Sumar traslada al Congreso el espionaje y las irregularidades denunciadas por las ONG en el CIE de València

El grupo parlamentario de Sumar ha trasladado al Congreso de los diputados, en forma de pregunta dirigida al Gobierno en funcions, las denuncias interpuestas contra la actuación de los agentes de Policía Nacional por supuesto espionaje de las visitas que reciben las personas que se encuentran en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en València. Denuncias que se suman a otras relacionadas con malos tratos, falta de protocolos de suicidio y trata, deficiencias en la atención sanitaria y en la alimentación y otras irregularidades que “se cometen a diario en el CIE de València, sin que por ahora se hayan adoptado medidas para garantizar el respeto a la dignidad de las personas encerradas”.

Desde Sumar preguntan al Ejecutivo si ha previsto iniciar alguna investigación interna para comprobar que se están cumpliendo con las indicaciones judiciales que instan a que no haya presencia policial durante las visitas a internos o en las entrevistas con sus abogados“. En el caso de que se acreditara que no se están respetando las indicaciones del juzgado, se cuestiona al Gobierno si adoptará medidas o exigirá responsabilidades ante la ”hipotética actuación indebida“ de los agentes durante las visitas a los internos del CIE.

También se pregunta sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para evitar otras irregularidades y deficiencias denunciadas, así como si está prevista la elaboración de protocolos específicos para la prevención de suicidios o de trata, y si se ha tomado alguna medida al respecto.

Así mismo, el grupo parlamentario de Sumar pregunta al Ejecutivo central por las medidas que tiene previsto adoptar para “garantizar” la privacidad de las comunicaciones de los internos en los CIEs, “preservar su dignidad e intimidad” y demás derechos reconocidos por la legislación vigente.

Espionaje por “motivos de seguridad”

Tal y como han hecho público organizaciones como València Acull o CIEs NO, los agentes argumentan supuestos “motivos de seguridad” para dejar las puertas abiertas y mantenerse próximos a la sala de visitas, lo que permite la escucha de conversaciones privadas, “e incluso intervenir en las mismas sin que nadie se lo solicitara”. Situaciones similares, relata el escrito de sumar, se producen en el Servicio de Orientación Jurídica.

Esta actuación ha sido denunciada ante el juzgado de Instrucción número 3 de València, responsable del control de la estancia de los extranjeros en Zapadores, con reiterados pronunciamientos al respecto: “Las entrevistas con letrados y ONGs, así como con familiares, deben hacerse respetando en todo caso la privacidad de la audiencia, sin que en ningún caso pueda hacerse uso del contenido de las comunicaciones orales que de forma involuntaria se hayan escuchado”.

Sin embargo, sostienen las entidades cívicas, a pesar de las resoluciones judiciales y de lo que determina la legislación vigente, los policías que se encargan de la vigilancia del CIE “continúan situándose junto a la puerta de la sala de visitas y obligan a dejarla abierta durante toda la visita”. Por ello, CIEs NO presentó una queja ante el Defensor del Pueblo para que, ante la “ineficacia” de las medidas judiciales“, inste al Ministerio del Interior a que adopte medidas para garantizar la confidencialidad de las visitas que reciban los internos.

El pasado 4 de septiembre el Defensor del Pueblo comunicó a CIEs No la admisión a trámite de la queja y el inicio de actuaciones ante los organismos competentes, ya que la legislación vigente sobre derechos y libertades de los extranjeros en España obligan a “preservar su dignidad e intimidad”, así como reconoce su derecho -si no es restringido por una resolución judicial- a tener contacto con ONGs y a poder comunicarse con familiares, funcionarios consulares de su país u otras personas.