calumnias, pero perdió el juicio.
Roberto Conesa fue jefe de la Brigada Político-Social hasta que ésta fue disuelta en 1976. Luego fue destinado a la Comisaría General de información, permaneciendo en Valencia durante un año, hasta que fue llamado de urgencia a Madrid por Martín Villa, ministro de la Gobernación, para que resolviese los secuestros de Antonio María de Oriol y Urquijo y del teniente general Villaescusa, por lo que el ministro posteriormente le otorgó la medalla de oro del mérito policial.
Cabe preguntarse si Roberto Conesa, como Comisario General de Información, organizador sin género de dudas del atentado de Argel, podía funcionar por libre, sin consultar con su ministro, la expedición de pasaportes, la entrega de fondos reservados, la planificación de la acción, y lo que es más importante, las graves consecuencias que podía tener para las relaciones entre España y Argelia atentar contra un refugiado político apadrinado por el presidente del país Houari Boumedienne.
Siempre habrá quien justifique que lo que Cubillo estaba a punto de hacer, conseguir que las Naciones Unidas exigiesen la descolonización de las Islas Canarias con el apoyo de varios países africanos, exigía una acción radical, pues había importantes razones de Estado en juego. Entre los que han ofrecido su pleno apoyo a Martín Villa por la querella argentina, igual habrá mayoritariamente quien lo contemple bajo esta óptica.
Otros pensamos que el atentado de Argel, no suficientemente aclarado, fue un crimen de Estado. Y si Rodolfo Martin Villa conoció, alentó, indujo, toleró, permitió, que policías a sus órdenes organizasen con sicarios la muerte, en un país extranjero con cordiales relaciones diplomáticas con España, de un político independentista y con larga trayectoria antifranquista, debe ser juzgado por ello.
Pero posiblemente, la jueza María Servini de Cubría, a la que se está presionando por ex altos cargos políticos, sindicales e incluso empresariales para que sobresee la acusación de crímenes de lesa humanidad sobre Martín Villa, no tenga constancia del atentado de Argel y su carácter, por nosotros definido, como crimen de Estado. Sería importante que tuviera constancia de este hecho.
*Pascual Moreno Torregrosa, Colaborador de la plataforma de apoyo a la querella argentina del País Valencià