Eliminar las 1.300 viviendas proyectadas en Benimaclet costaría al Ayuntamiento al menos 20 millones de euros
“El conjunto de los aprovechamientos subjetivos reservados a favor de propietarios en el Sector Benimaclet ascendería a aproximadamente 40.740,80 metros cuadrados, para cuya valoración económica debería multiplicarse por el valor de repercusión del suelo sin urbanizar -dado que la urbanización se encuentran pendiente de ejecutar-, lo que a valores actuales de mercado en la ciudad de València arrojaría un coste económico para la administración cercano a los 20 millones de euros”.
Así reza el informe redactado el pasado mes de enero por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València al que ha tenido acceso eldiario.es, sobre la posibilidad de dejar sin efecto el Plan de Actuación Integrada (PAI) de Benimaclet.
El proyecto prevé la construcción de 1.345 viviendas de las que un 30% (403) serán de Protección Pública y un 10% (134) destinada a vivienda social para colectivos con más problemas de acceso, como personas mayores, jóvenes o familias con rentas bajas.
El plan generó rechazo entre los colectivos vecinales, pero también en el seno del equipo de Gobierno municipal. Así, Compromís abogaba por reducir las alturas de las torres y estudiar un descenso de la edificabilidad, mientras València en Comú pide que se contemple la reversión total del proyecto, algo a lo que se oponía el PSPV al considerar que supondría indemnizaciones de coste incalculable.
Por su parte, la asociación de vecinos de Benimaclet, consciente de la dificultad de dejar sin efecto los derechos urbanísticos de los propietarios del suelo y de que todo este proceso retrasaría años la ejecución de las dotaciones que incluye el PAI, solicita una reducción de la edificabilidad, con un tope de unas 1.000 viviendas.
En definitiva, piden el cumplimiento del proyecto 'Benimaclet és Futur' que entre otras cosas prevé incrementar las zonas verdes de 17.000 a 80.000 metros cuadrados y mantener los huertos urbanos.
Por su parte, la asociación Cuidem Benimaclet apoya la teoría de València en Comú, plataforma vinculada a Podemos, y exige la desclasificación del PAI y la eliminación de toda la edificabilidad para redactar un nuevo plan más sostenible.
Sin embargo, según el informe, existen dos conceptos respecto de los cuales se considera “muy alto el riesgo de ser estimada la obligación de indemnizar por responsabilidad patrimonial de la administración”.
El primero de ellos, responde a “los gastos derivados de la formulación de todo tipo de instrumentos urbanísticos -de programación, planeamiento y gestión- que hubieran resultado útiles para el desarrollo del sector, y que devengan inútiles como consecuencia de su desclasificación”.
El segundo se refiere “al aprovechamiento subjetivo que fue objeto de reserva a favor de sus propietarios, con motivo de la cesión gratuita a la administración de los correspondientes suelos dotacionales públicos para permitir su ejecución anticipada, como sucedió en el caso de los terrenos dotacionales cedidos para la ejecución de los huertos urbanos y de la Ronda Norte, que en su conjunto ascienden a más de 40.000 metros cudrados”.
Por este motivo, el Ayuntamiento decidirá próximamente si inicia negociaciones con los propietarios de los terrenos para tratar de reducir la edificabilidad
