El Ministerio de Cultura ultima la ley del Teatro Real

El Ministerio de Cultura y Deporte ultima una ley propia para el Teatro Real, tal y como ha podido saber elDiario.es. Es una de las apuestas legislativas del ministro Miquel Iceta para la recta final de la legislatura, junto con la Ley del Cine y el tramo final del Estatuto del Artista. Finalmente, desde Cultura informan a este periódico que la reforma de la Ley de Patrimonio Histórico queda aparcada por “falta de tiempo”. En estos momentos, los responsables del Ministerio de Cultura redactan el texto que presentarán este jueves en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, paso previo para que llegue al Consejo de Ministros el próximo martes. Será entonces cuando Cultura tiene previsto anunciar la publicación de esta nueva norma, cuyo objetivo es conceder “mayor eficacia en la gestión de sus recursos” a la institución, tal y como informan fuentes del Ministerio a este periódico.

La redacción de un marco legal propio se ha acelerado en los últimos días. Fuentes de los ministerios de Cultura y Presidencia cuestionan, sin entrar en especificaciones, una ley como esta para un centro gestionado por una Fundación Pública que ya es autónomo. Aunque jurídicamente es una institución de carácter público, la creación de la norma otorgaría mayor independencia de la que ya disfruta. Si se cumplen los plazos, el martes se conocerá la letra pequeña de una iniciativa que parte del presidente del Patronato del Teatro Real, Gregorio Marañón. 

“Será una ley como la que ya tienen el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y la Biblioteca Nacional”, aclara el propio Gregorio Marañón a este diario. “En estos momentos el Teatro Real es tan autónomo como cualquier otra institución pública. Cuenta con una Comisión Ejecutiva en la que el Ministerio de Cultura tiene mayoría absoluta. Pero la ley nos permitirá ampliar nuestros márgenes de eficacia. Por ejemplo, todos los trabajadores del Teatro Real están sujetos a la legislación pública y cuando queremos contratar a un cantante nos resulta muy complicado. Así que la ley nos permitirá agilizar los trámites con la Administración Pública”, añade Marañón sobre este importante paso para la institución.

Desde 2008 Gregorio Marañón está al frente de la primera institución de las artes escénicas y musicales de España. En el año 2007 el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid se apartan de la presidencia y vicepresidencia del Patronato. Desde entonces el marqués de Marañón ha ostentado el cargo de presidente del Patronato, tras ser renovado en 2012 y 2018. A mediados de 2022 volvió a renovar su puesto por otras cinco temporadas más, con 80 años de edad y tras 15 al frente de la institución. 

Amplia autonomía 

Cuando se le entregó la autonomía al Teatro Real se renovaron los estatutos de la Fundación que gestiona los recursos. Ya entonces se comunicó que el objetivo del movimiento era ganar autonomía política para cumplir con mayor eficacia en la gestión de los intereses públicos. El Ministerio de Cultura aportó a los presupuestos del primer Teatro Real “independiente” más del 35% de los ingresos anuales. La Comunidad de Madrid, el 13,3%. Casi la mitad del presupuesto de 50 millones de euros fue aportación pública, aunque la balanza se ha ido inclinando hacia la aportación de ingresos privados. En el Comisión Ejecutiva se sientan representantes del Ministerio de Cultura, del INAEM y de la Comunidad de Madrid.

Las últimas cuentas publicadas por el Teatro Real son de 2020. En ellas se indica que la aportación de las administraciones públicas (Ministerio, Comunidad y Ayuntamiento) supuso el 26,5% del total 55,2 millones de euros ingresados por la institución aquel año. El 73,4% fueron ingresos propios (procedentes de la venta de entradas y abonos, el patrocinio y otros). En el arranque de la temporada 2022, los precios máximos de la entrada (632 euros) para ver Aida hicieron del coliseo madrileño uno de los más caros del mundo. La institución justifica los altos precios debido a las bajas subvenciones.

La última institución en tener un marco jurídico propio fue la Biblioteca Nacional de España (BNE). En 2015 el Congreso de los Diputados, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, aprobó la ley que le concedió al centro la independencia para gestionar sus recursos económicos a su medida. Se sumaba de esta manera a las otras dos instituciones culturales públicas con una norma reguladora propia, el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía. Estos marcos refuerzan la autonomía financiera de las instituciones frente a la Administración del Estado. La BNE recuperó con la ley el rango administrativo de dirección general y reforzó el papel del Patronato para la captación de recursos propios. 

Una gestión a su medida

Gregorio Marañón fue condecorado el pasado junio con la segunda mayor distinción civil española —tras el Collar de la Orden de Isabel la Católica—, a petición del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Dentro de los planes de Marañón se encuentra la expansión hacia otros centros. En 2018, los trabajadores del Teatro de la Zarzuela fueron a la huelga al conocerse los planes de fusión del centro con el Teatro Real, con la intención de recuperar el centro y constituir así la principal institución lírica de Europa. Los trabajadores se levantaron contra un plan que consideraron de “privatización encubierta” que Marañón había acordado con el entonces ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo (PP). Querían salvar de la desaparición el único teatro en el mundo dedicado a este género e impedir el “desmembramiento del INAEM”. La operación se detuvo con la llegada del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

La historia se repite con el centro cultural Daoiz y Velarde, que el Ayuntamiento de Madrid ha cedido al Teatro Real para establecer allí El Real Junior. Un proyecto que cuenta con la oposición de diversos grupos vecinales y sindicatos, que consideran que “no es cesión, es privatización”.

En el próximo año, el Teatro Real será el primer edificio BIC de consumo nulo de energía. Invertirá 4,5 millones de euros procedentes de los fondos europeos para descarbonizarse. Esto ha sido posible gracias, de nuevo, a la capacidad de influencia de Gregorio Marañón, que antepuso los intereses del Teatro Real a los del propio Ministerio de Cultura. La inversión de los fondos de la UE en el coliseo ha retrasado un año la intervención que Cultura tenía prevista para descarbonizar el Museo Reina Sofía y la Biblioteca Nacional de España, con un proyecto de más de 12 millones para transformar los edificios de ambas instituciones.