España, problema de integración constitucional

Estamos inmersos ahora mismo en el peor de los momentos posibles que se dan en el interior de una crisis: cuando las trompetas de los proclamados victoriosos anuncian el inicio falso de su fin y comienza la indiferencia entre los afectados. Es entonces, es ahora, cuando los coletazos finales de la coyuntura se asientan, cuando cambian los paradigmas de la sociedad y se consolidan las visiones más regresivas. Ni la crisis económica ni la territorial han acabado en España, pero tanto el neoliberalismo deshumanizador como una perspectiva unívoca y anti-pluralista de nuestro marco constitucional parecen incrustarse cada día con mayor profundidad en un país hastiado y cansado de tanto atropello.

En el intersticio entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no acaba de nacer, al decir de Gramsci, se sitúa indefinidamente la cuestión territorial española, alargando y profundizando la situación de crisis generalizada en la que nos encontramos y añadiendo un factor diferente, genuino, a la desintegración del Estado Social que vive Europa. Esta particularidad nuestra, la de no haber conseguido aún solucionar y afrontar como se debiera los problemas inherentes a la estructuración territorial del Estado, no es nueva. Ya Ortega, con su peculiar clarividencia, advertía en los prolegómenos de la Segunda República que a diferencia de los franceses, ingleses o alemanes, para el español sigue habiendo un “problema primero, pleno y perentorio: España”. Los debates del pensador en las Cortes y sus discusiones públicas con Azaña son ya parte indiscutible de la historia intelectual y política de nuestro país, y no está nunca de más volver a ellas para dilucidar el alcance de la problemática e intentar desplegar un conjunto de soluciones realistas que le den fin.

Ya sea en el marco republicano o en el actual del 78, el punto de convergencia en torno a lo territorial de las críticas, los defectos, respuestas y demandas es la Constitución. Y es que hay que entender esta no solamente como un instrumento normativo de ordenación jurídica de la vida del país y sus poderes constituidos, sino también, y muy especialmente, como un medio de integración simbólica de la comunidad política. A veces, y sobre todo desde la academia, tendemos a analizar la Constitución bajo una perspectiva exclusivamente legalista y formalista, creyendo que, en este caso, la defectuosa articulación jurídica de nuestro modelo territorial es la única causa que subyace a la crisis desatada. Quienes, a su vez, comparten la visión más reduccionista de esta idea son los que creen encontrar en los tribunales y el Derecho existente la única posible y adecuada solución a la tensión que plantean los nacionalismos.

Que en parte el territorial es un problema jurídico, es indiscutible y se debe a múltiples causas. La apertura inicial del sistema ha venido siendo cerrada, paulatinamente, por una jurisprudencia del Tribunal Constitucional no siempre uniforme; la hipertrofia de la legislación básica del Estado ha terminado por anular las potencialidades del principio autonómico en múltiples ámbitos; la posibilidad de transferir hasta las competencias exclusivas estatales ha introducido elementos distorsionadores y asimétricos de difícil encaje; la subalterna posición del Senado, lejos a su vez de cualquier consideración de cámara territorial, impide una eficaz representación de los intereses regionales en la formación de la voluntad política estatal; la falta de mecanismos de cooperación horizontal y vertical entre las CCAA y éstas con el Estado, o la ausencia de criterios claros y estables en el sistema de financiación autonómica, que provoca situaciones de injusticia evidente (C. Valenciana, vg.), constituyen algunos de los elementos capitales de la falla jurídica del modelo, y es sobre ellos donde se han producido la mayor parte de las propuestas de reforma. Pero éstas no deben obviar que, sobrevolando la necesidad y oportunidad de una federalización y readaptación de la estructura territorial, permanece la problemática de la integración constitucional.

Como teorizara Rudolf Smend, la articulación de los poderes del Estado y la garantía de su funcionamiento se asientan sobre la identificación entre los ciudadanos, en tanto comunidad política, y el marco simbólico que rodea al propio aparato estatal. Es evidente que, 40 años después de la aprobación de la Constitución, una parte nada despreciable de la población española ha perdido su vinculación con el proyecto de vida en común que aquella enarbolaba, con ese marco simbólico de adscripción, y lo ha hecho no sólo por las dificultades jurídicas o procedimentales en que dicho proyecto se ha intentado desenvolver. A la consideración de nuestra norma fundamental como un baluarte frente al pluralismo y a las visiones alternativas de(l) país, se ha sumado la visión reduccionista de los distintos nacionalismos, especialmente parte del catalán, que han comenzado a rechazar cualquier idea de proyecto conjunto, con el resto de españoles, de reforma o transformación. Así, entre la frente estrecha de unos, que se creen portadores del gen de don Pelayo (constitucionalista él, claro está), y el determinismo prometeico de otros, las posturas pluralistas, federales e integradoras parecen predicar en el desierto.

Pero, ¿cómo integrar, precisamente, a quienes no se sienten identificados con la propia comunidad a la que pertenecen? Además de dar solución, racional, a los diferentes problemas jurídico-constitucionales planteados para avanzar hacia una verdadera federación donde imperen el reconocimiento, la lealtad mutua y la solidaridad, se hace necesario explorar el mencionado campo de lo simbólico desde la Constitución, alejándonos a su vez de los márgenes de la taumaturgia y la mística en el que aquél suele desenvolverse. El reconocimiento de la plurinacionalidad de España, defendido ya por dos de los grandes partidos políticos, puede constituir la primera asunción constitucional de una nueva integración que sirva como acicate, desde su simbolismo, para el abordaje de los problemas concretos en los que la ausencia del mutuo reconocimiento se desarrolla. Sin necesidad de especificar cuáles son las supuestas naciones que integran el proyecto común, lo que nos llevaría a una discusión bizantina sin fin y a nuevas asimetrías (el debate aquí del PSOE ha hecho aguas), la plurinacionalidad misma puede entenderse como un valor per se, que se despliegue a lo largo del texto constitucional y que ampare una nueva cultura política del entendimiento. La presencia de las distintas lenguas españolas en los órganos de decisión estatales y en el espacio público-mediático (reforma de TVE mediante), podría constitucionalizarse y elevarse, así, al máximo nivel de protección, garantía y fomento. La descentralización de la propia capitalidad del Estado (valga el oxímoron), se podría canalizar también mediante la relocalización de algunas instituciones, siguiendo el modelo alemán y alentando, con ello, la presencia pública de aquellas zonas de la España olvidada (no vacía) que solo aparecen en la sección de sucesos. La re-simbolización de nuestros elementos de identificación, como el himno o la bandera, precisaría, asimismo, de una bendición puramente democrática, donde la expresión directa de la voluntad popular se formulara y enmarcara en un debate amplio y sin complejos. Por último, una nueva y plural visión de nuestra historia compartida debería ser central en el necesario rediseño del sistema educativo español, otra de las grandes tareas pendientes. Que los futuros ciudadanos catalanes sepan quién fue Felipe Trigo o el Brocense, y que los estudiantes asturianos pongan en valor la poesía de Ausiàs March o la novela de Rodoreda, puede constituir un avance mayor para la integración que decenas de proyectos de ley. Porque si hay algo que desdeñan los nacionalismos (y aquí el español ha llevado la delantera mucho tiempo) es la unidad humanista de conocimientos, la universalidad del sustrato común del que parten las diferentes culturas y el lenguaje único de sus principales manifestaciones.

Por tanto, solo si conseguimos que el proyecto común de España vuelva a ser integrador desde su propia renovación, jurídica y simbólica, podremos vivir como “partes de un todo, y no como todos aparte”, que diría nuevamente Ortega. Pues solo desde ese todo enriquecido por el pluralismo y la diversidad, incardinado en una Europa democrática también revitalizada, pueden afrontarse los grandes retos del presente y los que nos depara el mañana.