Primer año de la reforma laboral: más y mejor empleo

En apenas un año desde su entrada en vigor, la Reforma Laboral ha transformado el mercado de trabajo español contribuyendo decisivamente a la creación de más y mejor empleo, pese a las dificultades derivadas de la anterior pandemia y la actual crisis inflacionaria provocada por la guerra de Ucrania.

Se trata de una norma procedente del diálogo social entre Gobierno, sindicatos y patronal cuya ajustada tramitación parlamentaria (Real Decreto-Ley 32/2021) concitó tanto la oposición de la derecha y el nacionalismo radical como de expertos y think tanks supuestamente liberales que competían en tildarla de innecesaria, incompleta y/o contraproducente, según los casos.

La realidad se ha ocupado de impugnar tales vaticinios, como demuestran los registros estadísticos del SEPE que, mes tras mes, acreditan el aumento cuantitativo del empleo y la transformación cualitativa del mismo en materia de estabilidad, protección, etc.

Aunque la norma se publicó en el BOE con fecha 30 de diciembre de 2021, su Disposición Final octava establecía una moratoria (vacatio legis) de tres meses respecto de las modalidades de contratación, por lo que sólo ahora podemos hacer una evaluación anual de su aplicación y resultados, atendiendo a las variables más significativas del mercado de trabajo:

-creación de empleo: la Seguridad Social alcanzó a finales de marzo el máximo histórico de personas afiliadas (20.532.371 a nivel nacional y 2.068.538 en la Comunidad Valenciana), más de medio millón que el año anterior y 1.300.000 por encima de los registrados al inicio de la legislatura.

-contratación indefinida: desde abril de 2022 se formalizaron un total de 17.198.759 contratos laborales (1.650.835 en la Comunidad Valenciana), de los que el 44,2% lo fueron con carácter indefinido, porcentaje que en los años anteriores apenas llegaba al diez por cien, lo que ha permitido reducir a la mitad la tasa de precariedad, hasta situarla en la media europea (14,1%). A destacar el crecimiento sostenido de la contratación permanente en sectores (agricultura, construcción), colectivos (mujeres, jóvenes, inmigrantes) y actividades (profesionales) tradicionalmente más precarios, lo que estaría contribuyendo a modificar la estructura y composición de nuestro mercado de trabajo y sistema productivo.

-reducción del paro: en términos interanuales el desempleo ha disminuido en 246.503 personas, hasta situarse en 2.862.260, la cifra más baja desde 2008, datos que en nuestra Comunidad equivalen a 16.929 de reducción hasta quedar en los 340.298 actuales.

-protección por desempleo: la creciente estabilidad en el empleo contribuye a reducir tanto la rotación contractual (en marzo de 2023 se registraron 356.746 contratos menos que en abril de 2022, lo que supone una caída del 21,2%) como la demanda de prestaciones por desempleo (reducción del 25% en el mismo período), con el resultado positivo de mejorar la cobertura actual del sistema (68,1%, seis puntos porcentuales más que el año pasado) y la cuantía de las prestaciones contributivas (incremento del 7,3 hasta situarse en 961,6 euros mensuales de media).

Estamos, pues, ante un balance extraordinariamente positivo que, más allá incluso de lo contundente de los datos estadísticos, pone de manifiesto la consolidación de una tendencia de cambio que mejora las condiciones de vida y trabajo de millones de personas, lo que sólo quienes desprecian cuanto ignoran pueden cuestionar.

En este punto resultan especialmente lamentables las fake news de la derecha política y mediática que, contra toda evidencia, acusan al Gobierno de “maquillar” las cifras de paro, aduciendo unas veces la supuesta confusión registral de los trabajadores fijos discontinuos y apelando falsariamente otras a la autoridad de la Airef.

En el primer caso se trata de una modalidad contractual que permite compatibilizar la estabilidad laboral con la estacionalidad productiva de algunos sectores (hostelería, agricultura, comercio, educación). Según la última Encuesta de Población Activa su número asciende a 594.200, equivalente al 3,4% de la población asalariada total, cuyos contratos son considerados como  indefinidos a todos los efectos (antigüedad, vacaciones, protección frete a despidos…) y no computan, lógicamente, como parados durante los períodos de inactividad, ni lo han hecho nunca, en aplicación de la Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985, por lo que sólo desde la insolvencia o la mala fé puede afirmarse que se utilizan para distorsionar las estadísticas de desempleo.

Es por ello que hasta la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha tenido que emitir un comunicado oficial desautorizando la manipulación de portavoces conservadores y reafirmando la “validez de las estadísticas de mercado laboral elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), elaboradas con el máximo rigor, siguiendo los más estrictos criterios de calidad, comparabilidad internacional y contrastadas por organismos con reconocido prestigio”.

Finalmente, la reciente aprobación de la Ley 3/2023, de 28 de febrero abre nuevas perspectivas para la mejora de las políticas activas de empleo (formación, intermediación, inserción laboral) que permitan consolidar la tendencia actual y reducir la tasa de paro, especialmente la de larga duración que es donde sigue concentrándose el núcleo duro de este drama social.