Vox exige al PP volver a beneficiar a los más ricos duplicando el mínimo exento del impuesto al patrimonio y elevarlo a 1 millón

El mismo día que Carlos Mazón anunciaba que va a continuar con su reforma fiscal, llegando a cifrar en 256,5 millones de euros el recorte en la recaudación (entre las medidas la reducción de un 60% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), Vox pedía más. Entre el medio centenar de enmiendas presentadas por el partido de extrema derecha a la ley de acompañamiento, una pide beneficiar más a las rentas másaltas: duplicar el mínimo exento del Impuesto de Patrimono de 500.000 euros a 1 millón de euros.

De este modo la formación de Santiago Abascal pide que, dentro del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) deje de recaudarse más allá de un patrimonio de medio millón de euros, y que se llegue al millón -excluido el valor de la vivienda habitual- sin necesidad de pagar este impuesto. Una medida que claramente no va en beneficio de las rentas medias y bajas.

Actualmente la Comunitat Valenciana, con el listón de los 500.000 euros, cuenta con uno de los máximos de patrimonio exentos más bajos de España, mientras que a nivel estatal el mínimo es de 700.000 euros. La propuesta de Vox pretende elevar así el mínimo establecido por el gobierno de Ximo Puig en 2021 y elevarlo tadavía más que lo que recauda la Agencia Tributaria, llegando al millón de euros.

Todavía en el apartado de los impuestos otras de sus enmiendas a la ley de acompañamiento serán reducir un punto porcentual del impuesto de transmisiones patrimoniales y una décima del impuesto de actos jurídicos documentados.

Otra medida incluida en las enmiendas está la creación de una oficina antiokupación en la Comunitat Valenciana, como la recientemente aprobada por el Ayuntamiento de València, una medida que se reclama pese a que las diligencias por ocupaciones han caído en 2024.

Proteger las cruces franquistas

Entre las enmiendas también las hay que piden modificaciones dentro de la Ley de Concordia, en la que se pide que el texto incluya una disposición adicional sobre la “reinterpretación y recuperación del patrimonio” para que “elementos, monumentos o cruces” de la Comunitat Valenciana que estén recogidos por esta ley se entiendan como “elemento de concordia” y “símbolos de memoria colectiva, reflexión y homenaje” a las víctimas.

Esta disposición permitiría que tanto ayuntamientos como los de Castelló de la Plana o Callosa de Segura, así como la conselleria con competencias en Concordia, puedan recuperar en su emplazamiento original los “elementos retirados” siempre y cuando se respeten “los principios de la concordia democrática y no suponga vulneración de los derechos de las víctimas”.