El decreto valenciano de vivienda crea un portal inmobiliario público y permite al Ejecutivo limitar el precio del alquiler

La vivienda es un derecho, no es solo un bien de mercado, pero por las reglas del mercado se regula. Y mientras no cambie el marco legal, las administraciones públicas que deseen regularla necesitan sortear estos límites. El Gobierno valenciano se topó con el portazo del Tribunal Constitucional para poder intervenir en las viviendas deshabitadas para grandes tenedores por una cuestión competencial, la misma que le impide regular los precios del alquiler mientras no se apruebe una norma estatal que ejerza de paraguas. Así que la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, de Unides Podem, ha buscado otros mecanismos para fomentar el alquiler a precios asequibles. Esto es: que el precio de la vivienda no supere el 25% de la renta de quienes la habitan.

El Ejecutivo del Pacto del Botánico aprobará en los próximos días un ambicioso plan de movilización de viviendas vacías y de fomento del alquiler asequible para cumplir el mandato constitucional. El plan se concreta en un decreto que se llevará al próximo pleno del Consell, un documento con 150 artículos en los que se regula la figura del gran tenedor –agente inmobiliario con más de 10 viviendas– y de vivienda deshabitada, pero que también establece otras medidas para deshinchar la burbuja que empobrece a miles de ciudadanos y dificulta la emancipación de otros tantos. Por citar algunos ejemplos: cuatro de cada cinco jóvenes valencianos no puede emanciparse y, de media, un menor de 30 años debe destinar más del 70 % de su sueldo a un alquiler en solitario, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Mientras, la valenciana es la autonomía con mayor subida del alquiler desde 2016, cerca de un 50% según los portales inmobiliarios, aunque durante la pandemia ha caído un 3% el precio medio. Y en paralelo, la Conselleria de Vivienda estima que entre los bancos y la SAREB hay 20.000 viviendas deshabitadas, sin contar las destinadas al alquiler turístico.

En este contexto, el departamento que dirige Héctor Illueca, también vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, ha elaborado un decreto por el que forzará a los grandes propietarios a movilizar las viviendas desocupadas y así, con las reglas del mercado, aumentar la oferta para acercarla a la demanda. Pero el Consell del Botànic no dejará en la mano invisible la responsabilidad de equilibrar ambas líneas en la gráfica. El decreto establece la creación de un portal inmobiliario en el que la Administración pública ejercerá de intermediario entre los agentes y los demandantes. Bajo el nombre de Xarxa Lloga'm (red alquílame en castellano) se creará una web de acceso público, similar a las existentes en la compraventa y alquiler de viviendas, en la que se publicarán los pisos vacíos de grandes tenedores o los de particulares de forma voluntaria y a precios asequibles. Además, se faculta a la Conselleria de Vivienda para aprobar, modificar y actualizar la limitación de la renta máxima de alquiler, acorde a la situación de cada municipio.

La red consiste en “un sistema voluntario de obtención de viviendas privadas para su oferta a precios asequibles” y el departamento con competencias en Vivienda ofrecerá servicios de asesoría jurídica y vigilará que los contratos se hagan conforme a la ley, con el pago de impuestos, de fianzas y actualizaciones de renta acordes al IPC. Aquellos propietarios que no tengan la consideración de grandes tenedores pueden inscribirse en el portal y obtener beneficios fiscales. Los objetivos del portal son “racionalizar los procesos de conexión entre demanda y oferta de vivienda para atender las necesidades de acceso a una vivienda”, aumentar la oferta asequible de vivienda, fomentar la transparencia y profesionalidad en el mercado del alquiler y “establecer un sistema de garantías y prestaciones que garantice los derechos de las personas arrendadoras y arrendatarias”.

Las viviendas deberán incluir una serie de requisitos de habitabilidad y tamaño. Las personas arrendadoras que deseen inscribir su vivienda en deberán hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como no haber sido sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. El Gobierno autonómico habilitará ayudas económicas para los particulares que quieran incorporar su vivienda al portal y necesiten rehabilitarla, a la vez que fijas unas garantías para los propietarios. En paralelo al portal, que se pondrá en marcha una vez se apruebe el decreto, Vivienda creará una bolsa de hogares para situaciones de emergencia y para familias en riesgo de vulnerabilidad extrema. El objetivo, apuntaba Illueca, “es garantizar el derecho a la vivienda y preservar su función social”.