PP y Vox citan a 40 altos cargos para investigar el sector público durante el mandato de Ximo Puig tras las vacaciones

El PP y Vox dejan para después de las vacaciones de verano la comisión de investigación del sector público instrumental en la etapa del gobierno de Ximo Puig. Populares y ultraderecha estiran la convocatoria parlamentaria tras un año insistiendo en la sospecha de irregularidades en las empresas públicas y el anuncio reiterado de auditorías de las empresas públicas sin demasiada concreción.

Los grupos que conforman el Gobierno central han aprobado su plan de trabajo valiéndose de su mayoría parlamentaria y entre críticas de la oposición, que lo considera una “factoría de titulares”, haciendo hincapié en el interés suscitado. En concreto, la coalición de derechas cita a 40 altos cargos del Ejecutivo de Ximo Puig, entre los que se encuentran los exconsellers de Educación, Vicent Marzà, y la exconsellera de Justicia, Gabriela Bravo. También se reclama la comparecencia de Maria José Mira, que permaneció unos meses en el Consell de Mazón en el área de Economía, José María Ángel, exresponsable de Emergencias; Enric Nomdedéu, a cargo de los servicios públicos de Empleo; Anaïs Menguzzato por Ferrocarrils de la Generalitat; José Luis Pérez Pont, exresponsable del Consorci de Museus cesado por Vox y la primera responsable de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Empar Marco.

El portavoz del PP en la comisión, Fernando Pastor, ha justificado que no empiezan de inmediato porque todavía no cuentan con la documentación solicitada a los entes públicos. Las Corts Valencianes terminan su periodo de sesiones el 15 de julio y no regresarán hasta septiembre. Las empresas públicas tienen 20 días hábiles para aportar la información que reclamen los diputados y estos tienen otros tantos para estudiarla. El popular considera que el Ejecutivo de PSPV, Compromís y Unides Podem fue “el gobierno más caro de la historia, con duplicidades y contrataciones al margen de la ley”.

El plan de trabajo aprobado prevé reuniones los jueves que no haya pleno. Teniendo en cuenta el inicio del periodo de sesiones y los plazos marcados, se estima que no haya una convocatoria hasta octubre. En noviembre, si el Consell cumple los plazos para presentar los presupuestos, las Corts Valencianes entrarán de lleno en el debate de las cuentas públicas del año siguiente, acompañadas de la ley de medidas fiscales. Será difícil, con este calendario, que la investigación parlamentaria avance antes de que termine el ejercicio.

La oposición cree que hay una intencionalidad clara con este marco temporal: dilatar lo posible las sospechas sobre su gestión. El diputado del PSPV, Toni Gaspar ha afirmado que no esperan “nada” de la comisión porque “las conclusiones ya están escritas”. “No sé si el PP quiere encontrar cómo el Botànic ha intentado arreglar los pufos de años anteriores”, ha ironizado, para añadir que en la pasada legislatura se realizaron comisiones de investigación “porque hay sentencias” mientras que “ahora hay observaciones”.

La portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha denunciado que los socios de gobierno “quieren alargar durante toda la legislatura para hacer oposición a la oposición”, y ha recordado que el sector público ya está sometido a auditorías anuales por diversos entes. La diputada ha asegurado que el president, Carlos Mazón, “anunció una auditoría privada del sector público que no ha hecho porque en realidad no hay nada”. “Nosotros heredamos muchos casos de corrupción y lo que hicimos fue intentar arreglar todas las fechorías de esta gente, y no tenemos ningún problema con que vengan a comparecer nuestros gestores”, ha concluido.