Camps supo el primer año que la Fórmula 1 en Valencia era un fracaso, y la sostuvo cinco ediciones con dinero público

“La situación era excepcional, y por eso la Generalitat Valenciana le estaba pidiendo ayuda de esta forma también excepcional”. La descripción procede del informe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la polícia nacional sobre “el proceso de negociación, contratación, desarrollo, y desenlace de la celebración del Gran Premio de Fórmula Uno en Valencia (2006-2014)” entregado este mismo mes de mayo al Juzgado de Instrucción Número 2 de Valencia, que investiga dos piezas en las que está imputado el expresidente valenciano Francisco Camps (la tercera, declarada secreta, la instruye el juzgado número 17 y la Fiscalía Anticorrupción tiene abierta una cuarta).

Estamos a 9 de junio de 2009 y Belén Reyero, directiva de eventos de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana que hace de representante de Camps y mantiene siempre informado al vicepresidente Vicente Rambla, dirige en inglés una comunicación a Bernie Ecclestone, patrón de la Fórmula 1, en relación con el Gran Premio de Europa, que había celebrado su primera edición en Valencia un año antes. “Este año la venta de entradas no está aumentado (8.000 entradas vendidas hasta hoy). También hemos reducido las gradas a 50.000 plazas”, señala Reyero a Ecclestone en un correo electrónico cuyo objetivo es renegociar el acuerdo con Formula One Administration para que la Generalitat Valenciana, a través de la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, se haga cargo de pagar el canon anual de la carrera y se convierta en “copromotora” de la prueba junto a la empresa privada Valmor Sports.

A esta última empresa creada ex professo, cuyos socios eran Fernando Roig, Jorge Martínez Aspar y Bancaja (posteriormente se incorporaría al accionariado Vicente Cotino) le había adjudicado Ecclestone, tras llegar a un acuerdo con Francisco Camps, la organización del Gran Premio en el circuito urbano de Valencia, pese a que en realidad se hacía cargo de organizar materialmente la prueba desde el principio otra sociedad pública, Circuito del Motor y Promoción Deportiva, que gestiona el circuito de motociclismo de Cheste.

Como denunciaron los diputados socialistas y de Esquerra Unida que llevaron el asunto a la Fiscalía en abril de 2014, Valmor funcionaba, pues, como una pantalla o una tapadera para simular que era la iniciativa privada la responsable del evento.

Su papel, consistente en pagar el canon anual e ingresar por la venta de entradas y derechos, dejó, ya el primer año, a Valmor Sports en una situación económica inviable (“Las pérdidas del Gran Premio han sido enormes y el gobierno regional les ha prometido ayudarles”, informaba Reyero a Ecclestone en un correo). El canon, similar al que pagaba Barhein por otra prueba del circuito de Fórmula 1 y aproximadamente la mitad del que se pagaba en Cataluña por la prueba en el circuito de Montmeló, era una losa imposible de sostener por Valmor Sports pese a la financiación que recibía de Bancaja y de la propia Admistración autonómica, que había pagado previamente la construcción del circuito urbano de Valencia.

La escasa venta de entradas, pese a que se endosaron paquetes de cientos y de miles de tiquets a empresas y entidades (el informe habla de compras masivas de entradas en la primera edición de hasta 5,8 millones), apenas cubría la sexta parte del coste anual de la prueba (más de 40 millones de euros en 2011). El canon, pese a su renegociación en 2009, fue subiendo de 17,2 millones de euros en 2008 (24 millones de dólares) a 27,6 millones de euros (36 millones de dólares) en 2012.

“El gobierno siente que en esta situación tiene que anunciar que va a pagar el canon y necesitará razones de peso para los ciudadanos”, se quejaba Reyero al reclamar facilidades por parte de Ecclestone en junio de 2009 para renegociar las condiciones siempre asesorada por el habitual despacho de Broseta Abogados. La Generalitat Valenciana, en efecto, pasó a pagar el canon, pero ni lo hizo público ni ofreció razones a los ciudadanos. Camps supo, por tanto, desde la primera edición en 2008 que la Fórmula 1 en Valencia era un fracaso. Pese a ello, no solo la mantuvo, sino que ordenó que la Generalitat asumiera todos los costes.  Y con la intención de que se siguiera celebrando hasta 2019 prorrogó el contrato en el que fue su último acto como presidente.

Prórroga 'in extremis'

La víspera de su dimisión el 20 de julio de 2011, cuando estaba a punto de sentarse en el banquillo por el caso de los trajes, Camps se fue a Londres a dar luz verde a la prórroga y la transformación de la Generalitat en avalista y garante de todo el contrato. Esa decisión sirvió de excusa a la compra de Valmor por el Consell presidido por su sucesor, Alberto Fabra, a finales de ese mismo año. Se alegó para justificar esa compra, cuya consecuencia fue asumir más de 34 millones de euros en deudas, que el coste de rescindir el contrato, dada la penalización prevista, sería demasiado oneroso, pero la de 2012 fue la última edición del Gran Premio en Valencia.

“Incluso con una situación económica mejor y una ventas excelentes sería difícil reducir las pérdidas por debajo de 25 millones al año”, calculaba en 2012 el director de Circuito del Motor y Promoción Deportiva, Gonzalo Gobert, según recoge el informe de la UDEF. El hecho es que, en plena crisis económica y con la Generalitat Valenciana dependiente de las inyecciones extraordinarias del Gobierno central,  tuvo que ser el Ministerio de Hacienda el que pagara el último canon de la prueba.

El coste de la “neutralidad económica”

Con ello y la compra de Valmor, que la consellera Lola Johnson, imputada con Camps, llevó al pleno del Consell en diciembre de 20011, se culminaba la aplicación de una “cláusula de neutralidad económica” formulada en uno de los primeros borradores de contrato para la Fórmula 1 elaborados por el despacho de Broseta Abogados. La cláusula debería garantizar la “inexistencia de pérdidas ocasionadas directamente por las actuaciones contempladas” para la celebración u organización del evento. Esa inexistencia de pérdidas, como es obvio, se garantizó para la parte privada a costa del erario público.

Belén Reyero declaró este martes como imputada en el juzgado para asegurar que actuó siguiendo órdenes de Camps. Todas las decisiones se adoptaban según las instrucciones del expresidente valenciano, como consecuencia de sus conversaciones previas con Ecclestone. Las pruebas revelan que la carrera automovilística fue una ruina  desde el primer momento. Cuando se celebró la última edición, en 2012, hubo pérdidas de 32 millones de euros y solo se instalaron gradas para 24.284 espectadores. El actual Gobierno de la Generalitat calcula que los valencianos se dejaron en la aventura de Camps más de 300 millones de euros.