“A mí me gusta mucho el viejo Mestalla, pero ya sabéis que hay una grada que hay que derribar en cualquier momento y hay una sentencia judicial firme que podría pedirse su ejecución y eso es una realidad que nadie debe eludir”. La alcaldesa de València, María José Catalá, se pronunció así recientemente preguntada sobre la posibilidad de renunciar a finalizar el nuevo estadio para optar por mantenerse en el actual Mestalla, realizando una ambiciosa remodelación.
Catalá utilizó el argumento de la sentencia que en 2002 declaró ilegal parte de la última ampliación del estadio impulsada por el expresidente Paco Roig, principalmente por haberse realizado sin la necesaria previsión de plazas de aparcamiento acorde con el aforo de la ampliación. En el fondo, una excusa utilizada también en el pasado por otros responsables políticos para evitar abrir el debate sobre la posibilidad de quedarse en el recinto de la avenida de Aragón, el más antiguo de España de primera división con 101 años, habida cuenta de que como ya avanzó elDiario.es, la sentencia está prescrita.
Al menos, así lo ven los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València que se han visto obligados a pronunciarse al respecto tras solicitar la asociación Libertad VCF la personación en el caso, precisamente con la idea de saber en qué situación legal está.
La respuesta del Consistorio es reveladora, puesto que no solo dicen que bajo su punto de vista la posible petición de ejecución de sentencia habría caducado, sino que vienen a afirmar que la situación de las gradas se habría regularizado, algo que hasta ahora se desconocía. De ser así, quedaría salvado uno de los grandes escollos que hasta ahora se argumentaba para justificar el cambio de estadio, traslado que no ha podido llevarse a cabo 15 años después de haberse paralizado las obras del coliseo de la avenida de las Cortes Valencianas.
Según el escrito de los servicios jurídicos municipales al que ha tenido acceso elDiario.es, “la sentencia ha sido ejecutada absolutamente” por parte del Ayuntamiento: “Se modificó el Plan general de Ordenación Urbana de València (modificación aprobada por resolución del Conseller de 17 julio 2007) y se han sucedido los instrumentos urbanísticos, de ordenación y de gestión, de modo que la ordenación urbanística actual es totalmente distinta” y añade que aunque la actuación territorial estratégica (ATE) “haya decaído, la ordenación estructural y pormenorizada permanece”.
Además, afirma que “tampoco es posible la incoación de un incidente de ejecución de la sentencia, dado el tiempo transcurrido” puesto que “la acción que parece quiere ejercer la contraparte, una vez acordada su personación, tiene un plazo de caducidad de cinco años, en virtud del art. 1964 del código civil; dado que la sentencia del Tribunal Supremo del antiguo Mestalla es de 16.12.2005; solo cabe entender que, en efecto, la acción para solicitar la apertura de un incidente de ejecución ha caducado”.
Al respecto, el abogado de Libertad VCF, Álvaro Sendra, ha comentado que “es todo una gran estafa, desde el año 2011 hay dos autos del TSJ diciendo que esa sentencia se ha cumplido y desde 2011 hasta hoy se viene argumentando reiteradamente que hay que tirar las gradas de Mestalla”. Sendra ha añadido: “Que no nos digan que la ATE es necesaria para validar la legalización de Mestalla porque la ATE es muy posterior, se aprobó en el año 2015 y se inició la tramitación en 2012 y los autos del TSJ son de 2011. Por lo tanto estaba validada la modificación del planeamiento y la sentencia antes de iniciarse los trámites de la ATE”.
Claves que harían posible salvar Mestalla del derribo
Partiendo de la base de la dificultad que implicaría en estos momentos un giro radical en el planteamiento de trasladarse al nuevo estadio, máxime con el trasfondo de la candidatura de València como posible sede del Mundial de 2030, no es una utopía renunciar al nuevo estadio para quedarse en Mestalla siempre y cuando se cumplan unas premisas cuya viabilidad técnica y jurídica habría que analizar detenidamente.
En primer lugar, haría falta una voluntad clara y manifiesta del club por mantenerse en Mestalla y trasladársela mediante un proyecto claro y riguroso al Ayuntamiento, algo que hasta ahora no se ha dado y que todas las partes han rechazado plantearse.
No obstante, si se diera un gran acuerdo en esta línea y existiera voluntad política para llevarla adelante, igual que la hubo para propiciar el traslado, sería viable, sobre todo tras desaparecer el escollo del situación de ilegalidad de las gradas. Para ello, según diversos especialistas en materia urbanística consultados, se necesitaría también un gran acuerdo entre la mayoría de grupos políticos del Ayuntamiento, puesto que implicaría una nueva recalificación urbanística en los terrenos de la avenida de las Cortes Valencianas y dejar sin efecto la aprobada en la avenida de Aragón.
La parcela de Cortes Valencianas, propiedad del club a todos los efectos, tiene actualmente una calificación de uso deportivo que habría que reconvertir en suelo residencial para que en lugar del actual bloque de hormigón, una vez demolido, se pudieran construir bloques de viviendas, además del pabellón deportivo prometido a los vecinos, que se mantendría.