El juzgado anula la octava multa a las feministas valencianas por los piquetes del 8M

Las feministas valencianas ganan el octavo juicio por las multas interpuestas durante las movilizaciones del 8 de marzo de 2018 y 2019. El juzgado de instrucción número dos de València ha anulado otra de las multas a las piqueteras de la huelga del 8M de 2019, una sanción de 600 euros al amparo de la 'ley mordaza'.

En esta huelga, la Policía Nacional sancionó a cuatro integrantes de la Assemblea Feminista de València por alteración del orden público, apuntando como objeto de la denuncia que habían interrumpido el tráfico, provocando “grandes desórdenes”. En un comunicado, el colectivo feminista valenciano defiende que la nulidad de la sanción “nos ha dado la razón y ha demostrado que los hechos no serían constitutivos de la infracción señalada porque no ha quedado acreditado que se alterara la seguridad ciudadana”, que es lo que apunta la norma a la que apela el atestado.

El colectivo feminista ha ido recurriendo todas las multas, agotando la vía administrativa y pasando al juzgado contencioso. A las manifestantes y organizadoras de las huelgas del 8M se les han interpuesto desde 2018 sanciones que suman cerca de 12.000 euros por faltas reflejadas en la Ley de Seguridad Ciudadana. En 2018, año de la multitudinaria huelga feminista, la Assemblea recibió 12 multas, de las que ocho han llegado a juicio. La primera nulidad se produjo en 2020 por falta de imparcialidad en el informe policial; las dos últimas, por la prescripción de las sanciones. Este año las manifestantes tienen pendientes cuatro procedimientos judiciales por las multas de 2019, tres de ellas interpuestas en los actos del 8 de marzo y una en la marcha del 25 de noviembre, día contra la violencia machista.

Las sancionadas intentaron negociar con la Delegación del Gobierno en Valencia cuando se produjo el cambio de Gobierno, dado el compromiso del PSOE con la derogación de la ley mordaza, pero las multas continuaron la vía adminsitrativa. Por ello, pese a los procedimientos judiciales, el colectivo reprocha a la Delegación del Gobierno la responsabilidad en “procedimientos represivos que tienen como objetivo la limitación del derecho a la huelga y la desmovilización del movimiento feminista, por el desgaste que supone tener que afrontar tantas sanciones y juicios”.

Pese a la nulidad de ocho sanciones, de un total de una veintena en apenas dos años, tres procesos judiciales ratificaron las multas, que ascienden a 7.000 euros. La asamblea, que encara su quinto año de judicialización de la protesta, asume las multas como sanciones colectivas a todo el movimiento emancipatorio.

En el comunicado, que también suscribe Alerta Solidaria, critican que “el ejercicio de derechos fundamentales dependa de lo que considera la Policía Nacional” al que acusan de tener “vinculaciones directas con partidos de extrema derecha”, y que en casos de movilizaciones de la izquierda anticapitalista, “ya sea el movimiento feminista, la izquierda independentista o el movimiento por el derecho a la vivienda, no duda a restringir el derecho de manifestación con identificaciones arbitrarias, confiscación de material, retención de manifestantes o sanciones injustificadas”.