Salvador Navarro, presidente de la CEV y vicepresidente de CEOE: “El Gobierno tiene que aprobar una quita, el 78% de la deuda valenciana es ilegítima”

Salvador Navarro (Valencia, 1963) no para de incorporar empresas a la patronal. Ya sean las multinacionales recién llegadas a la Comunitat Valenciana como PowerCo o los clubes de fútbol como el València CF. Presidente de Confederación Empresarial Valenciana (CEV) desde 2010 y vicepresidente de la CEOE, sigue a diario la agenda política valenciana, con las reivindicaciones en materia de financiación autonómica como un asunto de primer orden. Pese a que ha puesto en apuros al PP y al PSPV-PSOE, es vehemente al reclamar la condonación de la deuda histórica, que considera “ilegítima”, alineándose con los expertos en financiación y defendiendo a capa y espada la Plataforma pel Finançament Valencià en la que trabaja de la mano de los sindicatos.

Al líder de la patronal no le gustó nada que en la última reunión de la plataforma, tras años de consensos, la coyuntura nacional dinamitara los pactos, y así se lo abronca a los partidos: “No se quiso llegar a un acuerdo porque los partidos de esta comunidad siguen dependiendo de sus entornos en clave nacional”, afea.

La infrafinanciación y la falta de fondos conllevan que el Gobierno autonómico apenas tenga presupuesto para inversiones en el tejido productivo, algo que toca de lleno al sector al que representa. De la nueva legislación, las relaciones con el Gobierno autonómico y la situación económica conversa desde su palaciego despacho con elDiario.es.

La CEV acaba de presentar sus previsiones económicas para el cierre del año, con buenos resultados para la economía valenciana ¿Qué análisis hace?

Llevamos trabajando años en la senda de estabilidad social. La época de pandemia sirvió para reafirmar el compromiso de los empresarios con los sindicatos y con la administración en aras de esa paz social y política que ha tenido la Comunidad Valenciana y que en estos momentos continúa. El presidente Mazón mantiene el compromiso del diálogo social con un calendario anual. El resultado es una comunidad con cero problemas laborales, con menos problemas sociales que otras comunidades autónomas y con estabilidad política que se posiciona en un enclave para los inversores. La prueba es que en 2023 hemos sigo la segunda comunidad en inversión o con la decisión de PowerCo de incorporarse a nuestro territorio. Es una imagen de marca que vamos trasladando poco a poco.

No solo crece por la vía del turismo: vuelve a tener peso la construcción, las exportaciones...

Y está el plan de reindustrialización, en el que hemos estado trabajando. La Comunidad Valenciana tiene algo que no tienen otras comunidades, el posicionamiento geoestratégico. El puerto, somos el único corredor ferroviario verde que tenemos con Madrid, que es el 25% de nuestras exportaciones portuarias; las universidades públicas en los primeros puestos de rankings europeos, estabilidad social... y el compromiso de que, como dice la consellera o el presidente, la Comunitat Valenciana será turística o no será, pero también el compromiso de trabajar la industria. La experiencia que vivimos en la época de pandemia de que cualquier producto básico tiene que ser importado es una lección, y hay una masa de empresarios con posibilidades industriales.

El punto de intransigencia del PSPV-PSOE con el fondo de nivelación fue absoluto, esto con Ximo Puig no hubiera pasado

¿La reindustrialización es la línea que ha marcado Europa, pero ven factible materializar el plan con plazos tan cortos, que se muevan dos mil millones de euros en cuatro años?

Es un compromiso del gobierno y se tiene que materializar. Por eso el plan simplifica. En esta comunidad hemos sufrido mucho con las cuestiones de la economía verde, con los parques eólicos y solares; los proyectos estaban paralizados porque Compromís desde su conselleria paralizaba cualquier proyecto mediano o grande. El plan simplifica agiliza trámites y proyectos importantes, es otra buena decisión que llevábamos tiempo trabajando, también con la anterior administración.

Cuando Ximo Puig tomó posesión en 2015 anunció un plan de desburocratización, Mazón un plan simplifica... ¿Se acaban de creer estos planes?

Este plan trabaja con inteligencia artificial, con compromisos de aprobar proyectos y subvenciones en 24 o 48 horas, con el compromiso de la declaración responsable y de que cualquier funcionario no va a paralizarlo así como así... Esto está por ver. Lo que nos está llegando es que en el sector de las renovables están cómodos porque han participado. La administración tiene que ejercitar el papel de responsabilidad ante el ciudadano y la empresa. Hay que reconocer que un proyecto paralizado, como ha habido muchos, para la administración es economía parada, empleo parado e impuestos parados. Creemos que la administración tiene que modernizarse y dejar las viejas ataduras. Queremos reciprocidad: si la administración me pide responsabilidad, yo a la administración también se la puedo pedir.

Se están modificando leyes que recuerdan a otros tiempos. La ley de Costas, por ejemplo, que permitirá construir hoteles a 100 metros en un litoral saturado. ¿Apoyan esta medida?

Creo que esta cuestión se hará con el máximo de los respetos. En las Corts se va a negociar y los grupos van a mejorar las propuestas, estamos en contacto con ellos, les pedimos propuestas. Estamos pidiendo a los partidos que hagan sus propuestas y que permitan que el plan simplifica salga adelante.

Ford ha retrasado un par de años la llegada del coche eléctrico, PowerCo está pidiendo algo de tiempo... ¿Le preocupa el parón en el sector del vehículo eléctrico?

Me preocupa que España sea el segundo país en fabricación de vehículos de motor de combustión y podamos perder ese liderazgo. Si lo perdemos es porque la administración no ha hecho los papeles. Faltan infraestructuras, necesitamos una apuesta clara de la Administración. Y los ciudadanos nos tenemos que mentalizar.

¿Cuál es su posición respecto a la entrada de vehículos chinos?

Primero que se pongan construyan las infraestructuras, que haya ayudas y lleguen a tiempo, que la infraestructura permita al ciudadano tomar sus decisiones. En cuanto a los aranceles, son políticas de Estado y Europeas; creo que primero tenemos que tener unas fábricas para poder competir con productos chinos, igual que la competencia con los productos de Sudáfrica. No podemos poner puertas al campo; somos un país exportador, una comunidad exportadora, si todos hacemos lo mismo... Exigimos reciprocidad, igual que con los fitosanitarios. Si a las fábricas se les obliga a determinadas cuestiones medioambientales, los productos que vengan, como los coches, deben cumplir las mismas condiciones.

¿La inversión tecnológica les parece suficiente para poder competir?

La cuestión tecnológica está a la par. Es cierto que tenemos que hacer una apuesta mucho mayor, tanto la administración como las empresas.

Pasemos a abordar la financiación autonómica. ¿Qué sucedió en la última reunión de la plataforma? Todos abroncaron su actitud al PSPV-PSOE.

Me sorprendió mucho su actitud. Primero, que cuando planteamos la reunión no vimos que PP y PSPV tuvieran mucha voluntad de asistir. La postura del PSPV fue incomprensible por parte de todos. Decían que era otro momento [para abordar el conflicto], pero con el arco parlamentario como está, tal vez no sea el mejor. Como manifestó la representante de Comisiones Obreras, hay cuestiones con las que uno no está de acuerdo respecto a la acción del Gobierno autonómico, pero esas cuestiones se tienen que debatir en las Corts Valencianes. El portavoz socialista, José Muñoz, también dijo que el Consell estaba bajando impuestos a los ricos, pero consideramos que esa no era la mesa para abordar esos asuntos. El punto de intransigencia con el fondo de nivelación fue absoluto. Esto con Ximo Puig no hubiera pasado.

Según trasladaron los presentes después, los socialistas planteaban vincular estas peticiones a cuestiones políticas como la corresponsabilidad fiscal o la votación de la senda de déficit...

Nosotros utilizamos el documento del 2023, aprobado por todos en la Plataforma, que hablaba de cambio de modelo de financiación, inversión en infraestructuras y compensación de la deuda. El PSPV nos dijo: este documento no vale, hay que añadir que el Gobierno autonómico no baje impuestos a los ricos. Siguieron con que el fondo de nivelación no es conveniente porque estamos en otro momento, la compensación sí, y que no iban a dar una carta libre a Mazón para que se reuniera con el presidente del Gobierno. Nosotros manifestamos que el propósito era el contrario, que estos son los términos que obtienen el respaldo de la plataforma. No se quiso llegar a un acuerdo, y no se quiso porque los partidos de esta comunidad siguen dependiendo de sus entornos en clave nacional. En el caso del PSPV, Ferraz y en el caso de Diana Morant, claramente el Gobierno.

¿Cree que la secretaria general del PSPV-PSOE no tiene autonomía?

Si yo hubiera sido ella, hubiera pensado que pese a estar en la Ejecutiva del partido y en el Gobierno, en mi comunidad debo defender esto. Por eso digo que con Ximo Puig no hubiera pasado; se hubiera desmarcado y hubiera ganado liderazgo.

¿Cree que este cambio en los socialistas puede afectar al futuro de la Plataforma?

Esté quién esté, vamos a seguir convocando. En octubre una próxima reunión y en noviembre, en el aniversario de las manifestaciones que hemos hecho con distintos gobiernos. También en la mesa se dijo que el PP había aprovechado para meterse en la plataforma cuando ganó las primarias. Pues muy bien, fue su compromiso y lo hizo.

¿Cuán de importante es la deuda histórica en esta reivindicación?

Tanto como que el tejido productivo no está lo bastante apoyado porque el Gobierno autonómico porque tiene que centrarse en partidas sociales, cosa que entendemos. Cerca de 900 millones de euros del presupuesto se van a pagar intereses y el 85% del presupuesto de la Generalitat se va en partidas sociales.

¿Por qué cree que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se resiste a incorporar la quita de la deuda? Si podría aprobarse mañana, como el fondo de nivelación.

Mazón no se resiste a eso. El compromiso del PP en la Plataforma, compromiso que ha hablado conmigo, son los tres puntos: reforma del sistema de financiación, el fondo de nivelación que consiguió incluir en el documento del PP nacional.

Cuando estuvimos en Madrid, en una jornada con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña dijo que estaba de acuerdo con la condonación de la deuda.

Lo incluyó en el documento del PP nacional para todas las comunidades y no solo para las infrafinanciadas. Y luego en sus mociones del Senado no lo incluyen.

En los juegos políticos hay que entender mucho, y yo no entiendo, pero creo recordar que el PP lo ha metido en dos ocasiones en el Senado y ha salido. A la tercera que lo incluyes te pueden decir que no se puede votar.

Pero en la reunión con el presidente del Gobierno tampoco parecía muy por la labor. ¿No les parece que cambia de posición según el interlocutor?

Otra cosa es la estrategia que tenga con su partido. Cuando estuvimos en Madrid, en una jornada con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña dijo que estaba de acuerdo con la condonación de la deuda.

¿Y cuánta deuda nos tiene que condonar el Gobierno? Hay discrepancias en la cifra.

El 78%, que es lo que marcan los expertos del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Ya vamos casi por 60.000 millones. Como bien dicen los expertos, la deuda es ilegítima. Esta deuda es ilegítima porque venimos de un modelo de financiación que ha sido ilegítimo. Si hay unos expertos en financiación, que de acuerdo con la Airef y otras entidades, marcan que la compensación es entre 1.300 y 1.700 millones de euros, está claro que los necesita. El 78% de nuestra deuda es ilegítima. Y de cara a Europa, es deuda del Gobierno, ya está mutualizada y computa como deuda del Estado. El Estado tiene capacidad para sacar dinero de otras partes. En el tema de la deuda, está todo claro: cambio de modelo, fondo de nivelación -con cantidad a pactar- y quita o condonación de la deuda, estas dos últimas antes de negociar la reforma.

Antes de convocar la mesa le pidieron a Compromís que presionara.

Les dijimos, con cariño, que su crédito se ha acabado. En dos ocasiones firman compromisos con el Gobierno que no se han cumplido. Si vuelven a dar su voto al Gobierno, que tengan claro qué es lo que van a conseguir. Para mí, que lo consiga Mazón, Compromís o Morant... Pues ojalá fueran capaces de unir a sus diputados por el bien de los ciudadanos. Ahora mismo, a quien veo mejor posicionado para ejercer influencia es a Mazón.

¿Cómo vio la reunión del presidente de la Generalitat con el presidente del Gobierno? Consiguió un compromiso en Ford, en el PERTE del chip o la cerámica.

El presidente nos trasladó los 56 puntos el lunes anterior. Creo que si un presidente te llama, por lealtad institucional uno tiene que acudir. Y abrir una puerta de contacto. Me alegro de que lo consiguiera. Ahora, hay que estar vigilante.