La instrucción del caso Alqueria, causa por la que tuvo que dimitir el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha llegado a su fin después de que se hayan practicado ya todas las diligencias. A partir de este momento, el juez instructor deberá presentar el escrito de procedimiento abreviado y de ahí las defensas, el Ministerio Público y la acusación presentarán los escritos para la apertura de juicio oral, el archivo de la causa o si se retoma por la vía administrativa. Los dos últimos altos cargos imputados en la causa que han sido interrogados, el exdirector de Proyección Económica, Josep Melero, y la exdirectora de Medio Ambiente, Soledad Torija, volvieron a señalar al director jurídico de Divalterra, José Luis Vera. Ambos coincidieron en que no observaron ninguna ilegalidad porque confiaban plenamente en Vera -quien no está siendo investigado en el caso- al considerarlo un “jurista de reconocido prestigio”. Los contratos de alta dirección han sido cuestionados por el Ministerio Público y la policía.
Fuentes jurídicas han explicado que, tanto Melero como Torija, mostraron a preguntas del juez su sorpresa porque tanto Vera como otro responsable jurídico, José Luis Pellicer, no cuestionaran estas contrataciones e incluso las supervisaran. Máxime, cuando el propio Pellicer fuera quien posteriormente denunció el caso ante la Fiscalía Anticorrupción junto a otro trabajador de la empresa. Los dos exaltos cargos llegaron a Divalterra a propuesta de Compromís y explicaron que su trabajo dependía de la cogerente, Agustina Brines, también investigada en la causa. Sobre si acudieron a trabajar, tanto Melero como Torija aportaron abundante documentación sobre los informes y trabajos que realizaron durante varios años. Esta parte de la instrucción es importante, porque si consiguen acreditar su trabajo en la empresa pública podría decaer el delito de malversación de caudales públicos.
El titular del juzgado de Instrucción número 9 de València también preguntó por su entrada en la empresa. Torija y Melero explicaron que enviaron un currículum y pasaron una entrevista.
En el conocido como caso Alquería se investiga, además de Jorge Rodríguez, a un total de 16 personas, entre ellos nueve supuestos “enchufados” en la empresa pública de la corporación provincial Divalterra -anteriormente Imelsa- vinculados al PSPV y Compromís.
También a quienes ocuparon el cargo de cogerentes de Divalterra: Agustina Brines (de Compromís), Josep Ramón Tiller (PSPV) y Javier Simó (del PSPV); al secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda, y a dos asesores de la Diputación, Ricard Gallego y Manuel Reguart.
A juicio de los agentes de la UDEF que han investigado el caso, estas contrataciones “se realizaron bajo la modalidad de personal de alta dirección, como un fraude de ley para evitar la aplicación de los principios del Estatuto Básico del Empleado Público”. Varios informes encargados por la propia Diputación cuestionaron la legalidad de esos contratos.
Desde las defensas, por el contrario, se insiste en que la causa tiene una componente meramente administrativa y en que “nadie se ha llevado un euro ni nadie quiso hacer las contrataciones de forma fraudulenta conscientemente”.
Argumentan, además, que la mayoría de los detenidos no tuvieron responsabilidad directa en las contrataciones, que al parecer fueron firmadas por Agustina Brines y José Ramón Tiller, con el apoyo jurídico de José Luis Vera (entonces responsable jurídico de Divalterra, no investigado en la causa).
Asimismo, aseguran que en el momento de realizar las contrataciones, los servicios jurídicos de Divalterra no apuntaron ninguna irregularidad, ni tampoco el informe externo encargado a Carlos Alfonso Mellado, catedrático de Derecho Laboral y presidente del Comité Económico y Social (CES).