Sobre la propuesta de reforma constitucional del Gobierno valenciano

El mayor desastre político de la España contemporánea es que ninguna de sus Constituciones fue reformada. Cada ciclo constitucional se cerró con pronunciamientos, golpes de Estado o guerras civiles. El momento virtuoso que se abrió en 1978 merece su culminación con una reforma en profundidad -las reformas de los artículos 13 y 135 fueron puntuales, no afectan a la arquitectura básica de la Carta Magna y en ambos casos vino impuesta desde la UE-. En los 40 años de vigencia constitucional los cambios en normas similares de nuestro entorno han sido muchos y notables sin que, en ningún caso, se vivieran como rupturas dramáticas. La razonabilidad de la reforma viene dada por imperativos técnico-jurídicos: baste recordar lo que supuso la entrada en la UE y los posteriores cambios en su dinámica de producción normativa, la jurisprudencia europea o, en fin, la consolidación de un Estado autonómico en la forma a la que luego me referiré.

Pero, sobre todo, la reforma es inaplazable por cambios en la misma realidad. De nuevo hay que insistir en el impacto europeo, en los cambios geoestratégicos y su percepción -viraje de la centralidad a Asia, migraciones, fin de la bipolaridad- y en la importancia creciente -como reto democrático- de nuevas tecnologías, del funcionamiento social en red o del valor autónomo del conocimiento y el influjo de todo ello en el mundo del trabajo, en el ejercicio de libertades o en la concepción de la riqueza o de la educación. El cambio climático generar escenarios de largo alcance que también deben tener su reflejo en la norma básica, pues la lucha contra el mismo requiere de una totalidad y complejidad de esfuerzos a los que vendría bien contar con una referencia global. La coexistencia entre la conquista de derechos por las mujeres y, a la vez, el terrorismo machista incesante y los persistentes techos de cristal, es otra vertiente de la existencia que reclama una reflexión sobre los valores constitucionales y un reconocimiento que consolide los avances en la Constitución. En el plano político estricto hemos asistido en los últimos años a una crisis generalizada de la confianza en las instituciones, que ha incidido en el fin del modelo bipartidista y en la exigencia de buscar medios que refuercen la integridad de la vida pública e impidan que la corrupción sea un fenómeno constante en algunos ámbitos. Muchas instituciones acusan una obsolescencia en su diseño principal o, al menos, aconsejan algunas modificaciones.

En este marco la crisis de la España autonómica tiene perfiles particulares. El modelo ha sido un éxito, pero hay muchos indicios de que ha llegado al límite de sus posibilidades. La Constitución no habla nunca de “Estado autonómico”, lo que nos advierte sobre la relativa incomprensión que tuvo el constituyente sobre su obra, en esta materia. Por eso un ex Presidente del TC llegó a afirmar que la Constitución “desconstitucionalizó” el modelo territorial, manteniendo algunas instituciones del pasado -sin aclarar el fundamento y alcance de su autonomía en la nueva realidad- y abrió la posibilidad de crear un número indefinido de Comunidades dotadas de autogobierno basado en la libre disposición competencial y abriendo un amplio margen a colmar a través de la acción jurisprudencial, la emulación no siempre razonable y el pacto entre los dos grandes partidos del Estado. Todo ello ha concluido. Hay más actores deseosos de ser escuchados, no existe un mecanismo de financiación apropiado y la jurisprudencia se ha ido sesgando en la medida en que los Gobiernos centrales abusaban de la técnica de la vis atractiva de la “legislación básica”. Pero, sobre todo, se constata que el sistema, que tantas cosas ha resuelto, no ha sido capaz de solventar definitivamente lo que hemos dado en llamar “hechos diferenciales”. Por otra parte la crisis económica también ha puesto sobre la mesa que  la recentralización significa, ante todo, debilitar el Estado social, ya que en educación, sanidad o bienestar social -pero también en otras políticas públicas- son las Comunidades -y, a veces, los Ayuntamientos- los que asumen las obligaciones constitucionales, ante la pasividad interesada e ideológica de Gobiernos conservadores.

Por todo ello preguntarse si es precisa una reforma no deja de ser un ejercicio retórico tramposo, interesante sólo para quien desee apropiarse del texto constitucional para hacer con él ejercicios de inmovilismo reaccionario. La pregunta no es si hay que reformar, sino qué y cómo.

Y este es el horizonte que ha contemplado el Consell de la Generalitat Valenciana para formular su propuesta de reforma. Sin duda cada Comunidad tendrá sus legítimas preferencias y prioridades, pero para nuestro Ejecutivo hacer esta propuesta es una muestra de responsabilidad, al menos por las siguientes razones:

1.- La deriva existente y las tensiones acumuladas presionan sobre una Comunidad como la nuestra de manera particular: ni nos vamos a inscribir a tesis rupturistas -pese a las provocaciones de las derechas- ni aceptamos pasivamente la recentralización del nacionalismo español. Todo ello laminaría el contenido esencial de nuestro autogobierno, que es la consecuencia del ejercicio del “derecho a la Autonomía” fijado en la Constitución.

2.- Autogobierno y reforma constitucional no son dos conceptos elaborados en un vacío de laboratorio, sino incardinados en un proyecto político concreto y, al menos, tan legítimo como cualquier otro. El Gobierno “del Botànic” asume que sus prioridades reformistas no se van a alcanzar si continuamos asistiendo a una mengua del autogobierno, a la persistencia de la infrafinanciación o si no hay una apertura a nuevos principios y derechos constitucionales.

3.- La Comunidad Valenciana se ha cosido al imaginario español de los últimos lustros como una tierra de prosperidad pregonada por líderes irresponsables, mientras que el lado oscuro del espejismo era un territorio para el juego en un infinito casino de amigos y una política outlet que ha conducido a la decadencia y a la incapacidad para tener voces fuertes en el Estado. Ser la primera Comunidad que hace una propuesta como esta, desde la plena lealtad institucional y sin tacha posible de agitar cuestiones que, a priori, generen enfrentamientos, es una carta de presentación de una nueva época: ni ausentes del debate español por antonomasia ni obligados a someternos a la agenda madrileña.

4.- Esa misma lealtad, y la experiencia política acumulada en el Consell, nos lleva a proponernos como ejemplo de consenso práctico y razonable. Porque estamos convencidos de que toda Constitución -no sólo la de 1978 con la que escapamos de una Dictadura- debe hacerse con consenso, para que éste sea reflejo y estímulo de su potencialidad para favorecer la integración social, cultural y territorial. Pero no habrá consenso sin que cada cuál exponga sus posiciones, si nos limitamos, o se limitan otros, a enarbolar la bandera de la reforma genéricamente y sin ambición de examinar todas las cuestiones abiertas. Otra cosa es la prudencia que debe presidir los debates. Nuestra propuesta es prudente. Precisamente se nos podría acusar de haber eludido algunas cuestiones. Es cierto, pero lo es porque comenzar por los aspectos más delicados quizá destruya toda posibilidad de acuerdo. Por eso nos centramos en los que creemos prioritarios para la ciudadanía valenciana.

¿Esperamos que todas propuestas acaben plasmándose en la reforma final? No. Bastante hacemos con tener la esperanza en que esa reforma se haga: que no se nos pida la ingenuidad de sobrevalorar nuestras fuerzas. De lo que se trata con este texto político y no formalmente jurídico es advertir sobre nuestras prioridades, ponerlas en el escenario de la deliberación pública para que pueda ser tenida en cuenta. Ojalá muchos otros lo hicieran, aunque fuera para contradecir nuestras posiciones. Porque la Constitución ha previsto en su Título X un mecanismo preciso de reforma. En él está contemplado que pueda haber propuestas que vengan de los parlamentos autonómicos y podríamos vehicular la nuestra vía Proyecto de Ley. Pero eso no parece lo más adecuado. Lo más adecuado es preservar el papel central de las Cortes Generales, pero con la activación paralela de un Foro en el que las expresiones más consistentes de la sociedad se expresen. Y en ese marco, y de manera articulada por el Senado, la participación de las Comunidades Autónomas es imprescindible. ¿Cómo no habría de serlo si son actores políticos de primera magnitud?, ¿alguien imagina una reforma que no altere en algo el diseño autonómico?, ¿alguien imagina que podría hacerse sin la participación de los sujetos del derecho a la autonomía?

A partir de estos datos me permito sugerir al interesado que lea el texto, que va mucho más allá, como equívocamente se ha indicado, de las lenguas o las provincias -estos dos elementos ocupan media página de las 24 que tiene el documento- y otros aspectos relacionados con la estructura federal que se defiende, para abordar la necesidad de introducir nuevos valores y principios, incluir o/y blindar nuevos derechos o ampliar en un sentido participativo las instituciones centrales del Estado y afianzar la separación de poderes. Que la parte federal sea la más amplia es lógico, tratándose de una propuesta emanada de un Gobierno autonómico, pero eso no significa ni olvido ni menosprecio de lo que es común a toda la ciudadanía española.

A partir de ahí será bienvenida toda crítica. La única que no tendrá sentido será aquella -yo ya la he escuchado en les Corts- que diga que somos inconstitucionales. Porque, precisamente, la mayor muestra de respeto por la Constitución consiste en defender su reforma a través de los mecanismos que ella estableció. Todo lo demás es otra cosa que me ahorraré de calificar. Por respeto a los que defendimos la Constitución cuando fue necesario, mientras algunos la vilipendiaban o la ridiculizaban desde el fondo de un corazón ahora henchido de amor constitucional.

Manuel Alcaraz Ramos es conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana