De aquellos polvos estos lodos o qué hacer para no tropezar varias veces con la misma piedra

Thomas Piketty, economista francés autor de “El Capital en el siglo XXI”, obra fundamental en el estudio de la desigualdad y que ha contribuido de forma relevante a recuperar la reclamación sobre el necesario papel del estado en la redistribución de la riqueza, ha impulsado un manifiesto, publicado este 5 de febrero, en el que se pide la anulación de la parte de la deuda de los estados miembros de la UE en manos del Banco Central Europeo (BCE). Desde el acuerdo con la propuesta, creo que es necesario recordar cómo hemos llegado hasta aquí.

La segunda mayor burbuja inmobiliaria entre los 37 estados que componen la OCDE ocurrió en España entre 1997 y 2008. En 2006 se inició la construcción de 762.450 viviendas, mayor que la suma de las empezadas en Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, según datos del Ministerio de Fomento. En 2007, del total del crédito concedido en España, el 60% se concentró en la construcción de viviendas, alcanzando el billón de euros. El resultado fue que la deuda pública española, que en ese año 2007 era de 383.798 millones de euros (35% sobre PIB), tras el estallido de la burbuja en torno a la vivienda, pasó a ser de 1.039.388 millones de euros en 2014 (100,7% sobre PIB). La crisis provocada por la especulación inmobiliaria y el capitalismo financiero kamikaze conllevó 670.000 millones de euros de incremento de endeudamiento.

Hasta el momento, la pandemia ha supuesto, en España, pasar de una deuda pública en 2019 de 1.188.859 millones de euros (95% PIB) a 1.312.590 millones de euros (114,1%PIB) en noviembre de 2020, según los últimos datos disponibles. Las proyecciones del FMI para 2021, presentadas este pasado 28 de enero, prevén que la deuda española sea del 118,9% a final de este año, menor que la media de las economías avanzadas que se situaría en el 124,9% y que asciende hasta el 134,7 en el caso de las economías avanzadas miembros del G20. La deuda pública de Francia sería del 117,6% y la de Italia del 157%.

¿Qué conclusiones podemos extraer de estos datos y proyecciones?

En primer lugar, que el volumen de nuestro endeudamiento no es diferente del de los países de nuestro entorno. Pero hay un hecho en el que incidir. El incremento de la deuda española en el periodo 2007- 2020 ha sido atribuible en un 75% a la crisis financiera iniciada en 2008 que en el caso español fue especialmente grave por dos causas: una apuesta de todos los gobiernos anteriores a 2007 por el monocultivo del ladrillo a través de una legislación que lo impulsaba, unida a un sistema fiscal estructurado en torno a las plusvalías de ese monocultivo y que olvidaba la progresividad fiscal -“bajar impuestos también es de izquierdas” se llegó a afirmar-. Se ignoró que toda burbuja acaba reventando. Es necesario recordarlo porque la carencia actual de profesionales en el sistema sociosanitario público español es debida en gran parte al “austericidio” que se impuso en las cuentas públicas por los sucesivos gobiernos centrales - consagrado tanto en la modificación del artículo 135 de la Constitución como en la “Ley Montoro” - como condición para el “rescate” encubierto de la economía española en 2012 por parte del BCE.

Una de las coartadas que se esgrimió para justificar la reducción del sector público fue la colaboración público-privada. Un trampantojo tras el cual lo que hay es privatización de beneficios y socialización de costes. Lo estamos viendo en el frente sanitario donde es la sanidad pública la que está llevando el peso de la lucha contra la pandemia. No solo ocurre en el ámbito estatal. Este mes estamos asistiendo a un caso revelador de lo que, en realidad, hay tras la colaboración público-privada: la UE invirtió centenares de millones de euros para que multinacionales farmacéuticas aceleraran la investigación que permitiría desarrollar vacunas y disponer de las necesarias en el tiempo más breve. En cambio, asistimos a cómo una multinacional puede imponer sus condiciones a la UE, incumplir un acuerdo, no entregar las vacunas comprometidas, y hacerlo desde una posición de fuerza, pues los tratados internacionales establecidos durante las cuatro décadas de hegemonía global neoliberal protegen más el derecho a la propiedad privada de lo que protegen las vidas de las personas.

Ahora debemos tomar las decisiones adecuadas y conseguir que los fondos del plan de recuperación para Europa contribuyan a la transformación ecológica justa, a crear empleo estable y sostenible, y convertirnos en una sociedad dotada de servicios públicos dignos y suficientes y con un tejido socioeconómico más resiliente a las crisis. En ese sentido, la propuesta de Piketty de vincular la anulación de la deuda de los estados con el BCE a la inversión en transición ecológica (que siempre debe adjetivarse como justa) es acertada.

Es necesaria una gestión ejemplar y con visión estratégica de todos los recursos que desde la UE se van a transferir. Entre 2021 y 2023, España podrá recibir transferencias a través del programa Next Generation EU de hasta 71.604 millones de euros. Para ubicar las cifras, el saldo positivo, entre los fondos comunitarios recibidos en los 25 años transcurridos entre 1986 y 2011 y la aportación española a la UE en ese mismo periodo fue de 88.000 millones de euros. Una parte de los cuales se despilfarró en infraestructuras sobredimensionadas e innecesarias y con un pésimo coste de oportunidad. Un uso desacertado, ahora, de los nuevos fondos sabemos que costaría muchas vidas. Y eso es así porque los fondos son cruciales, también, para mitigar y adaptarse a la emergencia climática. No habrá otra oportunidad. Es imperativo exigir la constitución, con la máxima transparencia y participación, de comités de expertos con presencia de todas las administraciones públicas, en especial de las más cercanas a la ciudadanía, y con la participación de la sociedad civil, que establezcan las prioridades. Nuestro tejido económico está formado por PYMEs y cooperativas para las cuales sobrevivir a una crisis es mucho más difícil que para las grandes empresas por lo que debe garantizarse su acceso a los programas. Y es fundamental invertir en sectores que ayuden a reducir nuestra huella de carbono. Son los mismos sectores que tienen viabilidad económica en un contexto de emergencia climática: hay actividades que no podremos mantener, confrontados ante el Cambio Climático. Además del efecto que causarán los cambios en las temperaturas estivales, en el norte de Europa empieza a consolidarse la “vergüenza por coger el avión”. ¿Hay alguien pensando en cómo puede afectar a la industria turística basada en sol y playa?

Debemos tener una estrategia que integre todos los cambios que se otean en el horizonte. Era falso que la pandemia fuera un cisne negro. Otros lo vieron venir, no es casual el aumento de camas UCIs en Corea del Sur o Alemania. Tampoco son un cisne negro los efectos derivados de la emergencia climática o los cambios en el ámbito laboral que se avecinan dónde robots y algoritmos van a reducir el empleo en la mayoría de los sectores de la economía, lo que nos obliga a avanzarnos y a prever como redistribuir el trabajo, reduciendo jornadas laborales, y establecer medidas para garantizar un ingreso digno a toda la población. Los recursos necesarios pueden obtenerse aplicando las herramientas fiscales a las nuevas formas de producción de bienes y servicios como robots e inteligencia artificial. Es necesario trabajar estas propuestas en la escala de la UE, pues es donde se debe legislar para que sean efectivas.

Es necesario que se produzca la condonación del 30% de la deuda pública española en manos del BCE. Y explorar otras opciones existentes para su reducción. Pero, también lo es atajar las causas de fondo que han originado los niveles de endeudamiento alcanzados. Hay que revisar nuestro sistema fiscal estatal, hacerlo más justo y progresivo para que realmente paguen más los que más ganan, incluidas las rentas del capital. Y debe haber un trato justo para todos los territorios del estado: una condonación de la deuda a nivel europeo debe corresponderse con la condonación de la deuda ilegitima heredada y la atribuible a la financiación injusta que soporta la Comunitat Valenciana.

En el ámbito de la Unión Europea, es urgente impedir el dumping fiscal entre los estados miembros y todos aquellos que también utilizan como moneda propia el euro, y legislar para armonizar sistemas fiscales. Debemos diversificar y adaptar el tejido socioeconómico a lo que inevitablemente tenemos que afrontar como es adaptarnos a los efectos del Cambio Climático. Asumir mayores compromisos y seguir descarbonizando la economía, impulsando actuaciones que van desde la Soberanía Alimentaria, al rediseño de las ciudades y la forma de entender el territorio y su equilibrio, pasando por la relocalización de las actividades económicas y la valorización de los cuidados. Existe un marco que está bien definido para llevar a cabo estas actuaciones como es la transición ecológica justa.

Todo esto requerirá movilización y participación de la ciudadanía comprometida y de todas las organizaciones que la representan. Cuando escribo estas líneas, junto al manifiesto impulsado por Piketty, leo las repercusiones del nombramiento de Mario Draghi como primer ministro de Italia y que bajan las primas de riesgo. Otra vez un tecnócrata para apaciguar a los mercados. No podemos permitir que sea a costa de las personas.