Siete claves para entender cómo se ha llegado a la intervención de la SGAE

Después de varias semanas de incertidumbre, el Ministerio de Cultura ha solicitado este lunes a la Audiencia Nacional la intervención de la SGAE. Es el punto y final para una guerra soterrada entre el ministerio y la entidad de gestión que comenzó hace casi dos años, pero que no se precipitó hasta el año pasado con el cambio de Gobierno.

La guerra en la propia SGAE entre diferentes facciones había comenzado también hace ya tiempo. Desde la operación SAGA, de 2011, hasta la denuncia que hizo el expresidente Antón Reixa en 2013 por el presunto fraude de la emisión de la música nocturna en las televisiones, conocido como la rueda.

Desde entonces ha habido tres juntas directivas: la de José Luis Acosta, que dimitió en 2016, José Miguel Fernández-Sastrón, hoy imputado por este caso, y la de José Ángel Hevia, elegido en las últimas elecciones de octubre. Todo se resume en un conflicto de intereses por el reparto de los ingresos y cómo funciona esta entidad, en la que aún no se permite el voto electrónico y dónde el sistema de votos es todavía ponderado.

Este es el relato de los hechos que ha llevado a la intervención y que ha dejado a la entidad en manos de un juez. El próximo paso, cuando el juez lo autorice, será la creación de una gestora.

¿En qué consiste la intervención?

Según ha comunicado Cultura, lo que se ha solicitado al juez es una intervención “parcial” para hacer cumplir los puntos que se le vienen requiriendo a la SGAE desde hace meses: aprobación de los estatutos, cambio del sistema de reparto e implementación del voto electrónico.

El ministerio ha solicitado a la Audiencia de manera cautelar el cese de los 35 socios que componen actualmente la Junta directiva y que estos sean sustituidos por una gestora interina formada por “expertos”.

Según ha explicado el ministro Guirao en una entrevista con la Cadena Ser, formarían parte de este órgano “el subsecretario del Ministerio de Cultura, una subdirectora general de Hacienda y un juez de lo mercantil en excedencia actualmente en un bufete privado de Madrid”.

Esta situación se extendería durante seis meses, prorrogables a otros seis.

Entre las primeras medidas que podrían llevar a cabo los miembros de esa comisión estaría el estudio pormenorizado de las cuentas de la entidad para hacer una “radiografía” lo más exacta posible de su situación económica.

También es objetivo de Cultura “regularizar el funcionamiento institucional de la entidad, clarificar su gestión e implantar cuantas medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales previstas en la normativa vigente en materia de propiedad intelectual”.

¿Cuándo comenzó el camino hacia la intervención?

El día clave que inicia el proceso de intervención de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) es el 20 de junio de 2017. Aquel día la policía Nacional entró en la sede de la entidad de derechos de autor y detuvo a 18 personas dentro de las investigaciones del caso de la rueda de las televisiones, que había sido denunciado por el expresidente Antón Reixa en 2013. Se producen también 16 registros y 20 requerimientos de información.

Aquel día, un grupo de artistas, entre los que se encuentran Patacho Recio y Amaro Ferreiro, entre otros, deciden que la única forma de “arreglar los problemas de la SGAE” y acabar con prácticas como el presunto fraude de la música nocturna “es con la intervención ministerial”, afirma Recio . Sin embargo, todavía dan un tiempo a la junta que entonces preside José Miguel Fernández-Sastrón.

En septiembre de aquel año, “ante la inoperancia de la junta”, empiezan las conversaciones con el ministerio de Cultura. Todavía se halla al frente Íñigo Méndez de Vigo, pero el ministerio no se mueve. No obstante, acaba de empezar el movimiento que desembocaría en la decisión tomada finalmente este lunes.

¿Por qué y cuándo se precipita todo?

Los artistas descontentos comienzan a comunicarse con el PSOE a inicios de 2018. Piden que exija en el Congreso la intervención de la entidad, pero el PP, con su mayoría parlamentaria desestima la petición

Todo comienza a cambiar a raíz de la moción de censura que le otorga el Gobierno al PSOE el 1 de junio. Los artistas piden reunirse con el nuevo ministro de Cultura, Màxim Huerta. Sin embargo, con su dimisión solo una semana después de ser elegido por Pedro Sánchez no permite avances. Hasta que unos días después llega José Guirao.

El 21 de junio de 2018, la SGAE celebra su asamblea anual. La junta de Sastrón recibe el golpe de gracia. Un 61% no aprueba su gestión. La oposición no está conforme con los estatutos ni con el sistema de reparto de los ingresos que, según ellos, sigue privilegiando a los autores cuya música se emite en horario nocturno. Los autores de los colegios Audiovisual y Gran Derecho (teatro) también se sienten damnificados y con menos voz dentro de la entidad. La guerra abierta dentro de la SGAE es total.

¿Cuál es el papel de las grandes discográficas?

Con esta situación, el 2 de julio las grandes discográficas dan su golpe de mano. Amenazan con retirar todo su catálogo de la SGAE porque, según aducen, están cansados de los fraudes e irregularidades de la rueda y de que no haya un pleno control de las cuentas. También por la relación -en proceso de investigación- de las televisiones (principalmente Atresmedia) con la SGAE y los contratos para la emisión de la música nocturna, con sospechas de fraude.

Según se estima, los ingresos por los derechos que mueven las discográficas suponen el 40% de lo que ingresa la SGAE (en 2017 fueron 246 millones de euros). Esta retirada del catálogo tendría que haberse hecho efectiva a partir de enero de 2019 pero no se ha llegado a producir.

¿En qué consistió el apercibimiento de Cultura?

En septiembre de 2018 el ministerio de Cultura apercibe a la SGAE y conmina a que se reformen los estatutos y el sistema de reparto y a que haya elecciones para elegir a una nueva junta directiva. También se pide que en estos comicios se pueda votar mediante voto electrónico. Para todo ello se da un margen de tres meses.

En ese tiempo se pone en marcha la campaña electoral y se anuncia la candidatura de Teddy Bautista, investigado en el caso SAGA por apropiación indebida en 2011. También se anuncia la imputación de Fernández Sastrón por el caso de la rueda.

Se movilizan varios grupos, entre ellos, los músicos que defienden la rueda, los artistas de audiovisuales y teatro, y los opositores que no ven con buenos ojos estas elecciones al no tener voto electrónico y que deciden llamar al boicot.

El 26 de octubre se producen las elecciones. Bautista queda fuera, pero entran en la junta directiva muchos músicos defensores de la rueda, cómo José Ángel Hevia, que poco después es elegido presidente, y Teo Cardalda, vicepresidente.

Mientras tanto también está en trámite parlamentario la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, con la que se pretende acabar con prácticas como la de la rueda.

¿Qué ocurrió en la última Asamblea?

Poco antes de esta Asamblea Extraordinaria requerida por Cultura se informa del posible conflicto de intereses de Hevia, que en la anterior Junta también estaba como representante de su editora, Busindre Producciones. Se sabe también que no se ha confirmado una comisión deontológica para dirimir este posible conflicto.

En la Asamblea, la propuesta de reforma de estatutos es aprobada por el 58% pero al necesitarse 2/3 no sale adelante. El ministerio pide toda la información de estas votaciones, ya que tampoco se aprueban los sistemas de reparto de diciembre. La SGAE pide tiempo.

Pero a la SGAE se le acaba. El ministerio presiona paralizando los anticipos de diciembre. Quiere controlar mejor las cuentas. Artistas como Almodóvar e Isabel Coixet también piden la intervención. Finalmente este lunes el ministerio ha solicitado la intervención del juez en la Audiencia Nacional para intervenir la entidad.

¿Y ahora qué?

Todo depende de cuándo el juez dé la autorización y se de paso a la creación de la gestora. Mientras la SGAE ha señalado en un comunicado que colaborará con las autoridades judiciales aunque también se defiende y denuncia que esta intervención “paralizará y debilitará a la entidad”.

Según esta nota de prensa la Junta Directiva elegida el pasado 28 de octubre ha trabajado para adaptar la entidad a la legalidad vigente. En este sentido, la SGAE afirma que hace dos semanas envió un escrito de alegaciones al Ministerio de Cultura en el que “manifestó un triple compromiso que afectaba a los Estatutos, al voto electrónico y al reparto de derechos de 2018”.

Con todo, la entidad “lamenta que el Ministerio no haya tenido en cuenta ese firme compromiso y haya optado por judicializar aún más una entidad ya suficientemente judicializada”, describen

Por otro lado, los artistas que han pedido durante casi dos años la intervención pretenden además que se reviertan los repartos de 2018, se redacten nuevos estatutos y se lleve a cabo una auditoría de la entidad, ya que se estima “que puede haber un agujero de 100 millones de euros”, según afirma Patacho Recio.

Su único temor es que las elecciones del 28 de abril obstaculicen este trámite, aunque confía en que saldrá adelante, “ya que todos los partidos están de acuerdo”. Este jueves se aprobará previsiblemente también la reforma de la ley de propiedad intelectual, que será un nuevo paso.