La policía apuntala su acusación por los 7 “enchufados” con cientos de correos: “Las instrucciones parten de Jorge Rodríguez”

En el sumario del caso Alquería, a diferencia de los casos de corrupción al uso, no hay datos bancarios, ni aparecen paraísos fiscales o comprometidas conversaciones telefónicas. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional ha centrado su investigación, comandada por el fiscal anticorrupción Pablo Ponce, en los correos electrónicos intercambiados entre los principales protagonistas para demostrar que, en última instancia, el presidente de la Diputación de Valencia, a través de sus hombres de confianza impusieron unas contrataciones de altos cargos en Divalterra (la antigua Imelsa) con unos generosos emolumentos a personas vinculadas al PSPV y Compromís a sabiendas que el procedimiento era ilegal. 

La conclusión de la Udef es clara: los responsables de la empresa pública hicieron caso omiso a los informes que ellos mismos encargaron sobre la contratación de altos cargos vinculados a PSPV y Compromís en Divalterra, con un coste aproximado, según la Policía, de dos millones de euros.

El informe entregado al Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia y firmado por un inspector de la Udef asevera que “ante la opinión divergente de todos los informes recabados (…) se hace caso omiso e incluso, en al menos una ocasión, se intenta modificar el contenido de uno de ellos para adecuarlo a los propósitos de la gerencia”. Todo ello, según la Policía “siempre bajo la directriz de presidencia de la Diputación de Valencia, institución que en todo momento está al tanto de la situación” y que toma las “decisiones relevantes respecto a qué personas deben ser contratadas y ejercer funciones de supervisión y control” en Divalterra. 

Todos los informes (menos uno de junio de 2016) advirtieron a los responsables de la empresa pública que las contrataciones se debieron hacer según lo descrito en el Estatuto Básico del Empleado Público. Es decir, lo contrario de lo que hizo finalmente Divalterra. Además, los nuevos responsables de la Diputación de Valencia, que inauguraron una nueva era tras el terremoto que supuso el caso Taula, crearon, según la Policía, un gobierno paralelo en la empresa pública para contrarrestar el diseño original de José Manuel Orengo, hombre fuerte del PSPV en el Palau de la Generalitat ahora trabajando en el sector privado.

Los correos electrónicos intercambiados entre José Luis Pellicer, uno de los denunciantes ante la Fiscalía, y la representante de Compromís, Agustina Brines, en marzo del 2018 demuestran, según la Policía, que las decisiones importantes se tomaban en el Consejo de Dirección y no en el Consejo de Administración. Además, en un e-mail del 20 de octubre del 2017 “se oberva claramente”, según la Udef, que “las instrucciones recibidas en el Consejo de Dirección parten de Presidencia, es decir, de Jorge Rodríguez”.

Fuentes de la institución provincial consultadas matizan que el Consejo de Dirección se reunía antes para preparar, desde un punto de vista más bien técnico, el orden del día del Consejo de Administración. De hecho, a veces asistían asesores en sustitución de sus respectivos diputados provinciales. Sin embargo, el informe de la Udef considera que el Consejo de Administración de Divalterra era un órgano “ajeno totalmente a la estructura interna” de la empresa pública, “sin que conste su composición y funciones en los estatutos de la misma”.

El complejo funcionamiento de la Diputación de Valencia, una institución fundada en 1833 que conserva dinámicas singulares y  heredera de la presunta corrupción masiva de la etapa del dimitido Alfonso Rus, jugaba malas pasadas a los propios representantes progresistas. En un correo analizado por la Policía y que figura en el sumario del caso Alquería, la gerente de Compromís, Agus Brines, se hace un lío y “ya no sabe si el Consejo de Administración es el que autoriza o el que propone en relación a los contratos de alta dirección”. 

Tras analizar los miles de correos electrónicos intercambiados entre los implicados, la Policía concluye que los dirigentes del PSPV y Compromís convierten “de facto” el Consejo de Dirección en el “auténtico órgano de gobierno y administración”. La Udef considera que se hizo un “uso partidista” del Consejo de Dirección que supuso la “evidente exclusión de los otros dos partidos de la oposición, Ciudadanos y Partido Popular”.

A la Policía le llama la atención el papel en el Consejo de Dirección de los hombres del presidente Jorge Cuerda y Ricard Gallego. En algunos casos, el relato de los hechos denota cierta falta de profesionalidad. En una de las reuniones del Consejo de Dirección fue convocado, al parecer por error, un representante del PP que, “cuando asistió, se llevó la sorpresa al manifestarles los presentes que él no debía asistir, a lo cual manifestó que sí, que había sido convocado (…) insistiendo los allí presentes que tenía que marcharse porque en ese Consejo” sólo estaban representados los partidos que gobernaban la institución provincial. Al parecer, los responsables de Divalterra confundieron ambos consejos (de Administración y de Dirección) y convocaron al PP al que trataba precisamente los temas sensibles.

La Policía también considera que “a través de la figura de Jorge Cuerda se realiza el control directo de la sociedad por parte de Presidencia de la Diputación”. El 17 de enero de 2017, Cuerda comenta en un e-mail a José Luis Pellicer, uno de los denunciantes del caso, que “desde Presidencia se le indica (…) que se pase por allí con los expedientes para ‘ver’ qué tiene que ir al próximo Consejo”.

El 27 de noviembre del 2017, la representante de Compromís, Agustina Brines, escribe a Miriam Viton, jefa de la unidad de control financiero de la Diputación, y a Jorge Cuerda y confiesa que los contratos de alta dirección “están cogidos con pinzas”. “Tienen una cláusula de confianza pero no tienen poderes, o sea que se puede cuestionar la alta dirección”, dice la representante de Compromís.

Un correo del 6 de febrero del 2018 de Jorge Cuerda enviado a Gallego, Reguard y Viton muestra, según la Policía, que la intención de los responsables de la empresa pública fue presentar un informe para justificar las contrataciones de los dos últimos directores de área. En dicho e-mail, Cuerda desliza que Agustina (presumiblemente se refiere a la gerente de Compromís, Agustina Brines) tiene una “relación de confianza con [el despacho de abogados] Tomarial”. “Lo digo por la defensa a ultranza en la promoción interna de gente que ha entrado de manera irregular”, detalla Cuerda, uno de los hombres fuertes de Jorge Rodríguez en la Diputación. 

Tomarial presentó uno de los informes sobre los puestos de alta dirección aunque, lejos de la intención inicial de los representantes de PSPV y Compromís, el despacho de abogados deja claro que “no existe dentro de la legalidad laboral vigente posibilidad alguna de acondicionar o amoldar los contratos a la legalidad, siendo por tanto ilegales”, apunta la UDEF en el informe.

En el siguiente consejo de administración del 19 de febrero del 2018, pese a las conclusiones del informe encargado a Tomarial, “se da por bueno [otro] informe de parte que busca adecuar y modular” la creación de las nuevas áreas directivas de Divalterra. La Policía también recuerda que el análisis de los correos electrónicos anteriores de Brines muestra la “queja” de la representante de Compromís al despacho de abogados por la “inexistencia de un informe jurídico que avale las contrataciones”.

La noche del 31 de enero del 2018 fue larga para la cogerente Agustina Brines, tal como reconocía en un correo electrónico enviado a su homólogo del PSPV en la empresa pública, Xavier Simón. “Hoy la que no he dormido soy yo”, asegura Brines quien considera que Simón está “tan preocupado” que no puede “ver con claridad” el asunto. “Me dices que lleve el retrovisor puesto en éstas y en muchas cosas que igual algún día agradeceremos”, señala la representante de la formación valencianista en Divalterra. Brines se muestra inquieta porque prevé que “tendremos dos tipos de directivos: unos con poderes y contratos” y “otros que no hemos conseguido regular”. “No es correcto y no se puede defender”, concluye.