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El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha denunciado que la administración pública sigue siendo un “territorio hostil” para el ciudadano y ha alertado de que no se ha notado “ningún cambio significativo” en este 2023 en el que ha habido un nuevo gobierno al frente de la Generalitat Valenciana. Sí ha advertido Luna de los “retrocesos” en materia de transparencia en ayuntamientos tras las elecciones municipales.
Así lo ha manifestado el síndic en declaraciones tras la presentación de su Informe Anual 2023 en las Corts, donde ha destacado los casos de consistorios como València, Benidorm, Sant Joan d'Alacant, Cheste o Moncada, en los que los grupos de la oposición refieren falta de acceso a documentación. “Evidentemente somos conscientes de que la polarización política puede estar detrás de estos comportamientos pero no se justifica”, ha añadido.
El síndic, asimismo, ha criticado las “preocupantes” limitaciones del acceso a documentos que sufren los concejales de los grupos de la oposición, y ha criticado que se asiste a “excusas de todo tipo, desde problemas de aplicaciones informáticas, pasando por las socorridas referencias a la protección de datos y terminando por interpretaciones artificiosas de los reglamentos locales”.
Sin embargo, Luna ha señalado que estas excusas “no valen”. “Facilitar el acceso a la información a los cargos públicos de la oposición no exige ni medios ni esfuerzo, simplemente es cuestión de voluntad política”.
Menos colaboración en la administración local
Las entidades locales, según el síndic, colaboran menos que los departamentos del Consell y lo hacen solo en un 64,9% de los casos, frente al 78,44% de las consellerias. Dentro del Consell, al que se dirigieron 1.758 quejas, es la de Igualdad (tanto con el Botànic como con el PP y Vox) la que más recibe.
En concreto, el informe desglosa las quejas entre el 1 de enero y el 17 de julio, cuando gobernaba el Botànic; y del 17 de julio al 31 de diciembre, con el nuevo Consell de PP y Vox. Tanto la antigua Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas como la actual de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda son las que más quejas han recibido con 644 la primera y 544 la segunda.
Mientras Aitana Mas dirigía el departamento, se colaboró en 558 de las 644 quejas y no se hizo en 86. Con Susana Camarero al frente se atendieron 370 quejas y no se colaboró en 174. Además, es el único departamento que aparece como “administración obstaculizadora” de la acción del síndic, tanto con una como con otra consellera.
Luna ha explicado que, como ya se advirtió en 2022, el departamento bajo Aitana Mas se oponía a trasladar al síndic las actas de las inspecciones de los centros de menores, mientras que tras la llegada de Susana Camarero se comenzó con la misma dinámica, aunque ahora se está revertiendo.
Queja de oficio
El síndic abrirá una queja de oficio a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda si continúan aumentando las listas de espera en el mes de marzo, ya que considera que su incremento está “injustificado” tras elevarse de 13.342 personas en julio de 2023 a 18.580 en enero de 2024. Luna ha mostrado preocupación por este incremento, que ha calificado de “inquietante”, así como “exagerado e injustificado”, aunque ha abogado por esperar al dato de marzo para decidir si abrirá queja de oficio o no.
Esta situación, que se remonta a más de una década atrás, ha provocado que esta institución investigara el tema de oficio, además de las numerosas quejas y consultas que hemos recibido a instancias de parte. “Lejos de haberse reducido el problema, su incidencia se ha incrementado en los últimos meses”, ha manifestado.
Los recordatorios legales del síndic para las solicitudes de reconocimiento de grado de discapacidad, que la Administración está obligada a resolver en un plazo de tres meses por tratarse de un procedimiento declarado de emergencia ciudadana, “caen reiteradamente en saco roto”.
Además, continúan sin dotarse de los recursos materiales, económicos y personales a los Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad. Especialmente, destaca la situación extraordinaria que sufre el Centro de Valoración de Alicante, con una demora media superior al año.
Centros de menores
El síndic se ha mostrado contundente a la hora de remarcar “la realidad en que se encuentran los recursos materiales y humanos de la mayoría de los centros de niños, niñas y adolescentes; el impago a las entidades que los gestionan; el hacinamiento de los menores migrantes; las carencias en el sistema de salud mental o en las plazas disponibles para el acogimiento familiar en sus distintas modalidades; así como la gestión de las necesidades y expectativas de las familias adoptivas y acogedoras” que “constituyen una muestra de hasta qué punto están siendo omitidos derechos, principios y garantías de la infancia”.
Este estado de cosas “sólo puede ser calificado como alarmante y exige la inmediata puesta en marcha de medidas urgentes y eficaces”, ha manifestado. Por todo ello, resulta “aún más decepcionante” comprobar que el informe de impacto en la infancia y adolescencia que acompaña a los Presupuestos del 2024, “no cuantifica ni precisa soluciones tangibles a las carencias de medios materiales y humanos” o a la “acumulación de tareas”, con las que “tantas veces nos responde la Administración para justificar las negligencias que le advertimos”.