Contra la corrupción, colaboración

Según el barómetro del CIS de febrero de 2015 la corrupción, por detrás del paro y a mucha distancia de los problemas de índole económica, es la segunda de las preocupaciones de los españoles. Sin embargo, dicho nivel de preocupación no se corresponde con el tratamiento que a tan grave lacra están dando las diversas autoridades involucradas en la persecución de este tipo de delitos.

La reciente y precipitada finalización de la fase de instrucción del caso conocido como los papeles de Bárcenas es uno de los ejemplos de cómo se está abordando el problema: básicamente se realizan instrucciones que se terminan a mitad de camino del esclarecimiento de los hechos, para así acabar incriminando, como regla general, a los eslabones más débiles de las tramas de corrupción que devastan nuestro país.

Otro claro ejemplo de cómo no se combate adecuadamente la corrupción viene del lado de aparatosas reformas penales que, al mismo tiempo, van acompañadas de otras de índole procesal que sólo pretenden reducir el tiempo de investigación. De esta forma, se genera el adecuado marco de impunidad para quienes cometen delitos de compleja y lenta investigación.

La verdadera lucha contra la corrupción pasa, en primer lugar, por la plena utilización de los instrumentos legales ya establecidos en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero siguiendo los criterios interpretativos que se utilizan para cualquier otro tipo de delitos. Es decir, que no es necesario tanto cambiar las normas cuanto aplicarlas tal cual se aplican en aquellos delitos que no afectan ni al poderdelitos que no afectan ni al poder político ni al económico.

Ahora bien, la reforma legal que sí debería realizarse de forma inmediata es la que afecta a la legislación sobre indultos, para prohibir que los condenados por delitos de corrupción puedan beneficiarse de unas medidas de gracia que están en las manos del Gobierno de turno.

Una segunda forma de combatir la corrupción pasa por la adecuada dotación de medios humanos y materiales a aquellos que tienen la labor de perseguir a estos delincuentes. No se puede pretender que una instrucción de cientos de miles de folios -siempre sobre temas de elevada complejidad- sea llevada por jueces que carecen de los medios técnicos y humanos necesarios para poder avanzar en el desarrollo de las mismas.

Una tercera forma de atacar la corrupción sería la especialización de jueces en materia de lucha contra este tipo de delincuencia. No se trata de que se creen juzgados especiales o de que se atribuya de forma especial la jurisdicción a un determinado órgano, sino de la formación e implantación de jueces especializados, lo cual es un concepto totalmente distinto. Esos jueces especializados deberán estar distribuidos por los diversos partidos judiciales para que de forma directa puedan abordar los casos de corrupción que se generen en su demarcación judicial.

En definitiva, poco o nada se podrá avanzar en materia de lucha contra la corrupción si no asumimos ésta como otro más de los fenómenos de criminalidad organizada que afectan a nuestra sociedad. Es desde esa perspectiva como debemos abordar la adecuada utilización de medios y mecanismos legales que ya tenemos incorporados en nuestro ordenamiento jurídico.

Por otra parte, debe potenciarse la utilización de los mecanismos atenuadores de las penas para aquellas personas que de forma real y eficaz colaboren en el esclarecimiento de los hechos o en la imputación de los principales responsables. De esta forma -o de otra de índole económica- pueden ayudar a reparar o disminuir los efectos de sus propios delitos.

Si algo hemos aprendido de los delitos relacionados con la corrupción es que son de difícil detección, de compleja investigación y de casi imposible acreditación. Por tanto, la mejor forma de investigarlos pasa por contar con la colaboración eficaz de quien o quienes hayan participado de dichas tramas corruptas. Contar con el testimonio certero de quien ha participado en esos delitos puede transformarse en la mejor arma para combatir tramas corruptas que se amparan no solo en la complejidad de los casos, sino especialmente en el silencio de quienes han participado en la comisión de tales delitos.

Pero para conseguir que personas imputadas por delitos de corrupción colaboren eficazmente en el esclarecimiento de casos de estas características no basta con la existencia de una previsión legal. Se hace necesario que la misma sea adecuadamente comprendida y utilizada. Dicho en otros términos, la norma existe y lo que se requiere es que fiscales y acusaciones populares tengamos claro que es más beneficioso para luchar contra la corrupción atenuar o rebajar drásticamente algunas penas a algunas personas para poder llegar a un objetivo mucho más ambicioso: conseguir el completo esclarecimiento de los hechos y la determinación de todos aquellos que hayan participado o se hayan beneficiado del delito.

Son de sobra conocidos los múltiples casos de corrupción que se están investigando o comenzando a enjuiciarse. En todos ellos sería de gran utilidad contar con el testimonio veraz, sincero y detallado de algunos de los que han tomado parte en dichos delitos. Me refiero, especialmente, al de aquellos casos en que todos somos perfectamente conscientes de que quienes se sientan en el banquillo son los más débiles de la cadena de la corrupción. Ejemplos de casos como el de los papeles de Bárbenas, el Instituto Noos o la trama Gürtel, donde en el banquillo ni se sientan todos los que son ni quienes aparecen como principales responsables lo son.

Para que este tipo de colaboración eficaz y efectiva funcione en materia de corrupción, se hace necesario un entendimiento y acuerdo tácito tanto en el plano político como en el social.

De nada servirá llegar a un acuerdo de colaboración con la Justicia si la respuesta política a dichos acuerdos no es la adecuada. Será la altura de miras y la visión de futuro la que deba guiar el comportamiento de los políticos en estos casos, al menos de aquellos que no están involucrados en casos de corrupción.

Por parte de la sociedad civil, deberá entenderse que en todo proceso de estas características hay que hacer algunos sacrificios y que si se quiere pescar a los grandes corruptos se deberá ser generoso con aquellos que, sin ser inocentes, obtengan bajas condenas a cambio de un pleno esclarecimiento de los hechos en los que han participado.

La lucha contra la corrupción es compleja y está llena de trampas, recovecos y sacrificios. Pero reducir parte de la pena a imponer a aquellos que colaboren en el esclarecimiento de los hechos es mucho más rentable -si se me permite el término- que quedarnos con duras condenas para los últimos de la fila dejando a los primeros en la más ignominiosa de las impunidades.

Si realmente nos preocupa tanto la corrupción como refleja el barómetro del CIS, entonces nuestros esfuerzos y sacrificios habrán de centrarse en el esclarecimiento de los hechos y la persecución de los grandes corruptos y corruptores, aun cuando ello conlleve rebajas sustanciales de las penas para quienes han participado de la corrupción pero están dispuestos a reconducir sus conductas y reparar -aunque sea simbólicamente- el daño causado. Ninguna atenuante será mejor aplicada que las que apliquemos para limpiar España de la lacra de la corrupción.