El portavoz de Justicia del PP y Eduardo Zaplana, una amistad a prueba de una petición de pena de 19 años de prisión

Una tarde previa a las Fallas en Valencia. Dos amigos pasean por Valencia en dirección al centro de la ciudad, ocupada ya por carpas y monumentos falleros. Se trata de Luis Santamaría, diputado del PP en el Congreso y portavoz en la Comisión de Justicia, y de Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del Gobierno de José María Aznar, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de 19 años de prisión por los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad y prevaricación administrativa. El. Ministerio Público sitúa a Zaplana como el jefe de la presunta trama del 'caso Erial', por el que está procesado y al borde del banquillo de los acusados, y eleva a 20,6 millones de euros el “dinero delictivo” oculto en paraísos fiscales proveniente de “operaciones de corrupción”, según el escrito de acusación.

Sin embargo, ante este complicado panorama judicial, el expresidente de la Generalitat Valenciana sigue manteniendo relevantes vías de contacto en el PP a través de Luís Santamaría, el diputado valenciano en el Congreso que nunca ha ocultado su amistad con el acusado. Santamaría ha sido subdelegado del Gobierno en Valencia y conseller de Justicia durante el último Gobierno autonómico de Alberto Fabra. Actualmente es portavoz de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados.

El parlamentario popular incluso ha llegado a echarle un capote a la defensa jurídica de su amigo procesado. En la comparecencia del excomisario José Manuel Villarejo por supuestas operaciones de los servicios secretos españoles para armar casos judiciales contra el PP, a petición del PSOE, el policía de los cloacas insinuó sin aportar prueba alguna que el 'caso Erial' se inició como una suerte de conspiración contra Zaplana, a pesar de que los socialistas no gobernaban cuando se inició la causa.  

Villarejo respondió que el PSOE encargó a los servicios secretos montar una causa contra Zaplana mediante un confidente (en referencia a la documentación que un empresario sirio entregó a Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', y que propició el inicio de las pesquisas del 'caso Erial'). “Creo recordar que había un interés, no sé por qué, de destruir al señor Zaplana y se utilizó a un informador sirio, un confidente del CNI”, contestó Villarejo a las preguntas de Santamaría.

La defensa de Zaplana enseguida pidió a la jueza instructora que declarara el excomisario en la causa. Sin embargo, todas las peticiones en esa línea han sido rechazadas. Los intentos del ministro del PP por torpedear la investigación del 'caso Erial' han sido constantes durante toda la instrucción de la magistrada Isabel Rodríguez, titular del Juzgado de Instrucción número 8.

Eduardo Zaplana cuestiona el inicio de las pesquisas con la documentación intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho del anterior abogado de Marcos Benavent, que dio un bandazo en su estrategia de defensa en el 'caso Taula', por el que ya ha sido condenado a casi ocho años de prisión por blanqueo de capitales. El 'yonqui del dinero' reniega de su anterior letrado, dando así munición al expresidente de la Generalitat Valenciana.

Sin embargo, ni las declaraciones de Villarejo ni la nueva táctica de Benavent han logrado hacer naufragar la instrucción del 'caso Erial'. La instructora dictó el auto de procesamiento de Zaplana el pasado junio como dirigente de una “organización” cuyos componentes se aprovechaban de los cargos políticos “que ostentaban en el momento de los hechos o habían ostentado a lo largo de varios años” y que con ayuda de empresas pantalla “creadas ex profeso” y de empresarios cercanos al exministro obtuvieron beneficios de contratos públicos hinchados que posteriormente blanquearon a través de una compleja lavadora internacional que pasaba por paraísos fiscales como Luxemburgo, Suiza, Panamá, Andorra o Uruguay, entre otros destinos. 

El juicio del 'caso Erial' está todavía pendiente de señalamiento, aunque el ponente provisional es el magistrado conservador Pedro Castellano, presidente de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia que libró al PP de la causa del blanqueo en el marco de la pieza separada A del 'caso Taula', relativa al 'pitufeo' durante las elecciones municipales del 2015.

Un botín de 20,6 millones de euros

La defensa de Eduardo Zaplana cuenta con el lastre de las confesiones de los dos blanqueadores de la trama, el abogado uruguayo Fernando Belhot y la letrada española afincada en Luxemburgo Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía. Belhot entregó 6,7 millones de euros de la trama escondidos en Suiza, una cantidad transferida a la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos.

Por su parte, el fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, solicitó una pena de 19 años de prisión para Zaplana. El escrito de acusación cifra en 20,6 millones de euros el presunto botín de la trama. Una dura petición de pena que no quebranta la amistad entre el acusado y el portavoz de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados.