La coalición Compromís reclama a Turismo introducir algunas limitaciones de renta al bono viaje, una medida activada en 2021 como apoyo al sector turístico, afectado por la pandemia. El objetivo de la ayuda impulsada por el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, que cubría un máximo del 60% del coste de las pernoctaciones y de 600 euros en total, era incentivar la movilidad en la Comunitat Valenciana y respaldar al sector de los alojamientos hoteleros, costeando parte de las estancias en temporada baja. El presupuesto en sus dos años de Ejecución ha sido de 15 millones de euros en cada convocatoria.
La falta de limitaciones de renta para pedir el bono ha derivado en algunas cuestiones llamativas. Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, en algunas ocasiones se han financiado estancias de hasta 2.000 euros en un fin de semana -con el máximo de 400 euros que marca el decreto para las pernoctaciones breves-, en hoteles o balnearios de lujo, como el hotel Las Arenas o el Asia Gardens de Finestrat, a razón de 1.000 euros la noche para dos personas.
Los únicos requisitos para obtener la ayuda son estar empadronado en la Comunitat Valenciana, estar al corriente de los pagos con Hacienda y la Seguridad Social y hacer la reserva en uno de los establecimientos adscritos. El 8% de las estancias financiadas supera los 900 euros de coste. El bono se pide inscribiéndose en una lista a través de un portal de la Generalitat, y se va adjudicando por orden de inscripción.
La coalición considera que una persona que puede permitirse pagar 2.000 euros por una escapada de fin de semana no necesita una ayuda pública para hacerlo, y plantea introducir, a través de la ley de acompañamiento, algunas limitaciones. Los valencianistas plantean cambiar el concepto de la medida y añadir en sus objetivos estimular la demanda turística “garantizando que los beneficiarios pertenezcan a rentas medias y bajas”. Según esta propuesta, se financiarán las estancias de un máximo de 250 euros por noche -manteniendo el importe máximo de aportación pública en 600 euros-, lo que afecta al 66% de las estancias subvencionadas en el último año.
A la par, los valencianistas plantean en las negociaciones con Turismo incluir en los requisitos una declaración responsable de que los beneficiarios no superen los 35.000 euros de ingresos anuales, incidiendo en el condicionante de la renta para recibir una ayuda pública.