Las feministas sancionadas el 8M: “No tenemos miedo a denunciar aquello que ataque a nuestro derecho a ser personas”

El 8 de marzo de 2018 se dio una de las grandes movilizaciones de mujeres del último lustro. Desde el tren de la libertad a la oleada de concentraciones contra el proyecto de ley del aborto del ministro popular Alberto Ruiz Gallardón, pocas convocatorias habían congregado a tantas mujeres. Los meses previos ya advertían de la magnitud de la concentración.

La del 8 de marzo de 2018 fue la primera huelga feminista del Estado español. Una huelga laboral y de cuidados que volvió a situar las reivindicaciones feministas en la agenda política, recogiendo el testigo de las mujeres que hicieron posible la ley de violencia de género de 2004 y la de Igualdad de 2007. El 8M fue también escenario de sanciones a activistas de los colectivos feministas valencianos.

La Asamblea Feminista de Valencia se creó meses antes de la cita morada con objetivo de preparar la huelga, la manifestación y las acciones a desarrollar. Durante las protestas matinales en el barrio de Benimaclet, tradicionalmente combativo en la ciudad, se produjeron una serie de identificaciones. Las manifestantes y piqueteras denuncian que fueron acorraladas por la Policía Nacional en varias ocasiones. 

Pocas semanas después, una docena de manifestantes comenzaron a recibir en su domicilio notificaciones. Amparándose en la Ley Mordaza, la Policía las sancionaba con multas de entre 200 y 600 euros por falta de respeto a la autoridad. La Asamblea Feminista reaccionó con una denuncia pública y la autoinculpación de todas las integrantes. Consideraban que las sanciones no eran personales, sino hacia todo el movimiento. Al año siguiente, en la misma convocatoria, se sumaron otras 8 sanciones. En total, el movimiento feminista valenciano acumula una veintena de procedimientos -solo en el caso de las movilizaciones por el 8M- y sanciones por valor de 11.000 euros.

La Asamblea Feminista de Valencia considera que las sanciones se interponen contra un colectivo, no de forma individualizada. Por ello, durante los dos años que arrastran desde el inicio del procedimiento, nunca han querido nombrar en público a las sancionadas, haciendo gala del lema “si nos tocan a una, nos tocan a todas”.

Cuando comenzaron a recibir las sanciones decidieron contactar con una letrada para defenderse de la Ley Mordaza. Y comenzaron a incluir en su organización, a través de comisiones de trabajo, un espacio “antirrepresión”. La Asamblea Feminista de Valencia tiene distintos grupos, llamados comisiones, en los que reparte su trabajo. “Decidimos crear la comisión por la necesidad de construir un grupo más fuerte de apoyo que fomentara la colectividad, la unión y la fuerza. Se trata de una comisión mixta -participan mujeres no encausadas y encausadas-, porque la represión la vivimos de manera colectiva y nunca más nos podrán dejar solas”, señala una de las integrantes, que prefiere preservar el anonimato.

Las integrantes de la asamblea creen que el movimiento feminista resulta incómodo para los poderes y por ello la represión se centra sobre ellas. “El movimiento feminista ha demostrado ser una potencia social, con fuerza para combatir los pilares capitalistas, racistas, fascistas y patriarcales de la sociedad actual, por tanto toda acción que emane de él es aterradora para el sistema actual y por ello está intentando ser reprimido”. Una visión que corrobora su letrada, Maria Josep Martínez, que considera que es una forma de intentar debilitar a un movimiento que interpela directamente a quienes disfrutan de los privilegios de género y clase.

“Es inevitable [sentirse vigilada]. La represión comporta miedo. No sales a la calle con la misma libertad con la que deberías. Y no sólo es por las consecuencias económicas”, recalca la letrada. Por el momento, de la veintena de multas, tres han agotado completamente el procedimiento administrativo y pasarán a juicio, con las tres vistas fechadas para septiembre y octubre. Las feministas valencianas seguirán recurriendo todas las sanciones porque consideran que la Policía ha exagerado los hechos y no es un actor “neutral”. Acusan a los agentes de “hostilidad manifiesta” hacia los movimientos sociales, en concreto al feminista. “Obviamente, el feminismo genera incomodidades. Afecta a los privilegios de clase y género que existen. La forma que hay de destruir un movimiento es criminalizarlo”.

El movimiento feminista reclama al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que derogue la Ley Mordaza en la que se amparan estas sanciones; una de las promesas electorales que los socialistas no han cumplido. Después de varias protestas, aseguran que el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, recientemente relevado de su cargo, se comprometió a revisar las sanciones. Además, la letrada critica que la norma otorga excesivo peso a la presunción de veracidad de los agentes: “No puede ser la presunción de veracidad indestructible. Es una vía más dura que la penal”, considera.

“Nos criminalizan porque desean separarnos, aislarnos y desmovilizarnos. No tenemos miedo a señalar, denunciar y manifestar aquello que ataque a nuestro derecho a ser personas”, señalan las afectadas. Este 8 de marzo volverán a salir a la calle.