Una vacuna contra la desafección: setenta ciudadanos diseñan la política de salud mental para cinco millones de valencianos

“¿Cómo debe abordarse la salud mental, drogodependencias y conductas adictivas en la Comunidad Valenciana?”. Durante el último mes, setenta ciudadanos anónimos se han reunido en cuatro sesiones para escuchar a expertos, pacientes y usuarios del sistema de salud mental valenciano. Setenta ciudadanos sin conocimiento previo en la materia más allá de su propia experiencia y sin mayor requisito que ser mayor de 16 años, residente en la Comunitat Valenciana y comprometerse a participar. De este proceso de escucha activa saldrán este sábado las recomendaciones que guiarán el plan valenciano de salud mental, una estrategia concreta a dos años vista que servirá para sentar las bases de las políticas en esta rama de la salud pública.

La propuesta arriesgada procede de la idea originaria de la democracia griega, según recoge Ernesto Ganuza en La democracia es posible, donde defiende el sorteo cívico y los procesos deliberativos como herramienta contra la desafección. En épocas de crisis trasladar una visión esperanzadora resulta fundamental para la supervivencia de sistemas cuestionados, una idea que ha germinado entre los expertos que han organizado la Convención Ciudadana sobre la salud mental, centrada en defender el modelo de bienestar emocional como modelo de bien común.

En un contexto de descrédito del sistema democrático resulta fundamental contar con la ciudadanía para reparar las grietas, pero en una coyuntura en la que los traumas globales se superponen a las sacudidas geopolíticas, centrarlo en el bienestar ciudadano es casi un imperativo. La pandemia ha sido el punto de inflexión para poner la salud mental en el centro e intentar sacarla de los márgenes y del estigma, para entender la política de salud mental como una técnica de gobierno para mejorar el bienestar ciudadano.

“La ciudadanía es la receptora final de todas las políticas públicas”, defiende Rafael Tabarés, comisionado de Presidencia de la Generalitat para el plan de salud mental e impulsor de la convención, que considera que estas propuestas deliberativas dan a los ciudadanos confianza para resolver temas complejos. La desconfianza y el descrédito se retroalimentan y generan polarización, apunta el psiquiatra en una entrevista en À Punt Notícies, donde valora el esfuerzo de los participantes en un proceso “exigente” y emplaza al Consell a estar a la altura.

La convención, que arrancó el pasado 5 de marzo, “tiene un componente de representatividad y de deliberación, pero es fundamental que haya implicación política”, añadió el comisionado, recordando que la consellera de Sanidad y el presidente de la Generalitat participan en las dos últimas sesiones. La titular de Sanidad, Ana Barceló, se comprometió el pasado sábado en la tercera sesión a “pasar de las palabras a los hechos” en materia de salud mental. Su departamento ha incluido en los presupuestos para 2022 los elementos previstos en el plan de choque, presentado en agosto, que proyecta la construcción de tres hospitales infantojuveniles con 69 profesionales y la creación de 256 plazas estructurales para las áreas relacionadas con la salud mental, comprometidas para antes de que finalice abril.

En las tres sesiones celebradas hasta la fecha los participantes han escuchado a expertos que han hablado de las nociones básicas de salud mental, han atendido a testimonios -llamados “expertos en primera persona”- de pacientes y familiares, conocido los recursos existentes en el sistema público, para emitir un juicio razonado con el que llegar a un consenso mínimo. La cuarta sesión, que se reúne este sábado, se destina a la votación de los principios básicos que deben guiar la acción y a la elaboración de las recomendaciones, que serán entregadas al Ejecutivo autonómico. Hasta la fecha, los participantes han puesto el foco en la prevención desde distintos ámbitos  -desde la educación y la promoción de hábitos saludables-, en el aumento y mejora de los recursos del sistema público, la integración de los familiares en los procesos y el rigor científico de las propuestas. 

El documento será el punto de partida para la redacción del plan, que se completará con las aportaciones de colectivos profesionales y agentes sociales, además de contar con la supervisión de los grupos parlamentarios, que se comprometieron a velar por el proceso. El plan tendrá carácter plurianual y se presentará antes de concluir el verano para poder incorporarse a los presupuestos de 2023, los últimos del Pacto del Botánico antes de las elecciones. La pretensión del comisionado es que tenga un carácter transversal y empape la acción del Gobierno más allá del ámbito estricto de la sanidad.

Al finalizar la sesión del sábado los 70 ciudadanos habrán cumplido su cometido: escuchar, razonar y deliberar sobre la política de salud mental deseable para cinco millones de habitantes. Desde ese momento, estará en manos de la Generalitat Valenciana y el Parlamento autonómico dar sentido y forma a su trabajo.