No son errores, son delitos

Que los fiscales colombianos a cargo de las investigaciones sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985 nieguen que el Ejército colombiano desapareció personas forzadamente en torno a estos hechos es tan siniestro como negar el conflicto armado, no querer la paz o rehusarse a que Colombia merezca algo mejor que lo vivido en los últimos 50 años. Buscar la impunidad y desconocer la gravedad de lo acontecido es quizás el modelo del tratamiento que se quiere dar a las más de 80.000 personas desaparecidas en el país.  

Hace pocos días, el Ejército de Colombia dio a conocer que los altos mandos de esa institución acordaron presentar ante la sociedad colombiana y la Comisión de la Verdad parte del Sistema Integral de Justicia Transicional, una versión unificada como institución, sobre lo sucedido en los años pasados del conflicto armado. Una versión en la que, aunque suene increíble, se presentan como una de las víctimas de la guerra. ¡Sólo cometieron errores, pero nunca delitos!

Mucho parece que las declaraciones de los fiscales Sarmiento y Oróstegui, encargados de investigar los crímenes cometidos por las fuerzas armadas en el Palacio de Justicia, son parte de este plan coordinado. 

Los fiscales encargados del caso del Palacio de Justicia siguiendo el ejemplo del hasta hace poco fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez, implicado en los casos de corrupción de Odebrecht y ferviente opositor de la Jurisdicción Especial para la Paz, abandonaron la ética, el profesionalismo y la dignidad, al negar que durante la retoma del edificio, el ejército incurrió en el delito de desaparición forzada, para argumentar, como cualquier ciudadano del común que no conoce del caso, que lo que hubo fueron simples errores en la identificación o cuerpos mezclados. 

Sus declaraciones no sólo ignoran la jurisprudencia internacional ya firmemente pronunciada en este caso por la CtIDH, sino que desconocen las investigaciones realizadas hasta ahora (muchas o pocas) por la misma entidad a la que pertenecen, (valga anotar dejándola en ridículo) y contradicen las sentencias de dos instancias nacionales (el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado) que, entre 1993 y 1994, es decir, hace 26 años, reconocieron que hubo desapariciones en la retoma del Palacio de Justicia.

Y es que el paralelo entre las recientes actuaciones de la Fiscalía y del Ejército no es coincidencia. Son parte de un esfuerzo estratégico y engañoso por rescribir el pasado y, con esto, la memoria del país. Pero no se trata solamente de moldear su imagen ante la sociedad. La estrategia, clara y mediata, tiene también como finalidad replantear el contexto en el cual desarrollar su defensa ante dos tribunales: Los militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- y la Fiscalía, frente a la CtIDH en la audiencia de seguimiento a la sentencia pronunciada por los hechos del Palacio de Justicia, que se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia.‬ ‬‬

Sin embargo, descifrar el motivo subyacente de las insolentes declaraciones de la Fiscalía no las hace menos ofensivas. Es realmente lamentable que quienes podrían contribuir, y de hecho tienen como mandato investigar los hechos para que se esclarezca, se conozca, se rechace y juzgue a quienes cometen delitos y crímenes contra la sociedad civil, prefieran unirse a la parte que victimiza, ataca y niega hechos.

Es lamentable que, en lugar de unirse a los esfuerzos por crecer como sociedad, justa y en paz, opten por tomar el mismo camino que aquellos de la guerrilla de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia -FARC- que han decidido hoy regresar a las armas y mantenerse en la dinámica de la guerra.

Es lamentable que no sean parte del grupo de colombianos que quieren y reclaman su derecho a vivir en paz, a dejar de una vez por todas de ser vistos en el mundo entero como aquel país del “tercer mundo” donde se matan sin cesar unos a otros, donde la vida no vale nada, porque la dignidad se perdió hace mucho y donde la corrupción, la impunidad y la guerra no dejan de tener un rol predominante en la realidad del país.

Y también es deplorable que los medios de comunicación se presten para hacer eco de esta desviación que, aunque escandalosa por venir de la Fiscalía, no significa que no se hayan cometido crímenes de Estado como desaparición, tortura y ejecución, entre otras tantas.

Los medios que han reproducido esta noticia tienen el deber de aclararlo en vez de dinamizar la guerra, fomentando la mentira, la desinformación y la distorsión de la verdad.

Ya sé que muchos me volverán a decir que debo dejar de llorar, que debo superarlo, que sangro por la herida, que se alegran por sus coroneles y que son los hijueputas guerrilleros quienes deberían estar pagando y no los heroicos señores que entraron violentamente al Palacio de Justicia, según ellos a “salvar la democracia”.

Nadie ha desconocido que el accionar de la guerrilla es el origen de este macabro episodio en la historia de Colombia, que tienen plena responsabilidad, que fue un acto guerrero criminal y despiadado. Pero es intolerable seguir razonando como hacen muchos desde hace 30 años, que ellos, los guerrilleros, son los únicos culpables o, peor aún, que las verdaderas víctimas de este episodio son los generales del Ejército contra quienes se han iniciado procesos penales, mientras que algunos miembros de la cúpula guerrillera están sentados en el Congreso. 

El país se merece algo más que la repetición de este argumento frívolo, básico y simplista que obstaculiza su capacidad para crear una memoria histórica que le permita construir un presente digno y respetuoso entre todos. Esa argumentación para exculpar lo que hizo el Ejército, se agotó hace tiempo. Eso ya no va.

Primero que todo, no se puede seguir equiparando a un grupo de subversivos con el Ejército nacional, cuya razón de ser es la de proteger a sus ciudadanos. Segundo, no se puede negar que, aunque fue la guerrilla quien inició la toma del Palacio Justicia, fue el Ejército quien tuvo a los desaparecidos en su poder y custodia, tras lo cual no se volvió a saber de ellos. Tercero, hemos podido constatar que la incorporación del M-19 en la sociedad y, en particular, en su estamento político, fue lo que verdaderamente permitió la erradicación de ese grupo armado cuyos combatientes alcanzaron a rondar los 2.000 individuos.

Este no es un momento de celebraciones para Colombia. 

Sólo aquellos violentos, que aman la guerra, aquellos que piensan en sus propios intereses porque no son sus hijos los que van a la guerra, aquellos que se conforman con un país desbaratado porque no tienen capacidad para creer que todos merecemos algo mejor, o no quieren ceder a sus privilegios, son quienes hoy celebran el regreso de las FARC a las armas o las mentiras que imparte la Fiscalía. Porque prefieren 80 guerrilleros en el monte, que uno en el Congreso (como ya lo ha afirmado, Álvaro Uribe, jefe del partido de extrema derecha Centro Democrático), porque el egoísmo y el odio no les permite pensar en grande. Porque al final es sólo de valientes atreverse a más.

Pero la sociedad es más fuerte y lo he visto en la reacción y rechazo frente a las declaraciones mentirosas de fiscales con relación a las desapariciones forzadas del Palacio de Justicia, porque aún son más del 90% de exguerrilleros de las FARC desmovilizados, porque aún en medio de todas las dificultades que enfrenta el país, el acuerdo se sigue implementando, porque aún son muchas más las partes que junto con el apoyo de la comunidad internacional, quieren la paz para Colombia.

Colombia da la batalla entre quienes quieren a su país y quienes sólo quieren sus intereses mezquinos. El país seguirá defendiendo la paz y la justicia.