Ultimátum al Valencia CF: el club, abocado a presentar un aval urgente a las obras del nuevo estadio para mantener las ventajas urbanísticas

La Abogacía de la Generalitat Valenciana considera que el Ejecutivo autonómico debe dar un paso adelante en el conflicto con la propiedad del Valencia CF por el plan urbanístico del nuevo Mestalla y aboca al club a tomar una decisión urgente. Los servicios jurídicos autonómicos se han pronunciado en un informe a petición de la Conselleria de Obras Públicas, que planteó sus dudas sobre las acciones administrativas a emprender en la parálisis de las obras a las que se comprometió la sociedad mercantil desde 2015.

Los abogados de la Generalitat consideran que la promotora de las obras -Valencia CF SAD- ha incumplido las dos fases de la Actuación Territorial Estratégica (ATE), que incluye la ejecución del polideportivo de Benicalap, la finalización de las obras del nuevo estadio y demolición y urbanización del viejo Mestalla, y que la Administración pública tiene la obligación de resolver anticipadamente la ATE. El informe de la Abogacía, que tiene carácter preceptivo, no vinculante, recomienda que la decisión se adopte en el Pleno del Consell previo acuerdo y plantea dos vías para la resolución del conflicto: declarar la caducidad de la actuación o sustituir al promotor urbanístico. La propuesta final debe partir de las dos consellerias implicadas: Territorio y Economia Sostenible.

El conseller de Obras Públicas, Arcadi España, cuyo departamento solicitó el informe a los servicios jurídicos, señala que, “con la información que tenemos sobre la mesa, la obligación jurídica de la Administración es resolver de forma anticipada la ATE”. El titular de Infraestructuras y Territorio, una de las consellerias implicadas en el proyecto, advierte al club: “O la propiedad del Valencia CF da pasos transparentes, creíbles y económicamente viables para cumplir sus compromisos o se resolverá de forma anticipada”. España recuerda que “la Generalitat Valenciana siempre ha trabajado en garantizar el interés público, con sangre fría y la ley en la mano”.

España, que se muestra contundente con el club, deja aún una puerta abierta a los propietarios para resolver el conflicto antes de iniciar el procedimiento de oficio que avalan los servicios jurídicos. El Valencia CF recibirá una inversión de La Liga de 120 millones de euros, de los cuales debe dedicar un 70% a mejora de infraestructuras e innovación. Esta inyección de liquidez deja a la mercantil sin excusas económicas para no proceder a la reactivación de las obras, sin avances en el esqueleto del nuevo estadio desde hace seis años.

En el otro frente del club con la Generalitat, el de la Conselleria de Economia Sostenible, el Valencia CF insistió en la necesidad de prorrogar los plazos de la ATE, cuya paralización atribuyó a la crisis de la Covid-19 y a una falta de colaboración del Ayuntamiento que la propia corporación desmitió días después rotundamente. Estos argumentos se enviaron en un escrito de alegaciones al procedimiento administrativo que trabaja la conselleria de Rafa Climent para determinar si procede prorrogar los plazos de la ATE tal y como solicitó el club a mediados de abril. Tras recabar informes del Ayuntamiento y de la Conselleria de Política Territorial, resolvió que no procedía la prórroga por falta de garantías económicas que avalaran el nuevo calendario propuesto por el club, según el cual se compromete a iniciar la construcción del polideportivo de Benicalap en 2022 y finalizarlo en diciembre de 2023, así como retomar las obras del nuevo estadio a mediados de 2024 para culminarlo a mediados de 2026.

El informe de los abogados de la Generalitat llega en la víspera del vencimiento del plazo de ejecución del primer tramo de la Fase 2 de la ATE, este viernes 20 de agosto, fecha a partir de la cual Territorio emitir un informe para pronunciarse sobre su situación. No obstante, no hay previsión de plenos del Consell hasta septiembre.