Los 'zombis' confesos de 'Taula': pagados con dinero público para trabajar en el PP y jugar en el club de fútbol de Alfonso Rus

La tercera sesión del juicio por la pieza separada B del 'caso Taula' ha supuesto una estocada en toda regla para las defensas de Alfonso Rus, expresidente 'popular' de la Diputación de Valencia, y de Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero'. Una decena de acusados han confesado que fueron contratados por la presunta trama corrupta en empresas públicas para trabajar para el PP, realizar gestiones personales de Benavent e incluso jugar en el club de fútbol de Rus. Todo abonado con dinero público. Los 'zombis' confesos han alcanzado pactos de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, que apuntala así la acusación pública en el segundo juicio del 'caso Taula'.

El primer acusado que ha confesado su condición de 'zombi' ha sido José Estarlich, testaferro del 'yonqui del dinero' condenado en el primer juicio del 'caso Taula'. Tras haber ejercido de hombre de paja de Benavent en la empresa pantalla que sirvió para esquilmar y blanquear fondos públicos, Estarlich sufrió una “precaria” situación económica y necesitaba “un poco de liquidez”, según ha relatado ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

La “solución” de Marcos Benavent fue contratarlo en 2009 (durante cuatro meses) en Imelsa, la empresa pública de la Diputación de Valencia de la cual el 'yonqui del dinero' era gerente. Con ese “paripé”, percibió 14.340 euros y se dedicó a realizar “gestiones particulares” de Benavent.

El segundo 'zombi' confeso ha sido el futbolista Miguel Ángel Mullor, jugador del Olímpic de Xàtiva, el club de Alfonso Rus. “Tenía contrato en el club pero cobraba de Imelsa como futbolista”, ha declarado el deportista.

De las cuatro temporadas en que militó en el equipo, en las dos últimas (en 2009 y 2010, cuando el club estaba en primera regional preferente y en tercera división) cobró 57.325 euros de Imelsa como presunto asesor del entonces diputado provincial del PP Isidro Prieto. El jugador también fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Ontinyent.

El acusado, como parte del pacto de conformidad con Anticorrupción, ha devuelto la totalidad del dinero que cobró indebidamente. El equipo de fútbol protagoniza la pieza separada C del 'caso Taula', en la que los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acreditado que Alfonso Rus disparó los ingresos del club un 860% con presuntas mordidas de empresas contratistas de la Diputación de Valencia que presidía el expolítico del PP.

El letrado de Alfonso Rus ha solicitado al tribunal aportar nueva prueba documental para intentar justificar que el jugador también cobró del equipo de fútbol. El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, ha advertido de que la contabilidad del Olímpic de Xàtiva “fue completamente destruida”. Y es que, tal como consta en un informe policial, cuando los investigadores de la UCO registraron las instalaciones del club apenas hallaron unos recibos.

“Nos extraña que se pueda llegar a justificar esa situación cuando no existen esos libros [de contabilidad]”, ha dicho el fiscal. Finalmente, el presidente del tribunal ha aceptado la documentación aunque ha advertido de que, en caso de que se trate de “cuatro papeles tiñosos”, tal que así serán valorados.

Los 'zombis' con contratos de alta dirección

Otros dos acusados han reconocido que fueron contratados en la empresa pública Ciegsa, cuya función era la construcción de colegios, a pesar de que trabajaron en la sede del PP en Valencia. Manuel Gómez Pérez se encontraba en paro con 60 años y repartió su currículum “a todo el mundo”, incluido a Alfonso Rus (aunque en su declaración en la fase de instrucción dijo que lo entregó al entorno del expolítico del PP).

El edil 'popular' fue contratado en la mercantil pública entre 2005 y 2009, con una retribución anual de 18.866,09 euros brutos. “Donde realizaba mayormente mi trabajo era en la sede del PP”, ha reconocido el hombre, que fue concejal 'popular' del Ayuntamiento de Requena entre 1987 y 1995 y primer teniente de alcalde hasta 2003.

Otro 'zombi' confeso fue Antonio Gil Monteagudo, contratado en Ciegsa entre 2005 y 2012 con un contrato de alta dirección por el que percibió 203.743,39 euros. El hombre, también afiliado al PP, ha defendido en su declaración que sí que trabajó para Ciegsa, a las órdenes de Máximo Caturla, consejero delegado de la empresa pública y también acusado. Gil ha alegado que asistía a “primeras piedras” (en referencia a las inauguraciones de los colegios) y visitaba a alcaldes, cumpliendo con su horario. “Tengo un currículum intachable”, ha afirmado.

La versión inicial que ha mantenido ha causado sorpresa en el Ministerio Público, dado que el acusado había alcanzado un pacto de conformidad para confesar que era un trabajador 'zombi'. Sin embargo, el tribunal ha aceptado una inusual petición de su letrada para ampliar la declaración (“No ha sabido explicarlo”, ha dicho la abogada). Así, también ha reconocido que, tras un periodo de un año y medio en la empresa pública, pasó a trabajar en la sede del PP.

Otro 'zombi' de Ciegsa, Juan Sanchis, también fue agraciado con un contrato de alta dirección entre 2005 y 2011 por el que percibió 227.480 euros. Sin embargo, no efectuó labor alguna. Una versión que se contradice con lo que declaró tanto en la fase de instrucción como en una comisión de investigación en las Corts Valencianes. “Declaré todo esto puesto que tenía un abogado [anterior a su actual letrado] que me incitó a decir esto, la verdad es lo que estoy diciendo ahora”, ha alegado el hombre.

A continuación, la acusada Eva Luisa Sarrión, ama de casa, ha declarado que fue contratada entre 2012 y 2015 como asesora de Imelsa. La mujer, que ha devuelto los 89.243,98 euros que cobró de la empresa pública, pasaba por dificultades económicas y pidió ayuda al 'yonqui del dinero', al ser ambos vecinos de Xàtiva. No realizó trabajó alguno, según ha reconocido arrepentida.

Deudas con Engloba

Los acusados Óscar Pavón y Salvador Tormo han confesado que estaban contratados en Imelsa sin trabajar allí. Se trata de dos trabajadores de José Adolfo Vedri, conocido empresario valenciano del sector de la comunicación y muy cercano al 'yonqui del dinero'.

Vedri, también acusado, ha declarado que Imelsa mantenía una deuda con una de las empresas filiales del Grupo Engloba. “Le pedí a Benavent que me resolviera el pago de esas facturas y la solución que se me dio fue compensar esa deuda con los cuatro meses [de contrato en Imelsa] de los trabajadores, que eran más o menos el importe de la deuda”, según ha confesado Vedri. Así, Óscar Pavón y Salvador Tormo cobraron, respectivamente, 19.330 y 17.518 euros, cantidades que el empresario de Engloba ha devuelto íntegramente.

Raúl Pardos, exconsejero socialista en Imelsa, ha reconocido que firmó dos certificados en los que constaba que José Javier Cañizares estaba adscrito al grupo socialista en la Diputación de Valencia. Cañizares, en una insólita petición al inicio del juicio, renunció a su abogada por pérdida de confianza total (por lo que el tribunal se vio obligado a procesarlo en una pieza separada) y reconoció que se dedicaba a tareas de mantenimiento para el PSPV-PSOE.

Así, el acusado Raul Pardos ha explicado que “un funcionario” le comentó que Cañizares estaba contratado por el anterior consejero de Imelsa. En un primer momento dudó y se negó a firmar pero más tarde accedió: “Cometo el error de firmarlos pero no sabía que estaba asignado a mí y que no estaba trabajando para mí”, ha dicho ante el tribunal.