La Sindicatura de Comptes denunciará ante el Tribunal de Cuentas irregularidades en Cacsa
La Sindicatura de Comptes va a notificar a la fiscalía del Tribunal de Cuentas la posible existencia de pagos realizados por la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) sobre los servicios de consultoría para la externalización del complejo “sin haber recibido en su totalidad la prestación correspondiente”.
Así figura en el informe de la Sindicatura de Comptes de 2014 sobre la empresa pública Cacsa, en el que la entidad fiscalizadora ha detectado “una anomalía” o “salvedad importante” referida al contrato de servicios de consultoría para la definición de las condiciones de externalización del complejo.
El síndic major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, ha explicado que, gracias a un protocolo suscrito recientemente con la fiscalía del Tribunal de Cuentas, van a trasladar a este órgano las “irregularidades” detectadas en ese contrato, con el fin de que se investiguen o se hagan las gestiones para su subsanación.
Según el informe, en junio de 2014 se dieron por concluidos los trabajos objeto de ese contrato, suscrito en noviembre de 2012, así como los servicios de apoyo durante la licitación y redacción del contrato, y se determinó el pago del importe pendiente, por valor de 10.500 euros, IVA excluido.
Pese a que el contrato indicaba que CACSA debía determinar que la prestación del servicio se había hecho con conformidad, y que el pago de los 10.500 euros se haría tras la firma del acta de conformidad, dicha acta no consta en el expediente.
Además, el documento de conclusión de los trabajos señala que los servicios de apoyo a Cacsa durante la licitación y redacción del contrato de externalización “no han sido prestados por retrasos debidos a requerimientos de Cacsa que no han podido ser asumidos por el contratista”.
Contrato “indebidamente calificado”
Adicionalmente, señala la Sindicatura, el 2 de julio de 2014 Cacsa formalizó con la misma empresa un contrato “indebidamente calificado de servicios complementarios”, por el 50 % del contrato anterior, para definir las condiciones de externalización adaptadas a las indicaciones de la dirección general de Patrimonio.
En ese contrato se excluyen expresamente los servicios de apoyo durante la licitación y en la redacción del contrato de externalización, que formaban parte de las necesidades planteadas por Cacsa en el proceso negociador, sin que esa reducción de las actuaciones objeto de contrato hayan supuesto una reducción del precio.
La Sindicatura expone que el 26 de febrero de 2015 se satisface el pago del importe del contrato, por 21.000 euros más IVA, unos hechos en los que la institución aprecia indicios de responsabilidad contable.
Valor desprendimiento del 'trencadís' del Palau
El informe permite además conocer el valor neto contable del deterioro del revestimiento de la cubierta del Palau de Les Arts Reina Sofía debido a los desprendimientos del 'trencadís' en diciembre de 2013, que asciende a 2.742.707 euros, y del que se ha hecho cargo la dirección facultativa y la UTE constructora.
Además, la Sindicatura detalla el coste neto de los edificios que componen el complejo de la Ciudad de las Artes, que asciende a un total de 1.067,5 millones de euros, entre los que destacan los 447 millones del Palau de Les Arts, los 186,7 millones del Oceaongràfic, los 141 del Museo de las Ciecias y los 116 del Ágora.
También se explica que Cacsa tiene un fondo de maniobra negativo de 325 millones de euros, y que, al igual que en ejercicios anteriores, Cacsa no ha obtenido los ingresos suficientes para cubrir sus gastos e inversiones.
Asimismo, se considera que ha habido una “falta de diligencia” en el ejercicio de las acciones legales pertinentes para dar un “adecuado y efectivo” cumplimiento al contrato de Cacsa con la operadora del Oceanogràfic, Parques Reunidos.
Según el Síndic, Cacsa “era conocedora del deterioro de las instalaciones y de los incumplimientos contractuales por parte del operador desde prácticamente el inicio de la vigencia del contrato”, suscrito en 2002, pero hasta febrero de 2015 no contestó a la demanda interpuesta por Parques Reunidos en julio de 2014 que exigía una serie de créditos.
El informe desvela que por primera vez se ha evaluado el deterioro del inmovilizado del Oceanogràfic, pese a que había evidencias desde 2004, y se ha cifrado en 5,6 millones de euros.
