València estudia modificar la ordenanza sobre prostitución al quedarse obsoleta la actual del año 2013

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de València integrado por Compromís y el PSPV pactó una moción en el pleno que se celebró este jueves con el objetivo de hacer frente al fenómeno de la prostitución. 

Según uno de los puntos de la moción, se iniciarán los trámites “para la aprobación de un plan integral para la prevención y atención a mujeres en situación de prostitución y/o explotación sexual en el municipio de València, que permita analizar el contexto actual y establecer las actuaciones a realizar por los Servicios Municipales en coordinación con otras administraciones y tejido asociativo, que posibilite el análisis y modificación de la ordenanza de prostitución en la ciudad de València”.

Al respecto, la vicealcaldesa de València y secretaria general de los socialistas en la ciudad de València, Sandra Gómez, se mostró partidaria de redactar un nuevo texto normativo “en el que se persiga y se sancione a los puteros”. Desde Compromís comentaron que primero se trabajará el plan integral mencionado y que si de ese plan se concluye que la modificación o redacción de una nueva ordenanza es una herramienta necesaria y positiva, se abordará.

Lo cierto es que la actual ordenanza de prostitución, del año 2013, ya regula las sanciones a los demandantes de prostitución, aunque tan solo cuando los agentes detecten esta situación en la vía publica.

Además, para poder hacer efectivas las sanciones los 'puteros' deben ser reincidentes ya que la primera vez que los agentes los detectan se levanta un acta de notificación, y es cuando se les localiza por segunda vez cuando se materializa la multa, que puede ir de los 200 a los 2.000 euros.

La actual normativa municipal también establece denuncias por promover servicios sexuales en paneles publicitarios, cuya gravedad aumenta si están a menos de 200 metros de centros escolares. Por todos estos conceptos (anuncios y requerir servicios en la vía pública) en los dos primeros años de vida de la ordenanza se pusieron 112 multas.

La aplicación de esta ordenanza, demandada sobre todo por los vecinos del barrio de Velluters, cuyas calles han estado literalmente tomadas por proxenetas, no ha estado exenta de controversia.

De hecho, un informe de Médicos del Mundo denunció a los dos años de la entrada en vigor de la ordenanza que la normativa supuso un descenso del 50% de la prostitución en la calle, pero un aumento en en la misma proporción en pisos clandestinos y clubes, donde según la entidad, aumenta la desprotección de las mujeres y la vulnerabilidad a la violencia psicológica y física. Además, las organizaciones sociales tienen más difícil el acceso en este entorno, en el que solo llegan a un 13% de ellas.

Fuentes municipales comentaron que el nuevo texto tratará de abarcar otros ámbitos mas allá de la sanción al putero en la vía pública, como por ejemplo a aquellos que demanden estos servicios en pisos, por medios digitales o a través de las redes sociales.

La moción también reafirma al Ayuntamiento en la declaración del pleno de septiembre de 2019 de València: “Nos declaramos ciudad abolicionista de la prostitución porque defendemos un modelo social que luche por la desaparición de las causas que obligan a las mujeres a prostituirse, por ser incompatible con el modelo social que proponemos, de igualdad, de respeto a la dignidad de las personas, y de defensa de los derechos humanos de las mujeres”. 

Además, insta al Gobierno de España a “abolir las causas estructurales que hay detrás de la imposibilidad de escoger alternativas a la prostitución con medidas urgentes y con impacto real a la estructura patriarcal, racista y de empobrecimiento, como la derogación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España”, a derogar “urgentemente” la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en tanto en cuanto es utilizada para sancionar a las mujeres en situación de prostitución y a la creación “de un cuerpo especial para la persecución y lucha policial de las mafias y el proxenetismo que está detrás de la explotación sexual y el tráfico de seres humano con fines de explotación sexual, incrementando y mejorando las medidas y recursos judiciales y policiales dedicados a este objetivo”.

La moción insta también a las Cortes Generales a apoyar el proyecto de Ley Integral para la Abolición de la Prostitución, contando para su desarrollo con la totalidad de entidades y sujetos implicados y apoya la Proposición de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.