De la autotutela a la autoinstitución del derecho a la vivienda

Con el objetivo de revertir una situación de emergencia habitacional que ya se ha vuelto endémica, más de medio centenar de organizaciones sociales se han aliado para garantizar que la ley estatal que está negociando el Gobierno proteja efectivamente el derecho humano a una vivienda adecuada. Si sus propuestas 'desde abajo' se volvieran realidad, no solo alteraría el modelo económico de nuestra sociedad al priorizar la función social de la vivienda sobre sus usos especulativos, sino que también representaría un cambio de paradigma democrático. Al reivindicarse como actores legítimos para cambiar las leyes, los movimientos sociales disputan al Estado y al mercado el monopolio de la toma de decisiones y abren un espacio de producción común del derecho. Más que nunca, la lucha por una mejor distribución de los recursos necesarios para la reproducción de la vida – como lo es la vivienda - es inseparable de una reapropiación colectiva del poder de legislar, de dotarnos de normas de convivencia. 

Con más de un millón de desahucios en el conjunto del Estado español desde 2008, podemos afirmar que la emergencia habitacional ya se ha vuelto estructural. Trece años después del estallido de la burbuja inmobiliaria, la llamada “crisis de la vivienda” se ha vuelto regla; el Comité DESC de la ONU ha dictaminado hasta en cuatro ocasiones que España incumple reiteradamente aspectos esenciales del derecho a una vivienda adecuada y asequible. Después de la crisis hipotecaria y de una nueva burbuja del alquiler, que todavía siguen vigentes, la pandemia mundial ha revelado un nuevo rostro de la precariedad habitacional. Además de sus efectos sanitarios, la crisis de la Covid también ha tenido graves consecuencias en la protección del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales, ya debilitados bajo la excusa de la crisis de 2008, especialmente para los colectivos más vulnerables. Esta crisis ha demostrado que las desigualdades socio-económicas se plasman en un acceso desigual a la vivienda, y que el derecho a la vivienda está estrechamente vinculado con otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a la integridad física y psicológica o el derecho al trabajo. En definitiva, el derecho a una vida digna de ser vivida. 

Frente a esta situación de emergencia habitacional crónica, la ciudadanía organizada se moviliza, y lo hace a través de la presentación la semana pasada de una iniciativa para una Ley de Vivienda que garantice efectivamente el derecho a la vivienda. La Plataforma de Afectados/as por la Hipoteca, la Alianza contra la pobreza energética, el Movimiento Nadie sin Hogar, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, el Observatori DESC o numerosos sindicatos laborales, entre otras entidades, han conformado una amplia e inédita alianza social determinada a incidir en la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda que el Gobierno está preparando. La iniciativa ciudadana exige como mínimo que la nueva ley integre ocho medidas de aplicación directa en todo el Estado. Estas medidas incluyen demandas históricas de la PAH, como poner fin a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional digna, la ampliación del parque público de alquiler social a un mínimo del 20% del conjunto de viviendas, o la garantía de los suministros básicos de agua, luz y gas; y también otras medidas como la regulación de los alquileres según la renta o la asignación de una parte de los fondos europeos de recuperación a la ampliación presupuestaria para vivienda social. 

Entre estas propuestas cabe prestar especial atención a la octava, donde se reivindica la “participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo” mediante mecanismos que permitan “que las diferentes organizaciones (plataformas de afectados, asociaciones y sindicatos) puedan intervenir tanto en el diseño como en el posterior control de las leyes y planes en materia de derecho y acceso a la vivienda”. ¿En qué medida esta última reivindicación representa un cambio de paradigma democrático? La intervención de los movimientos sociales en la elaboración y el seguimiento de las leyes pone sobre la mesa la cuestión de quién es legítimo para tomar decisiones que afectan al conjunto de la población. Más precisamente, cuestiona la lógica de delegar todo el proceso de construcción y de protección de los derechos fundamentales a las administraciones públicas o al mercado, que se han demostrado incapaces de garantizarlos para muchos colectivos e individuos vulnerables. 

En este sentido, las propuestas legislativas de la Plataforma de Afectados/as por la Hipoteca, como Iniciativas Legislativas Populares a la escala estatal o autonómica, y mociones en la escala municipal, hacen un uso contrahegemónico del derecho. Si bien estas propuestas buscan un reconocimiento y hasta una inscripción dentro del sistema jurídico hegemónico, los movimientos sociales sustraen a la soberanía estatal la propia actividad de legislar, que se da previamente en asambleas de instituciones no-estatales y solamente en una segunda fase en los órganos representativos parlamentarios. Los movimientos sociales no solamente son contrapoderes populares capaces de garantizar el derecho a la vivienda desde la desobediencia civil, sino también verdaderas potencias instituyentes. Por esta razón esta campaña para incidir en una ley que garantice el derecho a la vivienda representa una oportunidad histórica, ya que busca transformar la autotutela de los derechos en “autoinstitución” de los derechos. 

Desde la disputa en contra de la ley que prohibió la recolección de leña en Renania en 1842 (que fue estudiada por Marx en diversos textos) hasta las luchas en contra de la biopiratería y la apropiación de semillas agrícolas por parte de las grandes empresas privadas a través de las patentes, los conflictos para preservar los bienes y recursos comunes muchas veces se han planteado como luchas para la reapropiación colectiva de los códigos jurídicos que regulan los usos de estos recursos. Esta tradición de conquistas legales nacidas de la calle se está reactivando en nuestras ciudades, a través de propuestas legislativas de los movimientos sociales para garantizar la función social de la vivienda, pero también de experiencias de comunalización del servicio urbano del agua mediante la creación de observatorios ciudadanos del agua, redes de cooperativas energéticas, o nuevos estatutos de uso cívico colectivo de centros sociales en Italia. En un libro colectivo recién publicado por Icaria (Códigos Comunes Urbanos. Herramientas para el devenir-común de las ciudades), recopilamos diversas experiencias recientes de recuperación del potencial emancipador de las herramientas jurídicas que dan forma y acompañan estos comunes urbanos emergentes. 

Con el término “códigos comunes urbanos” nos referimos a las herramientas que regulan la producción de los comunes, y que a la vez son generadas en común. Implican la puesta en común de los recursos necesarios para la reproducción de la vida mediante una reapropiación colectiva de los códigos jurídicos y de la misma definición de las necesidades y de los derechos, que escapa al estricto control del Estado y del mercado. En esta línea, en su manifiesto, las entidades que impulsan la iniciativa para una ley que garantice el derecho a la vivienda afirman que no están “dispuestas a permitir que sean el sector financiero, las grandes inmobiliarias y los fondos buitres quienes dicten el texto de esta Ley”. Pero al reivindicarse como un “lobby social” capaz de incidir en lo que decida el Congreso de los diputados, estas organizaciones también contestan el monopolio de la actividad política por unos pocos profesionales de los asuntos públicos. Que la próxima Ley de Vivienda integre las medidas propuestas por esta nueva iniciativa ciudadana permitirá comprobar qué tan permeables son nuestras instituciones democráticas a la potencia instituyente de los movimientos sociales.