La presión social abre la primera gran causa judicial contra las agresiones de la extrema derecha valenciana
La investigación abierta por el titular del juzgado de Instrucción número 15 de València que ha acabado con la imputación de 13 miembros de la extrema derecha por las agresiones políticas del pasado 9 d'Octubre pueden suponer un antes y un después en la percepción social de estos movimientos filofascistas en la Comunitat Valenciana y España.
De hecho, es la primera vez que la justicia valenciana abre una causa de tal magnitud contra un grupo organizado de personas por delitos contra los derechos fundamentales (delito de odio) con motivación discriminatoria por razones ideológicas. Es decir, por formar parte de una manifestación progresista y que, entre otros lemas, reivindicaba el valenciano.
Es también la primera vez que un juzgado investigará a miembros de Ultras Yomus, los aficionados radicales del València CF, vinculados a movimientos filofascistas y por delitos de odio. Se trata sin duda de un momento muy importante puesto que la justicia pasa de tratar sus actuaciones como delitos comunes -faltas o desórdenes públicos- a investigar su vinculación con la extrema derecha y sus motivaciones ideológicas y organizadas para perseguir a ciudadanos que piensan de una manera diferente.
El propio atestado de la policía nacional ya fija que la motivación de los ultras del València CF fue política, lo que agravaría las responsabilidades penales a las que se enfrentan. Nueve de las personas detenidas están, según la policía, “relacionadas con el entorno activo de ideologías próximas a la derecha más radical de esta Comunidad y provincia, particularmente como integrantes o simpatizantes del Grupo Yomus”. Pese a las constantes denuncias y condenas por agresiones de estos individuos —algunos de ellos con hasta penas de cárcel — nunca se habían visto implicados por delitos de odio o ideológicos.
De esa opinión es Anna López, experta en movimientos de extrema derecha y autora de la tesis doctoral España 2000, la evolución de la derecha radical valenciana (2003-2015). Para esta periodista y doctora en Ciencias Políticas, el caso de las detenciones de los miembros de los Ultras Yomus “podría calificarse de histórica, sobre todo, porque la asociación de la violencia de extrema derecha con el fútbol valenciano, donde se han recluido desde los años 90”. “Nunca antes se habían producido detenciones por un delito tan específico, que manifiesta, esperemos, el principio del fin de su violencia. Un pequeño paso más que necesario”, asegura.
De hecho, esa vinculación política es la que siempre han querido evitar estos ultras. En el asesinato del joven antifascista Guillem Agulló en 1993 a manos de radicales de la extrema derecha valenciana, sus verdugos siempre intentaron desvincularse de estos movimientos radicales para que la condena fuera menor. Una finalidad que consiguieron, puesto que llevaron la agresión al terreno de una pelea entre jóvenes. El tiempo y los hechos confirmaron que el tribunal se equivocó puesto que el asesino condenado de Agulló, Pedro Cuevas, acabó formando parte de las listas del partido de extrema derecha Alianza Nacional y ha estado vinculado a los Ultras Yomus.
La experta Anna López también considera la decisión judicial de abrir una macroinvestigación por delitos de odio contra estas trece personas porque “supone un paso muy importante para visibilizar el problema que tiene España con la impunidad y permisividad política, social y judicial con la violencia y la ideología de la extrema derecha”.
En el caso valenciano, apunta la periodista y doctora en Ciencias Políticas, “el trabajo que deben realizar desde las autoridades judiciales es todavía mayor respecto a otras autonomías, y así lo demuestran, por ejemplo, las estadísticas de los delitos de odio o los recientes acontecimientos del pasado mes de octubre”. “Mientras que en el resto de Europa los delitos de odio se registran, contabilizan y se castigan en el ámbito penal, aquí tenemos que celebrar (por ser una excepción) este tipo de detenciones”, apunta.
Por otra parte, señala, en este proceso ha sido muy importante la actuación —más o menos rápida— de la Fiscalía, así como los atestados y denuncias y la modificación del discurso institucional de algunos partidos de la Comunitat Valenciana. “Algunas fuerzas políticas han dejado de banalizar el problema con la extrema derecha (tanto política como la violenta), pues hasta el momento lo habían reducido a una cuestión de tribus urbanas y marginalidad, sin reconocer el delito de odio y la violencia neonazi”, añade.
De momento, actuarán como acusaciones en este proceso, las víctimas que denunciaron -una decena-, la Red Española de Inmigración, Movimiento contra la Intolerancia y la propia Fiscalía de Delitos de Odio. El juez también ha abierto la puerta a que se presente el Ayuntamiento de València para reclamar los daños por el mobiliario urbano, invitación que previsiblemente aceptará.
Y es que para la apertura de la investigación judicial de las agresiones de la extrema derecha del pasado 9 d'Octubre han sido fundamentales las denuncias de organizaciones y víctimas y de la aportación de documentación de los medios de comunicación o la Unió de Periodistes Valencians, que entregó abundante información gráfica a la policía, que también ha actuado con mucha rapidez. La unanimidad en las fuerzas políticas y la Delegación del Gobierno también ha permitido que los hechos del Día de la Comunitat Valenciana estén ahora judicializados.
