8 querellas por la gestión del Banco de Valencia podrían archivarse por falta de peritos
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha preguntado a las partes personadas en ocho de las piezas en las que investiga irregularidades en la gestión del Banco de Valencia (BdV) si debe archivar o propone juzgar a sus máximos responsables después de que las gestiones efectuadas en el último año para que distintos organismos dependientes de la administración del Estado designen dos peritos hayan resultado infructuosas, según se desprende de una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
El magistrado ha recibido recientemente la última negativa, emitida por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria y Patrimonio (Segipsa), a su solicitud de técnicos que le informen sobre la tasación de los distintos bienes inmuebles a los que afectan las investigaciones, abiertas a raíz de la presentación de estas querellas por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
En la providencia, especifica que “la imposibilidad y dificultades puestas de manifiesto a lo largo de la investigación judicial” le han llevado a tomar esta decisión. Según han informado fuentes jurídicas, el magistrado comenzó a cursar en noviembre del pasado año sus peticiones para la designación de peritos, y ha preguntado a organismos como la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o la secretaría de Estado de Hacienda, entre otros.
Operaciones “ruinosas”
Las ocho querellas presentadas por el FROB se centran en el diseño y aprobación, por parte de distintos exdirectivos de la entidad, de operaciones de financiación “verdaderamente ruinosas”, principalmente negocios inmobiliarios a los que se aparejó la concesión de créditos presuntamente irregulares, y que depararon un elevado perjuicio económico al banco.
En concreto el FROB presentó querellas por una operación urbanística de la sociedad participada Nou Litoral para la construcción de una urbanización; la financiación conferida a la inmobiliaria Metrovacesa; la compra de dos edificios al empresario mallorquín Bartolomé Cursach; y otras tres macrooperaciones urbanísticas financiadas por la entidad.
El fondo de rescate también se querelló por la compraventa de participaciones de la sociedad Inversiones Financiera Agval en 2008, la adquisición de acciones de la sociedad Costa Bellver; la concesión de financiación a favor de la sociedad Capital Residencial y la financiación del grupo inmobiliario Salvador.
Entre los imputados en estas piezas por la comisión de delitos de administración desleal, apropiación indebida y otros, se encuentran altos directivos del banco como su expresidente José Luis Olivas, su exconsejero delegado Domingo Parra y el exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo. También están imputados el expresidente del Valencia C.F Bautista Soler, varios integrantes de la familia Calabuig, y distintos empresarios de la construcción.
Pedraz, que investiga otras ocho piezas relacionadas con el Banco de Valencia, ha dado 10 días a las partes, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, para que le presenten escrito y soliciten la práctica de diligencias complementarias si lo consideran adecuado.
