Vecindarios en peligro de extinción

¿Cuál es el objetivo de construir viviendas? La respuesta obvia sería para que la gente viva en ellas, pero la realidad es muy diferente. Sólo en València 82.000 familias viven en situación de riesgo habitacional mientras aproximadamente 65.000 viviendas permanecen vacías como activos económicos a la espera de ser rentabilizados.

A la burbuja en los precios de la vivienda en propiedad de 2008, le sigue ahora una muy bien diseñada burbuja de los alquileres. Con la suma de las dos burbujas, el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los mayores problemas para casi todas nosotras.

Ante esta situación, el turismo aparece, en ciudades como Valencia, como el causante principal de esta subida súbita de los alquileres. Sin embargo, el mismo efecto se produce en ciudades como Zaragoza, donde la presión turística no es tan significativa, por lo que podríamos concluir que el turismo, si bien agrava la situación, no es el único factor a tener en cuenta.

Si los alquileres crecen de manera indiscriminada desde 2013 no es porque nuestras ciudades tengan un repentino atractivo especial para el turista. Suben porque la reforma de la LAU lo permite, desprotegiendo al inquilino y despojándole de los pocos derechos que le dejó la redacción de la ley en 1994.

Es muy significativo comprobar los estragos que un cambio legislativo produce en nuestros barrios. Desde 2015 a 2017 se viene registrando una subida indiscriminada de los alquileres, coincidiendo con la finalización de los contratos suscritos con el cambio de la ley. Este espectacular repunte es posible gracias a que la subida del precio del alquiler ya no está sujeta al incremento del IPC.

Como consecuencia directa de la liberalización de la actualización de precios, se ha producido la desaparición en toda la ciudad de los alquileres asequibles (de menos de 600€), y una reducción del 60% de la oferta general de alquileres. Sí, otro logro de la LAU es facilitar que el propietario se deshaga del inquilino con mayor agilidad y para esto hace desaparecer el derecho de adquisición preferente del inquilino y la  subrogación en el contrato de alquiler cuando existe un cambio de propietario.

El fenómeno se produce del centro a la periferia. Dos factores fundamentales convierten a un vecindario concreto en una especie en peligro de extinción: la concepción del espacio público como lugar exclusivamente de tránsito y consumo (sus calles y plazas) y la mercantilización del espacio privado (su vivienda).

Dentro de la especie denominada vecindario, aquellos que habitan en régimen de alquiler son, como ya hemos visto,  los más vulnerables y los primeros en ser expulsados del barrio. Les seguirán los propietarios, bien porque les sea especialmente rentable alquilar sus viviendas, bien porque se harten de no tener un bar, una tienda, ni una sola cara conocida con quien ejercer felizmente su vecindad. Por efecto dominó, esta expulsión genera el mismo problema en el barrio vecino, donde residen las familias de perfil socioeconómico más bajo, hasta que los reagrupamientos familiares se hacen inevitables como última opción legal para aquellas personas que no pueden, ni aun trabajando, permitirse un alquiler.

Hay que continuar con las ayudas al alquiler e incrementar los parques de vivienda pública, pero el gran reto está en la movilización del parque privado de vivienda vacía, muchas veces sin condiciones mínimas de habitabilidad. El reto es incentivar la puesta a disposición de estas viviendas para alquiler social, a cambio de incentivos a los propietarios. Estos incentivos pueden ir desde las rebajas de impuestos, a la garantía municipal frente a impagos y otros riesgos o la gestión de fórmulas como la masovería, es decir, vivienda a cambio de trabajo en la consolidación y rehabilitación de la misma. El reto es reducir el número de familias sin casas y de casas sin familias. Pero la reforma de la LAU es inaplazable para parar esta sangría social.