El 'yonki del dinero' pide la nulidad de las cintas que sostienen toda la investigación del 'caso Taula'
Marcos Benavent, el autodenominado 'yonki del dinero', ha pedido la nulidad de las cintas que aportó su exsuegro a la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de diez horas de audios extremadamente comprometedores en los que aparecen relevantes cargos del PP valenciano, especialmente el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, maquinando todo tipo de asuntos turbios vinculados a presuntas corruptelas.
Benavent, tras el reciente cambio de letrado, ha virado su estrategia de colaboración con Anticorrupción hasta el punto de atacar al origen de toda la instrucción de las diez piezas separadas que conforman el 'caso Taula'. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiraron del hilo tras analizar las comprometedoras grabaciones.
El 'yonki del dinero' validó los audios desde el primer momento e incluso delató quiénes eran los protagonistas de las conversaciones, algunas de las cuales han pasado a la historia como una suerte de memoria oral de la corrupción [“mil, dos mil, tres mil, quatre mil (...) dotze mil. Dos milions de peles”]. El cambio de abogado ha comportado un brusco giro en la estrategia de colaboración que llevaba Benavent desde hace más de seis años.
Su nuevo letrado, Juan Carlos Navarro, ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en el que pide la nulidad de las cintas, según ha avanzado Valencia Plaza. El 'yonki del dinero', que vuelve a declarar este miércoles, ha solicitado la nulidad alegando que se rompió la cadena de custodia del pendrive que contenía los audios.
La documentación incautada por la UCO en el registro del anterior abogado de Benavent permitió iniciar la investigación que desembocó en el 'caso Erial' en el que el exministro Eduardo Zaplana es el principal investigado. El objetivo último de la nueva estrategia de 'yonki del dinero', según fuentes cercanas al caso, es conseguir la nulidad del registro del despacho. Se trata pues de un ataque en toda regla a la línea de flotación de dos de las más relevantes investigaciones sobre corrupción que se han llevado en los juzgados valencianos.
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