La oposición azuza al conseller de Educación ante el “caos” de inicio de curso y Rovira defiende el fin del modelo de inmersión lingüística

La oposición azuza al conseller de Educación en vísperas del inicio del curso escolar. El conseller de Educación, José Antonio Rovira, defiende que el periodo que arranca el 9 de septiembre será el del inicio de la “libertad educativa”, pese a las dudas sobre los modelos lingüísticos de cada centro y las certificaciones de los títulos de valenciano.

El conseller de Educación ha comparecido este jueves en la Diputación Permanente de las Corts Valencianes a petición del PSPV y Compromís, solo unas horas después de ofrecer una rueda de prensa para presentar los datos del curso escolar en las etapas  de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, con un aumento de alumnado y profesorado. En concreto, ha indicado, el nuevo curso contará con un total de 807.570 alumnos, 2.564 estudiantes más respecto al curso 2023-2024, y 82.180 docentes, lo que supone un incremento de 533 docentes en la educación pública respecto al curso pasado. La previsión de Educación es que el curso finalice con 1.000 docentes más que el 23/24 y que la formación profesional bata récords, con más de 8.200 nuevos estudiantes.  

Rovira ha insistido en que el curso comenzará con normalidad, prestando especial atención al transporte escolar para no repetir los conflictos del pasado año. Entre las medidas impulsadas por su departamento, ha reivindicado que por “primera vez” la educación de 0 a 3 años es gratuita y que se garantiza la “libertad de elección”, tanto de centro como de lengua mayoritaria en el sistema. Además, ha puesto en valor que se ha “doblado el presupuesto” para ofertar plazas en esta franja de edad, una apuesta que, según ha afirmado, “jamás ha existido”. En la rueda de prensa previa, Rovira ha apuntado que harán la consulta sobre la lengua base en cada unidad/centro educativo antes de Navidad y que su departamento trabaja en un programa informático que implemente el modelo.

El representante de Compromís en materia educativa, Gerard Fullana ha reprochado a Rovira que haya acudido a “celebrar que no ha creado un gran desastre”, como el pasado curso, cuando “dejó tirados a 20.000 profesores”, y ha denunciado que la educación valenciana lleva un año “notando la debacle” del conseller en materia de infraestructuras. El portavoz valencianista afirma que “la bajada en la ejecución de obras es evidente” y ha recordado que “en julio de 2024 se han ejecutado 20 millones de euros menos que en julio de 2023. Así mismo ha comparado los centros educativos nuevos que abrían puertas a septiembre desde hace tres cursos, ”en septiembre de 2022 abrieron las puertas el primer día de clase 10 centros educativos nuevos, en septiembre de 2023 fueron 13, todos preparados por el Botànic, y este curso, el que ha gestionado el PP, son 5. El frenazo es evidente“

Desde el PSPV, José Chulvi ha acusado a Rovira de aplicar un “modelo Cabanyal” para “degradar y ahogar aquello que quieren destruir” y de “hacerle el juego a la educación privada”, al tiempo que ha censurado medidas como el distrito único por generar “guetos” y por “discriminatorio”.

El conseller popular ha respondido a sendas críticas asegurando que “se va a acabar el buenismo de los proyectos interdisciplinares” con una programación “basada en la cultura del esfuerzo” y se va a reforzar el papel de la inspección educativa. Al representante valencianista le ha llamado “el abuelo porretas”, para después afearle la herencia recibida en educación. Por su parte, al representante socialista le ha dicho que “solo dejaban elegir a las familias los centros de alrededor de su casa”: “Ordenaban a cada uno en su corral, pero no le permitían ir al de al lado”.

Impagos a los trabajadores de limpieza

El titular de Educación ha asegurado que ultiman una respuesta ante los problemas con las empresas de limpieza de 70 centros escolares. El conseller ha explicado que la empresa ha “incumplido” su contrato debido a que “ofertó una bajada del 30 por ciento en el precio” -en relación con otras compañías-. Sin embargo, ante los sucesivos últimos incrementos del salario mínimo interprofesional, “que no han venido acompañados de una modificación de la legislación que permita que la administración pueda pagar más por esas contrataciones”, la empresa no haya podido cumplir con lo pactado y, ante ese incumplimiento, Educación “está tomando las medidas adecuadas”. Según afirma, se encargará a Tragsa la limpieza hasta que se resuelva el conflicto.