El alcalde de Cortes reconoce que creó “una convocatoria ad hoc” para la candidata del PP cuyo partido apoya una moción de cesura contra él

Si usted está empadronado en Cortes de Pallás cuenta con muchas posibilidades de ser contratado por el Ayuntamiento. Al menos un centenar de sus 900 vecinos cobran un sueldo público. Los primeros los concejales, que conforman un extraño gobierno de concentración con reparto de delegaciones entre PSPV-PSOE, PP y Compromís. 6 de los 7 regidores cobran del consistorio, pese a que el artículo 75 bis de la ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, sostiene que los miembros de corporaciones locales inferiores a 1.000 habitantes solo podrán se retribuidos “excepcionalmente” y de forma parcial, como sí es el caso. El alcalde, Fernando Navarro, ingresa el 75% del salario establecido anualmente a estos efectos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que percibe 31.918,78€ anuales divididos en 14 pagas. María Rosa Robledo, teniente de alcalde, también socialista, y David Gras, del PP, ganan el 70% del salario, 29.790,86€. Le siguen José Moltó, del PSPV-PSOE, y los dos exconcejales de Compromís, David Herrera y Sonia Iranzo, con jornadas parciales del 65% y jornales de 27.662,94€. Estos últimos se dieron de baja de Compromís hace un par de semanas para unirse al PP en una moción de censura contra el alcalde que se anunció el pasado viernes.

El único conejal sin sueldo público es Miguel Ángel Llobera, que regenta uno de los bares más conocidos de la localidad. Llobera sustituyó el 25 de junio a Pilar Navarro, cabeza de lista del PP, que pasó de ingresar su salario parcial al 70% a trabajar en el Ayuntamiento como personal no funcionario de gestión de expedientes de contratación. El sueldo actual de Navarro es similar al de concejal, pero sin la necesidad de tener que pelear cada cuatro años el puesto en las listas y someterlo después al escrutinio de las urnas. El alcalde, Fernando Navarro, reconoció a Eldiario.es que esta plaza se creó “ad hoc” para la otra Navarro. De hecho, ambos coinciden en apellidos: Navarro Pardo. Pero no son familia, aunque el comportamiento del alcalde pudiera parecerlo. “Tenemos que resolver tu tema”, le dijo un día. Y el “tema”, como es sabido y notorio en el pueblo, es que Pilar Navarro debe cuidar sola de sus padres dependientes, ya que es hija única. “Con lo cual vamos a crear esta plaza de contratación, vamos a exigir que sea licenciada en Derecho, que tenga conocimientos en Administración Pública”, relata Navarro, el alcalde, quien subraya: “Hicimos una convocatoria ad hoc; efectivamente solo se presentó ella”.

La plaza se publicó por vía de urgencia el 13 de julio. Semanas antes, el 25 de junio, Pilar Navarro había renunciado sorpresivamente a su acta de concejal. A los tres días se retiró el anuncio de la web del Ayuntamiento y solo pudo leerse en el perfil de Facebook de la corporación. Las bases, con fecha pero sin firma, exigían estar empadronado en el municipio al menos un año y los requisitos de formación y titulación carecían de puntos de baremación. El 30 de julio se asignó una contratación sin controversias. Tal y como expresó el alcalde, Navarro fue la única aspirante y se incorporó al Ayuntamiento el 6 de agosto tras abandonar su responsabilidad como segunda teniente de alcalde y del área de Bienestar Social e Igualdad. También de Transparencia y Buen Gobierno. Navarro dejó el Portal de Transparencia congelado en el tercer trimestre de 2016 y sin posibilidad de conocer a qué se destinan desde entonces los 4 millones de presupuesto anual de Cortes, una cantidad inusual en pueblos tan minúsculos, y todo ello fruto de los elevados impuestos que abona Iberdrola para utilizar la muela de Cortes en la creación de energía eléctrica.

Una causa penal fugaz

El puesto “ad hoc” de Navarro a Navarro no es la única polémica asociada a la exconcejal del PP, quien llegó a estar fugazmente investigada en marzo de 2016 en el juzgado de instrucción número 1 de Requena a causa de un presunto caso de corrupción por la redacción del PGOU, irregularidades en contratos de asesoramiento técnico vinculados a arquitectura e ingeniería y sobrecostes en las obras del centro social. En aquel entonces, Navarro era la mano derecha del alcalde del PP, Alberto Sáez, a su vez hombre de confianza del también investigado, en Taula, ex presidente de la Diputación de Valencia, Alfons Rus. La causa se inició en 2013 tras la denuncia de un particular y contó con dos registros de la Guardia Civil: el 17 de septiembre de 2014  y el 3 de marzo de 2016. En abril de ese último año fue archivada. Sáez se apartó de la primera línea política y Navarro se convirtió en el referente del PP en la localidad y cabeza de lista en las pasadas elecciones con el premonitorio lema de “Por tí y para tí” (sic). 

Este diario intentó contrastar con la exconcejal la “convocatoria ad hoc” de contratación, pero Navarro cortó abruptamente la llamada. Tras un mensaje escrito solicitándole su opinión, fue el alcalde quién contactó con Eldiario.es para rechazar lo explicado en la conversación anterior. “En ningún momento he dicho que he creado un puesto de trabajo ad hoc para una persona, sino para una persona que tuviera conocimientos de administración pública, que fuera licenciada en Derecho, porque iba a trabajar con leyes de contratación, y que nos desatascara el tema de las licitaciones”, se contradijo. “No se decía que viviese en el pueblo”, prosiguió, aunque las bases recogen la obligación de estar empadronado. “En ningún momento lo digo porque es una ilegalidad [ese tipo de contratación]”, reconoció. Y culminó negando hasta en cinco ocasiones: “De ad hoc, nada”.

Por su parte, David Gras, excompañero de partido de Navarro, justificó su contratación “porque tiene la carrera de Derecho y el secretario y el alcalde dijeron que tenía que ser así”. Y David Herrera, exregidor de Compromís, tildó de “maniobra rara” la llegada de Navarro y apuntó al primer edil: “La ha metido a trabajar en el Ayuntamiento”. Gras y Herrera son los principales impulsores de la moción de censura contra el alcalde prevista para la semana del 5 de octubre.