Un juzgado investiga el caso de tres mujeres migrantes estafadas y explotadas por un matrimonio español durante el confinamiento

Han pasado más de noventa días desde que tres mujeres migrantes trabajadoras del hogar fueron rescatadas por la Guardia Civil y la Policía de Godelleta de un chalé –en pleno estado de alarma– en el que estaban siendo explotadas y estafadas laboralmente por un matrimonio español, como publicó elDiario.es en exclusiva a principios de julio. Desde entonces, las víctimas se encuentran inmersas en otra batalla: conseguir justicia para poder al menos cicatrizar la herida que les dejó aquel episodio.

En ello se encuentran. Pero en este largo camino hay otras cuatro mujeres –se sospechan que podrían ser más– migrantes que pasaron por el mismo calvario en diferentes momentos y con el mismo matrimonio. El juzgado de Instrucción número 3 de Requena se encuentra ya investigando este caso después de que la pareja fuera detenida a finales de julio, en la conocida como operación Fake-Job, acusada de presuntos delitos como la trata de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores y estafa continuada.

“La detención de la pareja no nos la esperábamos”, cuenta la abogada de la asociación Rumiñahui de Valencia, Manoli, quien está asesorando y acompañando a las víctimas de este caso. La jurista reconoce que no es fácil demostrar en los tribunales delitos como el de explotación laboral. No obstante, explica que en este caso tienen un detalle a su favor: el rescate de las tres mujeres por parte de la Guardia Civil. “Podemos decir que el hecho de que los cuerpos de seguridad se personaran en el propio chalé le aporta una mayor acreditación oficial”, afirma.

La pareja propietaria del domicilio y responsable de las contrataciones de las mujeres está ahora mismo en libertad con cargos. Y pese a que el proceso judicial es lento, con las diligencias abiertas se espera que el juez interrogue a las diferentes partes en los próximos meses y en base a ellas calificará los delitos de los que se les acusan. El señalamiento del juicio, según explica Manoli, es lo “que más lento va” y especialmente también por el colapso que ha generado la pandemia de la COVID-19 en la justicia. Pero más allá de fechas y procesos, para Manoli lo importante es que este caso pueda servir “como elemento disuasorio” para animar a que más mujeres migrantes denuncien este tipo de de abusos.

De hecho, Geovanna Bermúdez, quien también trabajó para este matrimonio hace ahora más de un año, fue una de las primeras en interponer una demanda contra ellos por despido improcedente y por la no retribución de salarios que nunca le llegaron a pagar. En aquel momento, su camino por la justicia no le fue fructífero. Bermúdez explica que la propietaria y sus abogados nunca se presentaron ni a los actos de conciliación ni al juicio. “Las pruebas que presenté en el juicio no fueron suficientes pese a que tenía fotos y grabaciones. No las pude enseñar todas porque mi móvil se dañó”. El matrimonio quedó entonces absuelto pero Bermúdez interpuso un recurso.

“El hecho de que el matrimonio quedara absuelto en aquel momento no afecta para nada al nuevo proceso judicial que tienen ahora. Simplemente no se pudo comprobar ese hecho delictivo”, indica Manoli, quien señala que incluso las anteriores demandas interpuestas les ayudan de alguna manera a demostrar el modus operandi que los propietarios aplicaban con sus trabajadoras del hogar.

“Doble victimización”

Asimismo, para la jurista en este caso se ha evitado esa “doble victimización” que suelen sufrir las personas migrantes en situación irregular cuando denuncian en el ámbito laboral. “Sufren el doble. Primero los explotan y después piensan que los van a expulsar del país porque no tienen papeles. Pero no es así. Tengas o no documentación, pueden denunciar y no va a haber ningún tipo de problema con la justicia”, subraya.

Otro asunto que Manoli pone encima de la mesa es el de la violencia de género. Para la abogada está claro que en este caso se ejerce una violencia contra las mujeres y más si son migrantes. “Al fin y al cabo podemos hablar también de violencia de género porque si nos fijamos es algo que se produce contra mujeres y no contra hombres”, añade. Y precisamente en este caso, los propietarios siempre buscaban un mismo perfil: mujeres latinas en situación irregular.

Una de ellas cuenta a elDiario.es que a nivel personal “se encuentra mucho mejor” y que está dejando atrás “el trauma”. Ha encontrado un nuevo trabajo como limpiadora del hogar donde las condiciones no tienen nada que ver con su experiencia en el chalé de Godelleta. Eso sí, reconoce que el miedo y las dudas le han acompañado a la hora de volver a trabajar como interna. “Tienes que arriesgar por las necesidades que tienes. Por suerte, en este caso las personas son de confianza”, expresa. Sobre la posibilidad de que el matrimonio siga teniendo a mujeres como trabajadoras del hogar pese a haber un proceso judicial contra ellos, no tiene dudas: “Probablemente sigan teniendo a una chica. No pueden estar sin nadie, hay mucha carga de trabajo en ese chalé”.