Ribó frena el plan que prevé 1.300 viviendas en Benimaclet y lo supedita a reducir edificabilidad para conservar huerta
Frenazo al plan urbanístico que prevé 1.300 viviendas en Benimaclet. El alcalde deValència, Joan Ribó, defendió este miércoles la protección de la huerta productiva del barrio y la necesidad de gestionar los planes urbanísticos en consenso con el movimiento vecinal. Lo anunció el primer edil tras reunirse con una representación de Metrovacesa, promotora que impulsa el desarrollo urbano constituida en Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) al haber logrado hacerse con un 51% de los terrenos edificables.
Los representantes de la promotora presentaron al alcalde su proyecto, que prevé la construcción de 1.345 viviendas (un 30% protegidas y un 10% sociales), además de zonas verdes y equipamientos, y le solicitaron el visto bueno para constituirse en agentes urbanizadores, posibilidad que Ribó rechazó de momento.
Al término de la reunión, el alcalde destacó la “importancia de que el proyecto incluya los planteamientos aportados desde los movimientos vecinales del barrio”, que calificó de “muy razonables”.
Ribó explicó que desde el Gobierno municipal se está trabajando en la definición de un proyecto consensuado con los socios de Gobierno del PSPV, como responsables del área de Desarrollo Urbano Sostenible. Una vez esté definido se negociará con Metrovacesa. Sin embargo, el alcalde no descartó la gestión directa del PAI si la promotora rechaza el planteamiento municipal.
“Desde el Gobierno municipal queremos sacar este proyecto adelante de una manera consensuada”, explicó Ribó, “en la misma línea del modelo de urbanismo que estamos impulsando, y que está significando un giro evidente, como por ejemplo las actuaciones y planificación urbanísticas en El Cabanyal, Ciutat Vella o Natzaret, todas ellas consensuadas con el movimiento vecinal”.
Desde el PSPV declinaron realizar comentarios al respecto, pero siempre se han mostrado reacios a modificar las condiciones del PAI por las posibles consecuencias jurídicas y económicas que podría implicar para el Ayuntamiento.
El encuentro tuvo lugar a petición de la empresa y de la AIU, que lo habían solicitado a finales de febrero, justo antes de la declaración del estado de alarma.
El alcalde subrayó la importancia de que las actuaciones urbanísticas en los diferentes barrios de la ciudad se planifiquen de manera integral y en consonancia con los elementos definitorios ya existentes en cada barrio, y que el resultado pueda ser una actuación integrada. En cuanto a la reserva de huerta, si bien la propuesta de Metrovacesa recoge un espacio denominado ‘zona equipada verde’, hay que tener en cuenta que Benimaclet tiene en estos momentos zonas de huerta en cultivo, en producción, que el alcalde ha defendido que permanezcan como elemento definitorio y valioso de la zona, por lo que habría que desclasificar parte del suelo ahora urbanizable.
El alcalde también se ha mostrado favorable a reducir el número previsto de viviendas, así como su disposición: “No me gustan los nuevos barrios con grandes edificios creados dentro de barrios consolidados con tipologías de casas diferentes, todo debe de quedar perfectamente integrado”.
Metrovacesa amenaza con ir a los tribunales
Tras la reunión, Metrovacesa advirtió de que “una potencial desclasificación del suelo no es viable ni está en absoluto justificada; no es viable puesto que, para ello, sería necesario alterar la clasificación actual de los terrenos, lo que habría de acometerse mediante la revisión de la totalidad del Plan General de Valencia, siendo necesaria la aprobación de la Generalitat”
Esto, además, supondría “un elevado coste económico para la ciudad”. Asimismo, “no es una propuesta justificada ya que el proyecto actual surge de un proceso participativo que integra todas las necesidades y peticiones planteadas por los vecinos en su momento”. Adicionalmente, “diversos informes y estudios aportados al Ayuntamiento constatan la arbitrariedad y no justificación de esta alternativa que, en todo caso, habría de haberse planteado en el recientemente aprobado Plan de Acción Territorial de la Huerta Valenciana”.
Con todo, la promotora “continúa abierta a estudiar la mejora de la integración del proyecto con la huerta y el barrio de Benimaclet que permita el desarrollo del proyecto conforme a los parámetros urbanísticos vigentes y ratificados por el consistorio municipal en los últimos años”.
No obstante, afirmó que “si la decisión final del consistorio resultase en la desclasificación total o parcial del suelo, Metrovacesa actuará en defensa de sus derechos y contra la arbitrariedad de una decisión de esas características”.
La desclasificación total de los terrenos para que sea el Ayuntamiento el que ejerza la gestión directa de la urbanización tendría un coste de 11,5 millones de euros, tal y como documentó un estudio de la Universitat de València. En caso contrario, exigen que la edificabilidad actual se reduzca entre un 25% y un 40%.
Según un informe de los técnicos municipales, desclasificar por completo el suelo del PAI para evitar la construcción de más viviendas puede tener un coste de al menos 30 millones de euros, 20 millones en concepto de compensación económica para la promotora y 10 millones más por los equipamientos públicos que dejarían de construirse, cuyo coste debería asumir directamente el Ayuntamiento.
Metrovacesa ha cifrado en 50 millones de euros el importe de la reclamación que pondría al Ayuntamiento en caso de que se desclasificaran los terrenos.
Los vecinos proponen soterrar parte de la ronda norte
La asociación de vecinos de Benimaclet presentó recientemente un proyecto alternativo al Plan de Actuación Integrado (PAI) de Benimaclet que promueve Metrovacesa.
La entidad vecinal ha asegurado que se trata de un proyecto alternativo y viable, desarrollado con la participación vecinal y equipos de arquitectura: “Es un proyecto valiente que apuesta por una verdadera transición huerta-ciudad; esperamos también valentía por parte de nuestro gobierno municipal”.
La propuesta plantea un tramo subterráneo en la ronda norte entre los caminos de Farinós y de las Fuentes: “Esta operación tiene un coste estimado de 15 millones de euros que podría ser compartido por las tres administraciones públicas (local, autonómica y central) como medida correctora del impacto ambiental, puesto que la ronda tiene carácter de infraestructura metropolitana y fue hecha por el Ministerio de Fomento”, reza el proyecto vecinal.
De esta forma, en superficie se propone “la reconstrucción de los terrenos sobre el paso inferior de la ronda recuperando la cota de huerta así como el parcelario y la red de acequias de alimentación y drenaje originales; un bosque perimetral en la ciudad como filtro visual y protección ambiental frente a los tramos de la ronda que restan en superficie”.
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