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Sarrià insta a Barberà a que “pida perdón” por el 'pelotazo' de Tabacalera

El edificio Tabacalera, propiedad del Ayuntamiento de Valencia.

Moisés Pérez

Valencia —

Felicidad en el tripartito que gobierna Valencia -formado por Compromís, PSPV-PSOE y València en Comú- por la resolución de Tabacalera. Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que tumba el 'expolio' y 'pelotazo' de Tabacalera, el nuevo ejecutivo local ha reaccionado. Y lo ha hecho para señalar a los que considera sus máximos responsables políticos: la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, imputado en el caso Nóos y en los sobresueldos del Puerto de Valencia.

“El antiguo gobierno y sus máximos responsables deberían pedir perdón y asumir su responsabilidad política por el expolio de Tabacalera”, ha instado Vicent Sarrià, concejal socialista de Urbanismo. El edil que se ha felicitado por la decisión y ha dado la enhorabuena a Salvem Tabacalera -el colectivo que ha llevado a los tribunales el asunto-, ha repasado los pormenores de la operación que generó una plusvalías de 75 millones de euros para la constructora del promotor cercano al PP, Enrique Ballester. “Fue un pelotazo urbanístico, una operación oscura en la que Rita Barberá se implicó personalmente, un atentado patrimonial que mutiló un edificio histórico y protegido”, ha denunciado.

“Es un varapalo absoluto contra Rita Barberá”, ha insistido. Pero, la sentencia tiene poco recorrido práctico. La operación gestada en plena orgía del ladrillo se inició cuando la constructora Guadalmedina en 2002 adquirió el 49% del edificio Altadis para pedir posteriormente una permuta al Ayuntamiento. Se trataba de cambiar la fábrica de cigarrillos por un edificio en la plaza América y la construcción de dos edificios en los aledaños de Tabacalera. Barberá dio luz verde a la operación. Tras una posterior modificación del plan general en 2005, se firmó un convenio a tres bandas entre Ayuntamiento, Generalitat Valenciana y constructora.

Así, el consistorio se hizo con un edificio destinado a albergar oficinas municipales y uno de los señores del ladrillo se hizo con unos edificios con “una valoración tres veces por debajo del mercado”, ha recordado Sarrià, que ha recalcado: “Ese mismo año la Generalitat vendió unos edificios por diez veces más cuando no tenían el valor de estos”. Con la operación ya consumada, el Ayuntamiento acatará la sentencia. Y revertirá las partes que aún no se han ejecutado. “Las arcas públicas no pueden permitirse revertir toda la operación”, ha lamentado. De hecho, se pretende reedificar en los solares que quedan por desarrollar la nave que había antaño. La valoración es provisional, ya que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando la sentencia. “

Victoria Marín, portavoz de Salvem Tabacalera, se ha felicitado por la sentencia. “Es una sentencia histórica porque señala a los responsables que fueron desde Barberá hasta el director general de patrimonio de entonces Manuel Muñoz”. Pese a la alegría, se lamenta porque la operación inmobiliaria en su mayor parte ya no tiene reversión. La plataforma estudia acciones penales para que los responsables paguen con su patrimonio “el daño causado a la ciudad”. Aunque reconocen que es muy difícil probar que había mala fe en las decisiones para poner en marcha la jugada urbanística. El precedente de la denuncia de los socialistas del 2009 por prevaricación no ayuda.

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