El caso del periodista Vladimir Herzog evidencia la barbarie de la dictadura brasileña

Es la segunda vez en lo que va de año que la sociedad brasileña se ve obligada a repensar la imagen oficial de su propia dictadura. Hay quien sostiene que los dirigentes militares que gobernaron entre 1964 y 1985 eran meros estadistas, gestores al frente de una dictablanda. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de la barbarie que se quiere silenciar desde entonces.

Los documentos de la CIA desclasificados en mayo daban muestras de que la cúpula del régimen militar –las filtraciones se centran en dos de los líderes de los años setenta, los generales Geisel y Figueiredo, pero era algo muy extendido– estaba al tanto de las ejecuciones extrajudiciales de opositores. De hecho, daban el visto bueno a todo el esquema de represión.

Ahora la Corte Interamericana sigue a la espera de una reacción del Estado brasileño: la institución acaba de condenarlo por crímenes de lesa humanidad, y ha solicitado reabrir la investigación en el caso de la detención ilegal, tortura y asesinato del director del área de periodismo de la TV Cultura, Vladimir Herzog, en octubre de 1975. El régimen archivó el caso en 1976 como si de un suicidio se hubiera tratado, llegando al punto de manipular el cadáver del periodista para registrar el momento en una fotografía que simulaba un ahorcamiento.

“Cuando mi padre muere, mi madre trabajaba en una multinacional en el área de la publicidad”, comenta Ivo Herzog, uno de los hijos del periodista, en una charla para eldiario.es. “Le ofrecieron el traslado a cualquier país que escogiera. Su decisión fue que Brasil era su país. Se sentía obligada a trabajar para revelar la verdad”.

El asesinato que conmovió a Brasil

Esa verdad fue surgiendo desde la misma fotografía con la que la dictadura quiso disfrazar el asesinato. En la celda de Herzog no había nada con lo que ahorcarse, ni la altura suficiente. Lo que sí que mostraba la imagen era los signos de tortura y estrangulamiento. Eso fue el punto de partida. Las revelaciones de sus compañeros y vecinos de celdas fueron los siguientes pasos en la búsqueda de justicia.

Herzog estaba afiliado al Partido Comunista de Brasil, que actuaba en la clandestinidad durante la dictadura. Había sido requerido en un par de ocasiones por el DOI-CODI –el órgano más temido del régimen: Destacamento de Operación de Información/ Centro de Operaciones de Defensa Interna–, que dudaba de su línea de trabajo. El 24 de octubre, para evitar más presiones, se presentó voluntariamente a declarar en uno de los centros del DOI-CODI en São Paulo. Nunca más salió de allí. Otros detenidos que allí se hacinaban relataron lo sucedido. Le encapucharon y le aplicaron la picana eléctrica. Para disimular sus gritos ante las descargas de corriente, lo único que se escuchaba por los pasillos de las celdas era un aparato de radio a todo volumen.

Acabaron con él al día siguiente. Los nombres que siempre se han barajado entre sus ejecutores son los de Pedro Antônio Mira Grancieri, inspector de la policía, que confesó en una entrevista a la revista IstoÉ a principio de los noventa, y el coronel Audir Santos Maciel, uno de los coordinadores de los interrogatorios. El primero acuñó la frase “los comunistas tienen que mear y cagar sangre”, mientras pateaba los riñones de los detenidos. El segundo ordenaba suministrarles las mismas inyecciones con las que se sacrificaba a los caballos.

Desde aquel 25 de octubre de 1975 hasta hoy, la familia, organizada en torno al Instituto Vladimir Herzog, ha remado sin parar sin conseguir más que pequeños reconocimientos parciales. “Hemos tenido manifestaciones de apoyo de decenas de políticos, de centenares, pero lo que no hemos tenido es algún político que haya trabajado en la causa de manera constante durante todos estos años”.

Los nostálgicos de la dictadura y la Ley de Amnistía

A pesar de los testimonios, indicios y certezas, el odio que emana desde parte de la política brasileña hacia parte de la población intenta blanquear la dictadura. El candidato ultraderechista Jair Bolsonaro, bien posicionado en las encuestas para las elecciones presidenciales, declaró en una entrevista televisiva tras conocerse la condena de la Corte Interamericana que “nadie tiene pruebas de nada”, y que “muchos dicen que se suicidó; existen los suicidios, la gente se suicida”. Bolsonaro, militar retirado, que en el pasado no ha tenido reparos en apoyar la utilización de métodos de tortura y que llega incluso a poner en duda la existencia de la dictadura, no soporta que llegue “esa gente de la ONU hablando de derechos humanos, queriendo victimizar a Herzog.”

Ante posturas de este estilo de uno de los presidenciables, Ivo Herzog se muestra inalterable: “Creo que esta persona es absolutamente pequeña e insignificante comparada con la dimensión de este proceso de cuatro décadas, que representa no solo la familia Herzog sino a las de todos los muertos y desaparecidos, con una condena de una Corte de la cual este país es asignatario.” Según el hijo del periodista de la TV Cultura, el discurso de Bolsonaro solo busca sacar partido desde el escarnio, lo absurdo y lo grotesco: “Él no es un ignorante, sabe bien lo que sucedía, la violencia de aquella época.”

Muchos de los militares brasileños, entre ellos el mismo Bolsonaro –y sus seguidores–, hacen referencia a la Ley de Amnistía (1979) para no remover la memoria histórica. Esta la clave de la transición democrática en Brasil y la razón de la relativa tranquilidad de los que cometieron crímenes de este calado. La ley fue oficializada por el régimen militar, permitiendo el retorno de los exiliados políticos, que no serían juzgados por sus acciones contra el Ejército. Como contrapartida, tampoco los militares serían juzgados por sus acciones.

La sentencia de la Corte Interamericana incide en que la protección de determinados crímenes en base a leyes de amnistía está “prohibida por el derecho internacional en casos de crímenes de lesa humanidad”, que además no prescriben. Pero en Brasil nunca ha calado este concepto. A lo largo de todos los gobiernos democráticos, y aunque se instaurara la Comisión Nacional de la Verdad (en la primera legislatura de Dilma Rousseff), la Ley de Amnistía ha sido utilizada como mecanismo de amenaza y control, ya que la actividad de los movimientos sociopolíticos clandestinos –algunos políticos actuales provienen de aquellas estructuras– también podría ser enjuiciada.

El Ministerio de los Derechos Humanos redirecciona al Ministerio de Exteriores

Nada más conocerse la sentencia de la Corte Interamericana, el Ministerio de los Derechos Humanos afirmó que, dentro de sus competencias, darían “cumplimiento íntegro a la sentencia, así como se articularían con otros órganos y entidades públicas para su cumplimiento”. Consultado por este periódico sobre cómo se articularían exactamente estas investigaciones, el Ministerio de los Derechos Humanos primero informó de que “estaban preparando una nota”, para posteriormente desmarcarse diciendo que “esa pregunta debe ser respondida por el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Aloysio Nunes es el ministro de Relaciones Exteriores, y uno de los hombres fuertes del gobierno de Michel Temer, enemigo de todo lo relacionado con la izquierda en el Brasil actual, aunque en su época estuviera afiliado al Partido Comunista de Brasil, como Herzog, e incluso participara en acciones de la lucha armada contra la dictadura. Nunes considera hoy en día su época de lucha contra el régimen militar como un error. Sus excompañeros definen al ministro como alguien que se rebelaba contra las prohibiciones por mero ímpetu de juventud, y no por ideología marxista.

“La decisión de la Corte de San José reaviva la importancia de la indignación causada por la muerte de Herzog para confirmar el compromiso ineludible de la sociedad brasileña con la democracia y el respeto de los derechos humanos”, declaró el ministro en un comunicado, acatando la sentencia. Nunes lleva dieciséis meses en el cargo, y le quedan cinco más, hasta que se forme un nuevo gobierno. Estas palabras podrían quedar sepultadas por la campaña electoral, como todas las palabras de los anteriores 43 años.

Aún así, Ivo Herzog mantiene la esperanza de que se reabra la investigación y el proceso judicial. Si las informaciones que maneja van en la buena dirección –“el Ministerio Público va a hacer ese movimiento”– el mundo podría acercarse un poco más a la realidad de lo que significó el régimen militar brasileño.