El PP acosa a la alcaldesa de Alicante para que dimita
Dos imputaciones, doble responsabilidad. Esto es lo que parece insinuar el President de la Generalitat, Alberto Fabra, a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP). Las líneas rojas contra la corrupción que trazó Fabra se quedaban en principio en las Corts, hasta aquí llega en principio su poder, y así sucedió con la imputación de Castedo en el caso Brugal por el que la alcaldesa tuvo que dejar la cámara autonómica; pero con una nueva imputación por corrupción urbanística, ahora por el plan Rabassa, el President estira estas líneas hasta el ayuntamiento alicantino.
Pero esta ampliación de responsabilidades se vislumbra forzada, la debilidad de Fabra en el PP y su futuro incierto como candidato a la Generalitat le impiden hablar claro y con autoridad. Fabra presiona a Castedo con la boca pequeña y con insinuaciones, recordando que “cada uno es titular de lo que es su acta, es personal”, no le exigía a la alcaldesa su dimisión, y su autoridad se reflejaba en la expresión: “Yo guardo para mí lo que es mi opinión y espero que todas las personas que ostentan un cargo público, en un momento donde hay una desafección importante de los ciudadanos hacia los políticos, sean transparentes”.
La número 2 del PP, Isabel Bonig, no iba a ser más contundente que su jefe de filas, y preguntada por la situación de Sonia Castedo se limitaba a recordar que las líneas rojas sólo se marcan en las Corts y para la confección de las listas electorales. Además cabe recordar que la elección de los candidatos de las capitales provinciales depende de Génova.
Pero otro problema que surge sería el sucesor interino de Castedo hasta las elecciones de mayo. Así cabe recordar que el vicealcalde de Alicante, Andrés Llorens, también está imputado, igual que el concejal Juan Seva, por lo que la opción transitoria podría ser el concejal Miguel Valor. A partir de ahí a buscar candidato, las favoritas: la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, o la diputada en el Congreso Macarena Montesinos.
Desde la oposición no se es menos. Compromís, EU y PSPV piden su dimisión, pero estos últimos llegan al extremo de pedir prisión provisional para Castedo afirmando que hay riesgo de destrucción de prubas y de creación de alarma social.
