Del centro de València a Miami: la factura inmobiliaria del caso Cooperación

Un chalet de 800 metros cuadrados en Dénia, pisos en el centro de Valencia, viviendas en Castellón y hasta dos apartamentos en Miami. Podría ser la oferta de una inmobiliaria de lujo, pero son los inmuebles del caso Cooperación que la Generalitat Valenciana trabaja por recuperar para resarcir la deuda de funcionarios, empresarios y políticos con las arcas públicas.

El trabajo en la Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat Valenciana, a cargo del exportavoz socialista Antonio Torres, implica estar alerta de todos los movimientos judiciales en los que se ha personado o es parte afectada. Actualmente trabaja en la devolución de hasta 17 millones de euros repartidos entre el caso Gürtel, una parte de Emarsa y la última pieza del caso Cooperación, que afecta a los contratos en Haití. De los casos previos, ya con sentencia firme, la herencia aún se prolonga, dados los constantes recursos y alegaciones de los funcionarios.

Las primeras piezas del caso Cooperación dejan una estela de 12 inmuebles nada desdeñables que pasarán a manos públicas hasta completar la factura de lo desviado por la trama que dirigía el exconseller del PP Rafael Blasco. La Abogacía calcula que la responsabilidad civil asciende a 4,6 millones de euros, una cantidad a la que habría que sumar tres millones suplementarios por la reparación civil del daño moral causado. Entre los bienes decomisados, algunos a la espera de subasta, se encuentran propiedades del exconseller, de su socio Augusto César Tauroni y de tres funcionarios condenados.

Entre los inmuebles está la casa de barraca de Aguas Vivas (Alzira), una finca de 38.000 metros cuadrados y un chalet adosado que Blasco cedió en un 99% a su hijo, Rafael Blasco Císcar. La casa, diseñada por el arquitecto Vicente Guallart fue embargada en la primera de las tres piezas en las que se ha juzgado el saqueo de los fondos de cooperación de la Generalitat Valenciana y se adjudicó a una inmobiliaria portuguesa por una puja mínima de 624.110 euros, 300.000 menos de lo que marcó el colegio de procuradores. El valor de la subasta excluye el segundo chalet del interior, del que solo se puede vender un 1% y que ha sido adjudicado por 2.001 euros en tercera subasta.

Al otro lado del charco, en Miami, la Oficina de Recuperación está en contacto con el juzgado estadounidense para tramitar el decomiso de dos pisos del estrecho colaborador de Blasco. Tauroni adquirió con los fondos saqueados de Cooperación dos apartamentos en las lujosas Brickell Avenue y Biscayne Boulevard, con valores estimados superiores al millón de euros por cada inmueble. El testaferro siguió manejando a través de su esposa, Alina Indieikina, las propiedades valoradas en 1,2 millones en Miami, que finalmente fueron aportadas en el juicio como responsabilidad patrimonial.

Junto a los inmuebles de los principales urdidores de la trama la oficina persigue los bienes de los funcionarios que facilitaron el saqueo. Entre ellos se encuentra un chalet en Dénia, en la zona de Les Rotes, con más de 700 metros cuadrados de parcela y 175 metros cuadrados de vivienda útil. La valoración aportada por el funcionario, Marc Llinares, es de 395.000 euros, un precio notablemente inferior al de cualquier propiedad en la zona. La Generalitat Valenciana también persigue varios pisos en el centro de Valencia y en Castellón y en otros municipios de sendas provincias, con tasaciones que oscilan entre los 160.000 euros y los 566.000, varios de ellos pagados con el dinero saqueado por la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes). Otros, como los de Alex Hugo Catalá, Tina Sanjuán o Marcial López, han sido aportados como responsabilidad patrimonial. El Gobierno valenciano ya recuperó en octubre tres inmuebles que la Fundación Cyes compró con el dinero procedente de dos subvenciones destinada a Nicaragua; tres oficinas en una primera planta de la avenida de Ausiàs March de València, con una superficie construida de 295,90, 182 y 98,60 metros cuadrados.

Las triquiñuelas de los condenados para evitar el embargo son varias. Algunos afirman que residen en los céntricos inmuebles; otros, que no tienen otra vivienda a la que ir, pese a que sus parejas o familiares cuentan con varias viviendas más. En otros casos, los condenados aducen que los pisos se encuentran en régimen de capitulaciones, al 50% con sus parejas, pese a que el acuerdo llegó tras el juicio de las primeras piezas del caso. Mientras, la oficina de recuperación sigue de cerca los procesos y las alegaciones de los condenados para evitar que los inmuebles queden en el limbo y recuperar hasta el último céntimo -y metro cuadrado- de los 7,2 millones de euros saqueados a las arcas públicas.